Los médicos y el personal hospitalario, pero también los médicos de la Seguridad Social, empiezan a parar los planes del gobierno sobre el Organismo Único para Prestación de Servicios Sanitarios (EOPYY): reducción de camas y restricciones presupuestarias.

El Gobierno catalán planea el mayor vuelco en la gestión de la sanidad pública dado hasta la fecha por cualquier Administración pública. Con la premisa de que el modelo actual se ha quedado obsoleto, el Ejecutivo de CiU estudia trocear el Instituto Catalán de la Salud (ICS)...

Alertan de que la tasa de reposición del 10%, que implica que de cada 10 plazas vacantes solo se cubra una, tendrá a largo plazo fatales consecuencias para la sanidad pública. En 2014, avisan, la plantilla estará tan mermada que "la prestación del servicio público será inviable".

Muchos griegos han perdido el acceso a la atención médica que brindan los planes laborales y sociales, y el aumento de la pobreza significa que cada vez serán más los que dejen de atenderse en el sector privado y recurran a los hospitales públicos.

Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Sanidad anunció ayer la primera gran medida de recorte de gastos del departamento. La consejería que dirige Luis Rosado ha cerrado "de forma coyuntural" 262 camas hospitalarias -el equivalente a un hospital mediano, como los centros de La Plana, Xàtiva o La Vila Joiosa-