“Entre enero y febrero se hicieron 319 derivaciones”, dijo. Al no computar como espera a aquellos que no admitan ser operados en centros concertados el número de pacientes que esperan oficialmente crece menos. Aún así, esta región cerró el año pasado con su máximo histórico.

El apartheid sanitario diseñado por Sanidad con el Real Decreto Ley 16/2012 empieza a cobrarse víctimas mortales. Los políticos intentan salvar la cara hablando de errores médicos mientras los efectos sobre la salud pública de la exclusión sanitaria se hacen evidentes.

Acuden ambas derivadas del sistema público a la mencionada clínica y le informan que, ya que aportan una derivación del Servicio Madrileño de Salud, pueden realizarse además una densitometría “porque es necesario a sus años” por tan solo 15 euros, tanto la paciente como su acompañante.

Afirman que son necesarios para evitar la bancarrota del sistema, pero lo que buscan es convertir la salud en un negocio privado. La decisión de negar asistencia médica en los centros públicos a los que no tengan tarjeta sanitaria carece de sentido: lo que se ahorra por ahí no cuadra las cuentas ni asegura la viabilidad del sistema.

Las cuentas de resultados de las clínicas privadas dependen en gran medida de las pruebas diagnósticas y de las operaciones quirúrgicas que les derivan los servicios regionales de salud. Siete de cada diez tienen algún tipo de concierto con la Administración.

Es uno de los asuntos que expliqué el domingo pasado en Hervás, en el Centro Clamena, en mi conferencia sobre medicamentos. El precio de los fármacos tiene que ver con su coste de producción pero este no es el que nos explican algunas industrias productoras.