Canarias es una de las comunidades donde más crece el negocio de la sanidad privada. En los primeros presupuestos de Roldós y Soria, en el año 2008, las clínicas concertadas pasaron de recibir 180 millones en 2007 a ingresar 214 millones, un 23 % más.

A los planteamientos neoliberales que marcan la política privatizadora del Gobierno regional, hay que sumar un componente de fundamentalismo religioso y ultraconservador que está precisamente en contradicción con los planteamientos del liberalismo económico.

En el preámbulo de la tan debatida ley de área única y libertad de elección puede leerse una evidente declaración de intenciones e ideario político de la "derecha española" (representada por el Partido Popular, recordemos que con mayoría absoluta y legitimidad democrática en la Comunidad de Madrid):

La crítica de los PFI intenta recordar que las relaciones que se establecen entre el sector privado y el público tienen un riesgo muy elevado, sobre todo en lo que se refiere a la accesibilidad y a la equidad de los servicios públicos.

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Cada vez leo más cartas de ciudadanos que son víctimas del mal funcionamiento de los servicios sanitarios. Pasa en toda España, pero especialmente en lugares como Madrid o Valencia, donde avanza la privatización.
¿Es legítimo que empresas privadas obtengan beneficios con nuestra salud? Yo se la haría a Esperanza Aguirre en cada rueda de prensa. Aunque me temo que respondería con su desparpajo habitual.

Me entero, casi a la vez, de que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid va a pone en marcha un call center, por el que pagará 10 millones de euros anuales durante 4 años, y de que las bajas de los trabajadores de la sanidad madrileña solo serán suplidas a partir de los 15 días.