La gestión de centros públicos por parte de empresas privadas generó ya unos ingresos de 805 millones de euros en 2012, impulsada por la política de privatización aplicada en los últimos años en algunas comunidades autónomas; esta cifra es un 12,6% superior a la de 2011.

El pasado 1 de septiembre una ley cambió la vida de miles de personas que viven en España. La entrada en vigor de la Reforma Sanitaria dejó a los inmigrantes irregulares sin atención médica y a otros muchos con la incertidumbre de no saber a qué servicios tienen derecho.

Nueva huelga general sanitaria en Madrid ante las medidas privatizadoras del Gobierno regional. Otros gobiernos autonómicos calcan la cesión a empresas privadas, los recortes de plantillas y la supresión de servicios.

A la opinión pública han salido las cifras de más de 830.000 personas que han perdido la TSI y el derecho a la asistencia sanitaria, de la desaparición de las personas afectadas en los servicios sanitarios públicos, de casos de inatención o mala atención.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la muerte de un inmigrante no regularizado debida presuntamente a una deficiente atención derivada de su situación irregular, tiene que señalar:

Con el miedo en el cuerpo, Soledad fue a dos centros de salud, uno de especialidades, dos veces a un hospital e incluso buscó un médico privado. El relato del marido muestra a dos personas angustiadas, sin rumbo y con total desconocimiento de sus derechos. El miedo a ser rechazados tuvo mucho que ver.