Sin embargo, nuestro sistema es de los más baratos de la Unión Europea (nuestro gasto sanitario público por persona de 2.049 frente a 2.870 dólares per cápita de la UE,en poder paritario de compra), mientras que nuestra presión fiscal es de las más bajas (34% del PIB frente a 44%), con un nivel de fraude que alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de euros).

Por otro lado el crecimiento del gasto sanitario tiene poco que ver con la demanda sanitaria de la población y está directamente relacionado con la organización, funcionamiento y orientación del sistema; con la falta de planificación; con la descoordinación entre hospitales y atención primaria; con el abuso de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas (un 23% más alto que la media europa) y de la prescripción farmacológica; con la parasitación del sector público por el privado; y con el abandono de la atención primaria, la promoción y la prevención de la salud.

Tras los importantes recortes presupuestarios de los tres últimos años introducíos por el gobierno central y las CCAA el Gobierno anuncia una nueva reducción del gasto sanitario de 7.000 millones de euros a concretar en el Consejo Interterritorial del próximo día 18 de abril con los consejeros de los servicios de salud autonómicos.

Entre las medidas que se están aplicando o adelantado, a modo de globos sondas, por los responsables del algunas CCAA ministeriales de economía y sanidad están:
• Copago: Farmacéutico (pago de una cantidad fija por cada receta; acabar con la gratuidad de las recetas de los pensionistas; incrementar la aportación según nivel de renta), por consultas y pruebas diagnósticas
• Recorte de la cartera servicios
• Promoción seguros complementarios con desgravaciones fiscales
• Colaboración Público Privada para construir y gestionar las nuevas infraestructuras
• Externalizacion servicios sanitarios (radiología, laboratorios; servicios clínicos..) y no sanitarios (administración, centrales de llamadas, alimentación, limpieza, higiene, informáticas, evaluación tecnológica, planificación, centrales de compras, etc.)
• Eliminar fondos de cohesión interterritorial
• Cierre de servicios sanitarios: Hospitales y plantas, urgencias, centros de de salud
• Eliminar la actividad asistencial de los hospitales por la tarde
• Reducción de plantillas y de gastos de personal: Jubilaciones obligatorias a los 65 años sin reposición de las vacantes, despido y reducción horario personal interino, precarización contratos, reducción salarial, laboralización, etc.

La gran mayoría de estas medidas atentan contra los pilares fundamentales de nuestro sistema sanitario como son la universalidad, la accesibilidad, la equidad, el carácter redistributivo, la calidad y la eficiencia, y tendrán graves consecuencias para la mayoría de la población que recibirá una atención de menor calidad, vera dificultado el acceso a la asistencia que será diferente según su nivel de renta, pagará más por menos y deberá procurarse seguros complementarios para ser atendido por los problemas de salud excluidos del sistema público.

Nuestro sistema sanitario público, que goza de un merecido prestigio internacional, ha sido el resultado de los esfuerzos de muchas generaciones de ciudadanos y profesionales y no puede ser derrumbado por la ideología neoliberal de los responsables políticos que nos gobiernan (en España y la UE) ni por la codicia de las multinacionales y fondos de inversión que buscan apoderarse del mismo para hacer negocio.

Frente a la política de recortes y privatizaciones es posible otra basada en la mejora de la eficiencia y el uso racional de los recursos para mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria y los niveles de salud de los ciudadanos:

Ahorro en medicamentos innecesarios 1.300 millones de euros
Prescripción por principio activo (aprobada) 2.400 millones de euros
Adecuada utilización de tecnologías sanitarias 950 millones de euros
Disminución 25% frecuentación consultas hospitalarias 1.100 millones de euros
Disminución 10% urgencias hospitalarias 650 millones de euros
Disminución efectos adversos durante la hospitalización 975 millones de euros
Disminución hospitalización innecesaria 5.750 millones de euros
Ahorro total 13.125 millones de euros

Advertimos a los responsables políticos y sanitarios del Gobierno y de las comunidades autónomas que no vamos a tolerar que el Consejo Interterritorial adopte decisiones o medidas que deterioren o privaticen nuestro sistema sanitario que tiene el apoyo de la gran mayoría de la población.

Desde la FADSP hacemos un llamamiento a las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública y a las organizaciones, sociales, vecinales, de usuarios de la sanidad, profesionales, sindicales y políticas que las integran, para dar una respuesta contundente y coordinada , a nivel central y autonómico, a las medidas de deterioro de nuestro sistema sanitario público que se adopten por el Gobierno Central y las CCAA

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
18 de Abril de 2012