El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, advirtió ayer, tras un encuentro con Emakunde, Inmigración y organizaciones que trabajan con los sectores afectados por los recortes sanitarios, de que “otra cosa es que sea una tarjeta válida fuera de Osakidetza”.

Pero no solo este colectivo quedará al margen de la asistencia sanitaria pública en las comunidades que apliquen el Real Decreto Ley que ayer se convalidó en el Congreso. Fernández señaló que, si Euskadi hubiese aceptado ponerlos en marcha, 13.500 jóvenes mayores de 26 años que no han accedido a su primer empleo, 800 divorciadas y 3.500 discapacitados en esta situación tampoco podrían acceder a estos servicios básicos. El viceconsejero señaló que los inmigrantes acuden al médico 6,4 veces al año frente a las 11,1 de los españoles y que consumen 96,5 euros en fármacos frente a los 446 euros de los autóctonos.

Fernández leyó un manifiesto en el que el Ejecutivo se ratificaba el compromiso por la atención de estos colectivos. Por su parte, el presidente de Osalde, la asociación para el derecho a la salud, Juan Luis Uria, explicó que han convocado a los colectivos de profesionales para pedirles que ejerzan la “objeción ética” y atiendan a las personas que quedan fuera del aseguramiento.