Este posicionamiento reafirma aún más el rechazo de numerosas instituciones vinculadas a la salud mental hacia las categorías diagnósticas del DSM-V. Tal es el caso de la Asociación Americana de Psicología, cuya postura ha sido apoyada por más de 50 organizaciones.

El plan de privatizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid no garantiza el empleo del 60% de los casi 5.200 trabajadores que componen la plantilla de los seis hospitales y sus centros de especialidades asociados cuya gestión va a quedar en manos privadas.

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria.

Exigimos al gobierno regional del PP que explique a los madrileños si existe o no la libre elección y, en todo caso, que se respete la decisión de los pacientes de Móstoles que habían elegido ser atendidos en el hospital público.

Exigimos a la CAM que facture a Capio lo que a Capio le corresponde pagar, y no permita que dinero público vaya sin control alguno y sin contraprestación sanitaria a manos de los accionistas de una empresa privada.

El documento aborda en primer lugar algunas medidas básicas para garantizar la supervivencia de un sistema de salud universal, gratuito, de calidad, y con participación real de la población en su gestión (tanto a nivel estatal como de la Comunidad de Madrid). Posteriormente se realiza un análisis del propio conflicto sanitario en Madrid, abordando los antecedentes, las causas, el mensaje que se ha dado –y el que no-, las propuestas hechas en las negociaciones, etc…
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