El pleno del Tribunal Constitucional atiende a los argumentos del Gobierno Vasco que argumentaba que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y en la prevención enfermedades contagiosas.

Considera que excluir a un colectivo de la asistencia puede afectar a la salud pública. Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco pero mantiene el copago.

El ahorro, por muy legítimo que sea en tiempos de crisis, no puede prevalecer sobre el interés general. Los poderes públicos deben asegurar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud garantizado en la Constitución.

Los frecuentes exabruptos del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha tienen mucho que ver con enmascarar una realidad mas grave, las listas de espera en nuestra región.

Abel Novoa, médico de familia en Alguazas (Murcia), lo tuvo muy claro desde el principio: no cumpliría la reforma sanitaria del Gobierno, que implica negar la asistencia normalizada a los inmigrantes sin papeles.