Un grupo de médicos de Madrid ha difundido un escrito en el que, entre otros aspectos, se critica a los gestores de la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid por haber decidido adoptar recortes en recursos humanos para hacer frente a las consecuencias de la política privatizadora puesta en marcha.

En los últimos años han sido muchas las críticas a la política sanitaria del Gobierno Regional de Madrid desde distintos colectivos: partidos de oposición, sindicatos, asociaciones de vecinos y también profesionales. Nada de ello ha impedido que el gobierno de Esperanza Aguirre haya desarrollado su preconcebido plan de desmantelamiento progresivo del sistema sanitario público, a través de una privatización extensa y programada de la asistencia sanitaria en el marco de una reconversión que ha derivado ingentes cantidades de dinero público al sector privado.

A la primera oleada de construcción de siete hospitales bajo la figura de concesión de obra pública (una empresa privada construye y mantiene el centro durante 30 años, por lo que recibe un canon anual y la asistencia sanitaria la siguen prestando profesionales de la administración pública), se unió la adjudicación del hospital de Valdemoro mediante concesión administrativa (la empresa privada construye, mantiene y asimismo presta la asistencia sanitaria, es decir médicos y enfermeros/as no son profesionales del sector público). Para cumplir su promesa electoral, en la actual legislatura ya se ha adjudicado otro hospital por igual procedimiento que en Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz, y otros tres lo serán igualmente (Carabanchel, Móstoles y Villalba ). Es decir se privatiza la provisión de servicios.

Negativo para la calidad asistencial

Se denunció repetidamente desde diferentes tribunas que el camino adoptado era nocivo para la calidad asistencial del sistema y generaba unos costes que llevarían a una situación financiera insostenible; por desgracia, ambas cosas se están produciendo. Los nuevos hospitales, al contar sólo con servicios básicos, no han resuelto muchas necesidades que las poblaciones asignadas tienen: son escasas sus dotaciones en recursos humanos, las quejas de los usuarios aumentan y las demoras astronómicas en algunas especialidades se enmascaran con el cierre de agendas de citaciones.

La enorme hipoteca que supone el pago anual a cada uno de los nuevos hospitales ha llevado a números rojos las finanzas de la Consejería de Sanidad y a no poder cumplir promesas realizadas. Los nuevos Centros de Salud prometidos no podrán construirse, a pesar de que la Consejería intentará alguna artimaña para poder realizar alguno, como financiar con recursos del plan Prisma, plan E e, incluso, iniciar algo que no se atrevió a hacer hasta ahora, como es recurrir también en Atención Primaria a las concesiones a entidades privadas.

Respecto a los hospitales tradicionales, se van a ralentizar, cuando no paralizar, los Planes Directores ya en marcha (Hospital Clínico, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Móstoles) y no se van a cubrir necesidades imperiosas en los restantes centros.

Recortes en Recursos Humanos

La situación financiera insostenible, ya lo era antes de la llegada de la crisis, se ha visto agravada por ésta y se ha producido a consecuencia de una gestión ineficiente, despilfarradora y suicida cara a la sostenibilidad futura del sistema sanitario. En estos días, acuciado el Gobierno Regional por el estado de sus finanzas, está iniciando una nueva vuelta de tuerca en su gestión sanitaria: el capitulo de inversiones se reducirá un 25% y, por primera vez, se aborda un recorte en el capitulo de personal. Desde la D.G de Recursos Humanos se va a acometer una reconversión laboral en los centros sanitarios públicos, con reducción significativa de efectivos a pesar de la carencia en personal existente tanto en Atención Primaria como en Especializada; ese es el verdadero objetivo del llamado Plan de Reordenación de Recursos Humanos. Es evidente que esos recortes ponen en peligro la calidad de las prestaciones. Asimismo se pretende empeorar las condiciones de trabajo afectando incluso a conceptos retributivos. De manera unilateral la Administración Sanitaria incumple Acuerdos que ella ha suscrito: ni paga los niveles reconocidos de Carrera Profesional ni reconoce los solicitados a pesar de cumplir todos los requisitos. (Conviene recordar que la Consejería vendió la instauración de la Carrera Profesional como un ejemplo de reconocimiento y motivación para el personal sanitario). Asimismo se retrasa el pago de la productividad variable de 2009 sin dar ninguna explicación. Con la llegada del Área Única (medida disparatada que generará aún más caos) se lanza el globo sonda de la movilidad en todo el territorio de la Comunidad y como colofón se publica una Resolución que dificulta la prolongación en el servicio activo de los facultativos que llegan a los 65 años, permitiendo la arbitrariedad en la concesión de la misma, aunque fue anulada días después, probablemente para evitar lo hiciesen los Tribunales de Justicia al atender las numerosas demandas que iban a presentarse.

Medidas incomprensibles

Si tenemos en cuenta que los profesionales y el conjunto de trabajadores sanitarios están prestando unos servicios de calidad razonable, a pesar de las carencias existentes, no se entiende bien estas medidas que la Consejería ha puesto en marcha y cabría preguntarse :

- ¿Acaso pretende la Consejería hacer inevitable una huelga en el sector?

- ¿Quiere la Consejería que un mayor número de profesionales abandonen la sanidad pública camino de la privada como ya está ocurriendo?

Somos conscientes de la necesidad de acometer reformas estructurales en el sistema sanitario para conseguir una mayor eficiencia; es necesario modificar la organización de nuestros hospitales para una más eficaz utilización de todos sus recursos; hay que potenciar y mejorar la Atención Primaria; todo ello es imprescindible para la sostenibilidad futura del sistema y hay que hacerlo fomentando la participación real de los profesionales y la ciudadanía a través de sus representantes, con el necesario consenso político y bajo la premisa de poner en valor el carácter público de nuestro sistema de salud. En nuestra opinión no es esto lo que está llevando a cabo el Gobierno Regional.

Cada vez somos más los profesionales y ciudadanos que percibimos el deterioro que el sistema de salud madrileño está sufriendo, a pesar del despliegue propagandístico de la Consejería; el futuro del sistema sanitario público es contemplado por nosotros con enorme preocupación y pedimos se cambie la política sanitaria seguida hasta ahora.

Corregir errores, facilitar el debate, establecer consensos con las diferentes fuerzas políticas y propiciar la participación de profesionales y trabajadores creemos que son signos de altura de miras en los responsables políticos; esperamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid reflexione y facilite el retorno a una mayor racionalidad. La historia brillante de nuestra Sanidad Pública se lo merece

Carlos Barra Galán, Médico Especialista en Gerencia de Áreas de Salud; Gustavo Pérez Espejo, Jefe de Servicio de Anatomía Patológica Hospital 12 Octubre; Luis Cortés Lambea, Jefe de Servicio de Anatomía Patológica Hospital de Móstoles; Carmen San José Pérez, Médico Atención Primaria; Ana Franco Lovaco, Especialista en Bioquímica y Análisis Clínicos Hospital de Majadahonda; y una relación de firmantes que adjuntamos.

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