El argumento de la crisis y la necesidad de cumplir con los criterios de déficit de la Unión Europea está siendo utilizado por el Gobierno para afirmar que el sistema sanitario público es insostenible y que es necesario introducir recortes y privatizaciones.

Por primera vez los pensionistas empezarán a pagar parte de sus medicinas y a la gran mayoría de los ciudadanos también les tocará pagar más, según la nueva reforma sanitaria que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Pero el nuevo baremo de copago sanitario no es la medida de la que se sacará el mayor ajuste para alcanzar la cifra prometida de 7.200 millones de euros de ahorro.

Entendemos que la defensa de la libertad de expresión y de los derechos de ciudadanía, pasa ahora, más que nunca, por la defensa decidida, abierta y valiente de la salud que quieren transformar en mercancía, y de la sanidad, que se está convirtiendo en su botín.

La adherencia al tratamiento disminuye conforme lo hace el nivel de renta, es decir, dejan de tomar la medicación aquellos pacientes con menos recursos económicos (incluidos los que tienen mayor riesgo cardiovascular).

AI pide a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que no se tome ninguna medida en la reforma sanitaria hasta que se asegure que se cumplen con las obligaciones contraídas por el Estado español al ratificar en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las medidas serán aprobadas en el Consejo de Ministros por decreto. Los no pensionistas tendrán que abonar el 50% de los medicamentos. Estudiarán imponer la tarjeta sanitaria única para toda España. Plantean medidas para controlar el llamado 'turismo sanitario'.