La tasa que, en palabras del propio conseller de Sanidad, Luis Rosado, es "de sentido común", destaca, sin embargo, por ser la primera de toda una serie de medidas que se avecinan en la nueva política valenciana denominada de "corresponsabilidad en la financiación", según ha anunciado esta misma semana el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

"El ciudadano ha de ser corresponsable" y hay que "hacerle partícipe de la preservación de los intereses de la Generalitat". El conseller Luís Rosado se valía ayer de los mismos eufemismos que sus compañeros de gobierno para poner sobre la mesa la posibilidad de establecer determinadas tasas en materia sanitaria. Lo hacía durante una visita al Hospital Marina Baixa, en La Vila Joiosa, donde reconoció a los medios de comunicación que el debate del copago, aunque rechazó de pleno esa palabra, está vivo también en la Comunidad Valenciana.

"No habrá copago pero sí se podría aplicar alguna tasa" en materia sanitaria, destacó el conseller. El establecimiento de esas tasas en determinados servicios públicos dependientes de la Conselleria de Sanidad "es algo que se está debatiendo en esta Comunidad", según reconoció Rosado, "siempre que no afecte a la atención sanitaria" e "intentando que todas las medidas se basen en el sentido común", indicó.

La primera "tasa" que "no copago", según quiso puntualizar en todo momento el conseller, llega en el plano burocrático: el ciudadano pagará a partir de ahora por los duplicados de la tarjeta sanitaria, en caso de "pérdida, rotura o robo sin denuncia", según matizaron ayer desde el Consell en un comunicado.

Pero no se descarta que puedan producirse más medidas de contribución económica a la Sanidad pública, ya que "todavía no hay nada cerrado". Rosado emplazó a mañana jueves, cuando tendrá lugar la primera reunión del año del gobierno valenciano, en la que está previsto que se firme el ajuste de mil millones de euros anunciado por Fabra. Será en esa reunión cuando se podrá concretar un poco más de dónde van a ajustarse esos millones y a qué servicios públicos se va a aplicar esa "corresponsabilidad en la financiación".

De momento, la Conselleria de Sanidad ha sido la primera tocada. La medida que obliga por primera vez al ciudadano a colaborar en el pago de las tarjetas sanitarias entró en vigor el pasado 1 de enero.

Es momento de "eliminar lo superfluo" y de que el gasto sanitario quede "restringido a lo necesario", según destacó el responsable de Sanidad. Con estos argumentos, el Consell lanza esta primera tasa, que prevé ahorrar más de 900.000 euros anuales, los que se gasta Sanidad en emitir duplicados de tarjetas SIP cada año.

El objetivo es "frenar este gasto evitable, fomentar un uso correcto" de las tarjetas y "concienciar sobre la necesidad de presentar" el documento SIP para la realización de cualquier trámite.

No es la única Comunidad que ha aprobado una tasa de estas características. En Baleares y en Galicia, los usuarios deberán pagar por sus tarjetas sanitarias un coste de 10 euros. En el caso de Galicia, además, se ha limitado el acceso a las mismas a empadronados de más de seis meses, para evitar el turismo sanitario; en Baleares, el pago de la tarjeta será obligatorio incluso cuando haya que renovarla obligatoriamente.

En la Comunidad Valenciana, no se exigirá el pago de esos 3 euros a "titulares de tarjeta solidaria o sin recursos", como tampoco a "altas nuevas (un recién nacido o una tarjeta que se emite por primera vez)", a aquellos que pasen de activos a pensionistas, o a pacientes que cambien de departamento de salud.