El ‘informe Crespo’: un negocio de 2,4 millones para médicos y concejales
en El País

- La auditoría no publicada por la Sindicatura de Cuentas destapaba irregularidades que causaron grandes pérdidas a los hospitales de Blanes y Calella
- El 23% de las retribuciones pagadas por el exalcalde de lloret "no estaban justificadas"
- CMSM gastó cientos de miles de euros sin "acreditar las compras o servicios" recibidos
- Un edil de CiU y otro del PSC, entre los mayores beneficiados por los pagos

El informe Crespo, la auditoría a la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM) que la Sindicatura de Cuentas archivó en 2006, no solo puso de manifiesto cobros irregulares del exalcalde de Lloret y actual diputado de CiU, Xavier Crespo. Las 70 páginas del documento, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, destapaban también un negocio de 2,4 millones de euros hecho a costa del dinero público de la Corporación de Salud de la Selva y el Maresme que benefició durante cinco años a médicos, gestores y dos ediles.

El negocio se nutría de los tratamientos a los extranjeros en la Costa Brava. Lo habitual en estos casos es atender los casos leves en consultorios médicos privados y derivar los urgentes a los hospitales de la zona, en este caso los dos públicos que gestiona la corporación en Blanes y Calella. Consultorios y hospitales pasan luego la factura a los propios turistas o a sus seguros médicos. A partir de 2000, la corporación —legalmente no tendría este nombre hasta un año más tarde— se embarcó en este negocio e integró seis de estos consultorios, previo acuerdo con sus dueños, en su empresa filial: CMSM. Dos de ellos, de Crespo, estaban en Lloret, y los demás en Malgrat de Mar, Blanes, Santa Susanna y Pineda de Mar.

La facturación obtenida ascendió ya a 585.353 euros el primer año. En 2001, eran 1,4 millones. Y en 2002, 1,97. En todo el periodo investigado por la Sindicatura de Cuentas —de abril de 2000 a septiembre de 2005—, CMSM ingresó 8,84 millones de euros, según las hojas de contabilidad.

Y sin embargo, el proyecto fue ruinoso para la corporación. Su filial no solo perdía dinero —356.352 euros entre 2000 y 2005—, sino que la red de seis consultorios se comió 2,4 millones de euros que deberían haber llegado al organismo público. Una paradoja salvo para quien conozca muy bien las claves del negocio.

Y es que los buenos ingresos no están en las consultas médicas básicas de los consultorios, cuyas tarifas se han visto contenidas por la presión de las aseguradoras y la competencia. El negocio está en la gestión del cobro de los tratamientos hospitalarios, cuyas tarifas son mucho más elevadas.

Entre 2000 y 2005, CMSM ingresó por los turistas que derivó desde sus consultorios a los hospitales un total de 5,44 millones de euros, el 61,5% de la facturación total. La empresa facturaba a los pacientes o sus seguros médicos y luego pagaba parte de ese dinero a los hospitales de Blanes y Calella quedándose con un margen enorme: el 46,75%. CMSM también derivó a algunos pacientes al hospital de Palamós, sin relación con la corporación. En este caso, el margen aplicado era inferior.

La intermediación entre aseguradoras y los hospitales aportó a CMSM un margen de 2,4 millones de euros. Era un dinero que podría haber ido a los hospitales de Calella y Blanes, cuyas instalaciones y cuyos trabajadores habían hecho el trabajo, pero la dirección de la corporación decidió que se hiciera de esta forma, aun a costa de perder 2,4 millones de ingresos en favor de su filial. La clave, sin embargo, no era tanto qué empresa facturaba —al fin y al cabo, una era la matriz y la otra su filial—, sino que todo el dinero que entraba en CMSM se esfumaba por las cuantiosas pérdidas que acumulaban los consultorios por los elevados sueldos fuera de convenio, pagos irregulares y gastos personales de los profesionales. En total, los auditores de la sindicatura señalaron como irregulares gastos por más de 1,3 millones.

Los auditores de la Sindicatura bucearon en nóminas, hojas de contabilidad, facturas y todo tipo de documentos de la corporación y su filial CMSM. La conclusión es que, al entrar en el negocio de los consultorios para turistas, la corporación no solo se metió en un terreno en el que poco tenía que ganar, sino que le supuso ceder buena parte de sus ingresos a los médicos que llevaban esos consultorios. “Los ingresos netos obtenidos de la gestión económica realizada por cuenta de los hospitales servían para financiar el resto de las actividades”, expone la auditoría.

Xavier Crespo, gerente de CMSM desde su fundación, fue el hombre que puso en marcha CMSM en 2000. Hasta entonces, compaginaba su trabajo en la corporación con el negocio privado de los consultorios. Ese año, el presidente y el gerente de la corporación eran Robert Pujol y Pere Vallribera, respectivamente. Pujol es familiar de Guadalupe Oliva Pujol, esposa de Crespo, también médico y, con su marido, una de los profesionales que se beneficiaron de las irregularidades cometidas en CMSM (209.000 euros entre los dos). Vallribera había sido puesto en el cargo por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), organismo público al que la corporación había subcontratado la gestión de sus hospitales.

El actual diputado de CiU ocuparía el cargo hasta llegar a la alcaldía de Lloret, en julio de 2003. Los auditores destacan que “la mayoría del personal fue contratado por el señor Crespo” y que este era el encargado de gestionar los pagos y manejar la caja.

En CMSM imperó desde el primer momento un exceso en el gasto, según la auditoría. En los tres años en los que Crespo fue gerente, la empresa gastó 1,02 millones de euros en sueldos. Al analizar estas remuneraciones, los auditores descubrieron todo tipo de irregularidades: se abonaron mensualidades sin cotizar a la Seguridad Social, pagas extras y dietas indebidas, y generosos complementos salariales no previstos —ni en los contratos de trabajo ni en el convenio laboral aplicable, el de la red hospitalaria concertada—; también advirtieron falta de control en el pago de guardias y servicios médicos. En total, el informe concluye que el 23,58% de las “retribuciones al personal no estaban justificadas”.

No fue el único capítulo donde la salida de dinero de CMSM fue generosa. Durante la gerencia de Crespo, la empresa también pagó 312.347 euros a médicos externos, sin que exista la “documentación en base a la cual se calcularon los honorarios profesionales”.

La empresa también pagó en esos tres años 191.180 euros en “gastos sin disponer de facturas o documentación que acredite las compras o servicios recibidos”. Los auditores siguieron el rastro del dinero y encontraron vagos apuntes contables que indicaban más pagos a personal, algunos en negro (130.912 euros), “comisiones” (25.861 euros) o viajes y restaurantes (14.071 euros).

La corporación vivió importantes cambios en el año 2003. Crespo fue nombrado alcalde de Lloret y su salida de CMSM fue cubierta por Carme Aragonès, actual concejal del PSC en Pineda de Mar. Pere Vallribera también salió de la corporación, donde fue sutituido por la actual gerente, Núria Constans. La gestión de CMSM, sin embargo, no varió en los sustancial, según la auditoría de la Sindicatura.

Entre el 1 de julio de 2003 y el 31 de mayo de 2005, los pagos indebidos —sin cotizar, por complementos fuera de la normativa...— alcanzaron el 19,48% del total. Médicos externos percibieron un total de 347.411 euros sin que “CMSM disponga de la documentación que acredite cómo se calcularon estos honorarios”. Los demás gastos no justificados —pagos supuestamente en dinero negro, comisiones...— ascendieron a 142.830 euros. La auditoría insiste en varios puntos en que todos estos pagos fueron autorizados directamente por los gerentes de la corporación en esos cinco años, Pere Vallribera y Núria Constans.

Además de Crespo y su esposa, los auditores señalan que las otras dos personas más beneficiadas por pagos irregulares fueron la propia Carme Aragonès y el médico Xavier Rius Moya, entonces segundo teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Santa Susanna. Según los auditores de la Sindicatura, Aragonès se otorgó un sobresueldo por “gastos de representación” de 601 euros netos mensuales y Rius percibió pagos indebidos fuera de convenio y de lo establecido en su contrato laboral por un total de 31.449 euros.

Aragonès declaró ayer que su cargo como consejera delegada en CMSM era “simbólico”, que ella era una “figura de paja” y que “no gestionaba el día a día”. Aragonès asegura que “nunca firmó nada”, a pesar de que el informe de la Sindicatura recalca que era ella quien manejaba las “variaciones mensuales de las nóminas”, contrataba al personal y firmaba los cheques bancarios de algunas remuneraciones. Rius, por su parte, afirma que todo lo que cobró fue en nómina y legal. La Corporación de Salud del Maresme y la Selva declinó opinar sobre la auditoría. “Para nosotros es un tema cerrado”, declaró un portavoz.

La fecha del 31 de mayo de 2005 marcó un antes y un después en la corta y convulsa historia de CMSM. En una sola jornada, las personas que habían dirigido la empresa desaparecen de la escena. Xavier Crespo deja de presentar facturas por honorarios. Su esposa, Guadalupe Oliva, pide la baja voluntaria, lo mismo que la consejera delegada, Carme Aragonès. Al mismo tiempo, la empresa decide desprenderse de los consultorios médicos y los profesionales que tantas pérdidas le habían ocasionado. Había llegado la hora de liquidar la empresa.

La fecha en la que esto ocurre coincide con el informe de la Intervención de la Generalitat que destapa las primeras irregularidades y que pone en marcha la investigación de la Sindicatura. Vistos los documentos, da la impresión de que alguien ha ordenado poner fin a la aventura. Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil muestran al año siguiente una milagrosa recuperación de CMSM. Tras soltar lastre, la empresa —que ya acumulaba unas pérdidas de más de 450.000 euros— da la vuelta a la situación y en un solo ejercicio sanea sus cuentas. La corporación disuelve la compañía poco después.

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Crespo compró a la sanidad pública dos consultorios por la mitad de su valor
en El País

- La auditoría archivada por la Sindicatura de Cuentas destapaba que directivos de los hospitales de Blanes y Calella compraron equipamientos médicos muy por debajo de su valor
- El diputado de CiU y una concejal del PSC, los principales beneficiarios
- La Corporación de Salud del Maresme y la Selva perdió 277.000 euros con las operaciones

Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), la aventura en la que se embarcó la Corporación de Salud del Maresme y la Selva en el negocio de la atención sanitaria a turistas, fue ruinosa hasta el final. Ruinosa para los hospitales públicos de Calella y Blanes. Xavier Crespo —diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar— y Carme Aragonès —actual edil del PSC en Pineda de Mar y sucesora de Crespo al frente de CMSM— obtuvieron, en cambio, pingües beneficios con la liquidación de la empresa pública. La corporación vendió a precio de saldo en 2005 a Crespo y Aragonès —que habían sido el gerente y la consejera delegada de CMSM— cuatro de los seis consultorios médicos de su filial a pesar de que había recibido ofertas mucho más interesantes económicamente. El primero, por ejemplo, se hizo con dos de ellos por 77.586 euros; los auditores de la sindicatura calcularon que valían 154.117.

En un proceso plagado de irregularidades, según los auditores, la operación se cerró con unos acuerdos que supusieron unas pérdidas de 277.000 euros para la corporación. Este es el epílogo de la auditoría hecha por los técnicos de la Sindicatura de Cuentas que este organismo, que fiscaliza las cuentas de las Administraciones catalanas, decidió no hacer pública en 2006 a pesar de que destapaba gastos irregulares por 1,3 millones que beneficiaban a médicos, concejales y gestores. La auditoría también ponía de manifiesto que CMSM causó unas pérdidas de ingresos de 2,4 millones a la corporación.

La dirección de este organismo explicó a los auditores que a finales de 2003 empezó “una prospección de mercado” para estudiar la venta de CMSM, creada en 2000 con la integración de seis consultorios, entre ellos dos de Crespo y su esposa, Guadalupe Oliva, en Lloret. La venta de los consultorios se produjo en 2005.

Fue Núria Constans, actual gerente de la corporación y exadministradora de CMSM, quien dirigió el desmantelamiento. La corporación había integrado los consultorios mediante contratos de arrendamiento a cambio de equipar los centros médicos y contratar a los profesionales vinculados a estos. En el caso de Crespo y su esposa, además, CMSM acordó pagarles 79.000 euros por la compra de la cartera de clientes, una operación considerada irregular por los auditores de la Sindicatura.

La corporación tuvo la oportunidad de vender CMSM por unos importes elevados. En la junta general de la empresa, en 2004, se presentaron dos ofertas. La primera, de una sociedad que ofreció 600.000 euros por la adquisición íntegra de CMSM. La oferta reservaba parte de las acciones al matrimonio Crespo y a los gestores del consultorio situado en Malgrat de Mar, entre ellos Xavier Rius Moya, entonces concejal de Santa Susanna y médico en CMSM. La segunda oferta la presenta alguien de la casa: Carme Aragonès, entonces consejera delegada de CMSM, ofrece 705.000 euros por la totalidad del negocio.

Las ofertas toparon con el rechazo de Crespo y su esposa, que en 2000 habían percibido 77.000 euros por su cartera de clientes en la fundación de CMSM y más de 200.000 euros de forma irregular en los cinco años de existencia de la empresa, según descubrieron los auditores de la sindicatura. Crespo quiso, en cambio, recuperar el control de sus antiguos consultorios de Lloret, lo mismo que los gestores del centro médico de Malgrat de Mar. La corporación cedió y pidió nuevas ofertas.

Estas fueron a la baja. En medio del proceso negociador, en diciembre de 2004, Crespo y su esposa crearon una empresa —Llomecen— que utilizaron para recomprar sus consultorios a la corporación. En esas fechas, Oliva todavía trabajaba como médico en la empresa y Crespo —alcalde de Lloret desde julio de 2003— seguía percibiendo un sueldo opaco de la corporación de unos 3.000 euros al mes. Crespo y Oliva ofrecieron 90.000 euros por los dos consultorios de Lloret, que habían sido equipados con dinero de la corporación.

Carme Aragonès volvió a entrar en la puja, esta vez con la intención de comprar el lucrativo negocio de “intermediación” entre las aseguradoras de los turistas y los hospitales de Blanes y Calella. Aragonès, que seguía al frente de CMSM, ofreció 360.000 euros por asumir la “gestión económica y asistencial a turistas”. La tercera oferta —los auditores no lograron saber quién la presentó— ofrece la misma cantidad por la gestión económica y añade la compra del centro médico en Pineda de Mar.

Los auditores de la sindicatura destacan en varios puntos las irregularidades cometidas en CMSM en el proceso de venta. Pese a tratarse de una empresa pública, su venta se organizó entre los mismos gestores de la compañía y sin publicidad. Cuando los auditores reclamaron los documentos de las ofertas, la empresa no los pudo presentar. Alegó que se habían recibido por correo electrónico y que los correos se habían borrado.

El desmantelamiento de CMSM se concretó en junio de 2005, cuando Crespo y su esposa recompraron sus antiguos consultorios a la corporación por 77.586 euros. Carme Aragonès se hizo con el centro médico de Pineda de Mar y el consultorio de Santa Susanna por 43.103 euros. La decisión de vender al matrimonio Crespo se tomó en un Consejo de Administración del mes de abril. “El acta de la sesión no incluye como anexo ninguna de las ofertas. En la transcripción solo se hace referencia a la oferta de Llomecen, de forma que el acta no permite tener constancia de si las ofertas estudiadas son las facilitadas a la sindicatura”, expone la auditoría. Sobre la oferta de Aragonès “no hay constancia escrita”, destacan los auditores.

La corporación cedió gratis el consultorio de Malgrat de Mar a la empresa Creu Blava, SCP, tal como se había establecido en el contrato de absorción del centro firmado en 2000. En este caso, CMSM pagó una indemnización de 5.250 euros a Xavier Rius Moya, uno de los tres gestores del consultorio y concejal de CiU en Santa Susanna, a pesar de que esa indemnización no constaba en ningún contrato.

A pesar de que la corporación se había propuesto vender CMSM para “liquidar las deudas” contraídas, la operación volvió a resultar una ruina. El examen contable de los auditores de la sindicatura revela que el organismo público perdió 277.685 euros por las decisiones de la corporación dirigidas por Núria Constans, en buena parte por los equipos médicos comprados con dinero público que Crespo y Aragonès se quedaron por mucho menos de su valor.

De esas pérdidas, 200.763 euros provienen de la venta de dos de los centros a Carme Aragonès, quien pagó 43.103 euros, cuando el valor neto de ambos centros, calculado por los auditores, superaba los 243.867.

Xavier Crespo, entonces alcalde de Lloret, pagó 77.586 euros por lo que valía 154.117, según la sindicatura. En septiembre de 2005 a CMSM solo le quedaba el consultorio de Blanes. La empresa inició su disolución poco después.

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Crespo cobró un sueldo opaco de la sanidad pública mientras era alcalde
en El País

- La Sindicatura de Cuentas halló pagos indebidos al diputado de CiU y su esposa por 209.000 euros
- El organismo no hizo pública la auditoría, que alertaba de graves irregularidades
- El ex primer regidor dio información falsa al pleno de Lloret para justificar los cobros

Xavier Crespo, diputado de CiU en el Parlament, percibió un sueldo opaco de hasta 3.000 euros mensuales de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva mientras era alcalde de Lloret de Mar, pese a que su cargo —por el que percibía un salario superior a los 50.000 euros anuales— le impedía percibir otros ingresos. Esta es una de las conclusiones de la auditoría de Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), filial de la Corporación, que la Sindicatura de Cuentas elaboró en 2006 y nunca hizo pública, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Este sobresueldo, por el que en total ingresó 52.775 euros hasta 2005, es solo una parte de los 209.000 euros que Crespo y su esposa, Guadalupe Oliva Pujol —también médico—, habrían percibido de forma irregular desde la Corporación, organismo público que gestiona los hospitales de Calella y Blanes. Entre estos ingresos, los auditores detallan el cobro de complementos indebidos, el cargo de gastos personales a la empresa y un caso en el que Crespo se quedó con más de 4.000 euros que un cliente había pagado a CMSM.

El pleno de la Sindicatura, organismo que controla las finanzas de las Administraciones catalanas, encargó la auditoría en 2005 después de que la Intervención de la Generalitat alertara sobre irregularidades en CMSM. Un año más tarde, sin embargo, la mayoría del pleno —formada por los síndicos de PSC, CiU, ERC y PP— optó por no remitir al Parlament el informe, hecho por los auditores de la Sindicatura y dirigido por Agustí Colom, síndico nombrado a propuesta de ICV.

El pleno decidió enviar al Tribunal de Cuentas solo los indicios de irregularidades detectados por la Intervención. Sin tener acceso al informe que detallaba el cúmulo de pagos opacos, sobresueldos y demás irregularidades —que beneficiaban también a otros médicos y gestores de la Corporación— encontrados por la auditoría, el Tribunal de Cuentas archivó el caso en 2010.

Xavier Crespo, traumatólogo, dejó su puesto a jornada completa en el hospital de Blanes en el año 2000 para integrarse en CMSM, empresa pública recién creada por la Corporación para entrar en el negocio de la atención sanitaria a extranjeros. Desde el principio asumió el cargo de gerente, se encargó de ordenar los pagos al personal y manejar la caja, según el informe de la Sindicatura. Su relación formal con la empresa duró 40 meses, de abril de 2000 a julio de 2003, momento en el que deja este trabajo para ocupar la alcaldía de Lloret.

La ruptura fue solo aparente. Los documentos internos —hojas de contabilidad, facturas, movimientos de caja, cheques...— a los que los auditores tuvieron acceso revelan que tras llegar a la alcaldía, Crespo percibió 2.263 euros brutos (1.800 netos, sin el IRPF) al mes por “honorarios médicos”. Entre abril de 2004 y mayo de 2005, además, el diputado de CiU percibió otros 826 euros al mes a cuenta de una deuda que CMSM había contraído con él al comprarle —también de forma irregular, según el informe— la cartera de clientes que Crespo y su esposa tenían en su consultorio privado.

La primera factura, fechada el 24 de mayo de 2004 y de 19.058 euros (IRPF incluido), le abonó con carácter retroactivo nueve meses pendientes. La segunda factura, fechada una semana más tarde, vuelve a pagarle con carácter retroactivo dos meses y, además, añade el sobresueldo pendiente de la compra de su cartera de pacientes. A partir de aquí, Crespo irá emitiendo mes a mes facturas por un total de 3.089 euros, que incluían 1.800 euros netos, el IRPF y los pagos por la cartera de pacientes, que la auditoría denomina “fondo de comercio”. El último de esos pagos, realizado el 7 de junio de 2005 —después de que se conocieran las primeras noticias de irregularidades en CMSM— como remuneración por los dos meses anteriores, se realiza mediante cheque bancario y sin emitir factura alguna.

En el pleno municipal de Lloret de agosto de 2005 —extraordinario, tras conocerse las irregularidades detectadas por la Intervención— Crespo justificó los cobros asegurando que CMSM era una “empresa privada” creada por “10 socios que pusieron 50.000 pesetas cada uno”. En realidad, era una empresa 100% propiedad de la Corporación, ente público creado en 2001 por los centros sanitarios de la zona, que hasta entonces trabajaban bajo una sola gestión.

El alcalde aseguró que los cobros eran deudas pendientes por un “pacto empresarial anterior”, en referencia a la compra de su cartera de clientes, y acabó asegurando: “A partir de 2003 solo trabajo en un lugar, solamente tengo un sueldo, el del Ayuntamiento”.

La contabilidad de CMSM revela que el pago de la deuda por el fondo de comercio ascendía a 826 euros. El resto —2.263 brutos, 1.800 netos— eran el sueldo opaco que le pagaba la Corporación. Crespo giraba las facturas por “honorarios médicos”.

El diputado de CiU aseguró ayer que hasta 2006 no supo que CMSC era una empresa pública. “Hasta entonces pensé que era privada a todos los efectos”, afirmó. Sobre los cobros desde la Corporación mientras era alcalde, defendió que eran por sus “honorarios médicos”. “Es cierto que hasta 2005 no tuve la autorización para compatibilizar mi cargo público con la medicina. Fue un tema administrativo”, defendió.Crespo asegura que "este caso ya ha sido estudiado por el Tribunal de Cuentas, que ha fallado a mi favor".

Las 70 páginas del informe nunca hecho público por la Sindicatura también ponen de manifiesto otras irregularidades y cobros fuera de la normativa por parte del matrimonio Crespo. Entre ellos hay complementos salariales no incluidos en el convenio ni en sus contratos laborales. Crespo, por ejemplo, cobró en los tres años y cuatro meses que fue gerente de CMSM un total de 66.241 euros en concepto de “complemento de responsabilidad”. Los auditores destacan que en el contrato laboral, este complemento ascendía a 8.927 euros anuales, por lo que Crespo habría recibido 37.988 euros más de lo estipulado. La empresa también pagó a Crespo y Oliva un complemento —denominado complemento A— que no figuraba en el convenio aplicable ni en el contrato. “Este complemento no se pagó a todo el personal”, recalca el informe. Crespo cobró por este concepto 2.515 euros y Oliva, 4.175.

La mujer de Crespo recibió también 3.301 euros por pagas extraordinarias de 2000 que no le correspondían, detalla la auditoría. Ese mismo año cobró irregularmente, sin cotizar a la Seguridad Social, el importe equivalente a los dos meses de trabajo anteriores a que fuera contratada por CMSM. La empresa también cubrió gastos, que los auditores consideran privados, del matrimonio, como el pago de la cuota del Colegio de Médicos, de la Agrupación de Ciencias Médicas de Girona y del Club de Hockey de Lloret. En total, estas facturas asumidas por CMSM ascienden a 7.424 euros.

Los auditores también destacan como irregular la condonación de una deuda de 7.952 euros que el matrimonio mantenía con la empresa. De ellos, 4.217 corresponden a servicios prestados por CMSM a Sanitas, que esta empresa había pagado a Crespo y que este nunca ingresó en CMSM. Otros 1.656 euros son por un reintegro hecho por Crespo y que este no justificó.

El informe de los auditores de la Sindicatura destaca que todos los pagos irregulares fueron autorizados por los administradores de CMSM, cargo que recaía sobre el gerente de la Corporación. Entre 2000 y 2003, el puesto lo ocupaba Pere Vallribera, actual gerente del Consorcio Sanitario de Terrassa. A mediados de ese año, Vallribera fue sustituido por Núria Constans, quien aún gestiona la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, organismo que recibe unos 100 millones de euros anuales del Departamento de Salud. La sustituta de Crespo en la dirección de CMSM, esta vez con el cargo de consejera delegada, fue Carme Aragonès, actual concejal de Bienestar Social por el PSC en Pineda de Mar.

En los tres años que estuvo vigente el contrato de Xavier Crespo —entre abril de 2000 y julio de 2003— y los cinco años que Guadalupe Oliva trabajó para CMSM —de junio de 2000 a mayo de 2005— el matrimonio ingresó de forma que la auditoría considera plenamente legal 335.000 euros.

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Una conjura para tapar a Xavier Crespo
en El País

- El Tribunal de Cuentas exculpó al diputado de CiU sin conocer las graves irregularidades
- CiU presionó a la sindicatura cuando investigaba los hechos
- El Departamento de Salud ayudó a la defensa frente a los magistrados

El caso Crespo estaba condenado a ser enterrado desde antes que se conocieran en toda su amplitud las graves irregularidades cometidas en la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), filial de la corporación que gestiona los hospitales de Blanes y Calella. Con las primeras investigaciones apenas iniciadas, en 2005, las partes implicadas empezaron actuar de forma que lograron evitar que Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar y diputado de CiU, asumiera responsabilidades por unos hechos que causaron pérdidas millonarias a la Corporación de Salud del Maresme y la Selva —2,4 millones en ingresos y 277.000 euros en patrimonio— y supusieron el uso irregular de al menos 1,3 millones de fondos públicos, según la investigación de los auditores de la Sindicatura de Cuentas.

Los grandes beneficiados de las irregularidades fueron un grupo de médicos, gestores y concejales. Entre ellos el propio Crespo, gerente de CMSM durante 40 meses, y su esposa, Guadalupe Oliva Pujol, también médico. El matrimonio recibió en cinco años pagos irregulares por 209.000 euros, según los auditores; también Carme Aragonès, concejal del PSC en Pineda de Mar y consejera delegada durante dos años; Xavier Rius Moya, médico y concejal de CiU en Santa Susanna, y el resto de gestores y médicos que formaron parte del CMSM.

Todas las irregularidades constan detalladas en un informe de 70 páginas, resumen del trabajo de los auditores tras bucear en nóminas, hojas de contabilidad, facturas, cuentas bancarias y demás documentación de CMSM. La empresa, nacida como instrumento para entrar en el negocio de la atención médica a turistas, acabó siendo liquidada tras malvender sus consultorios a quienes habían sido sus directivos.

El informe no vio nunca la luz. CiU, la propia corporación, el Ayuntamiento de Lloret y el Departamento de Salud del tripartito actuaron de forma que los sucesivos órganos de control a los que llegó el caso lo archivaran. La Sindicatura de Cuentas lo hizo en 2006 pese a los graves hechos conocidos por sus auditores; el Tribunal de Cuentas, en 2010, sin que llegara a tener noticia alguna de ellos. Ayuntamiento de Lloret, corporación y Generalitat actuaron ante él en favor de los intereses de Xavier Crespo.

El catedrático de Derecho Penal Joan Queralt, tras un primer análisis de la auditoría que ayer publicó la edición digital de EL PAÍS, considera que pueden desprenderse “al menos” los delitos de malversación de fondos públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y delitos societarios.

Jordi Turull, diputado de CiU, fue el ariete que efectuó las primeras maniobras sobre el caso Crespo a finales de 2005, con la auditoría aún en marcha. Turull, tras conocer que la Intervención de la Generalitat había detectado las primeras irregularidades en CMSM, que estas habían sido remitidas a la Sindicatura de Cuentas y que este organismo había puesto en marcha la auditoría, se reunió con el interventor general, Josep Maria Portabella, para “conocer al detalle el informe” de la Intervención. Poco después, en diciembre de 2005, presentó en el Parlament una batería de preguntas al síndico mayor, entonces Joan Colom. Inquirió por qué se estaba investigando a CMSM, el alcance de la investigación, los nombres de los síndicos que habían votado a favor de encargar la auditoría, si la sindicatura se había “extralimitado” y, en caso afirmativo, “de quién era la responsabilidad”.

Fue tal la agresividad de las preguntas de Turull que Joan Colom tuvo que defender el papel de la sindicatura. Turull se ha manifestado en los últimos días con contundencia para defender a Crespo y atacar a ICV, que había pedido que se hiciera pública la auditoría publicada ayer por este diario. La pasada semana aseguró que era partidario de que el documento se hiciera público, pero para que ICV pidiera “perdón” a Crespo. Turull declinó ayer hablar con este diario.

Nueve meses después de las preguntas de Turull, el pleno de la sindicatura estudió el proyecto de informe, dirigido por Agustí Colom, síndico encargado del área sanitaria. El pleno podía aprobarlo, remitirlo al Parlament y “ponerlo en conocimiento de los órganos competentes” para aclarar las irregularidades detectadas. No lo hizo.

Los síndicos nombrados a propuesta de CiU, el PSC, ERC y el PP rechazaron el trabajo de Colom, que fue propuesto por ICV, y votaron enterrar la auditoría. Las deliberaciones son secretas, pero en los últimos días ha trascendido que el resto de los síndicos cuestionaron la “calidad” del informe.

Joan Boada, diputado de ICV, criticó ayer la injerencia de CiU en el caso. En su opinión, Turull utilizó las preguntas para “presionar” a la sindicatura mientras la investigación estaba en marcha. “Esa presión obtuvo resultados, ya que todos los síndicos menos el de ICV votaron a favor de archivar el caso”, dijo Boada, pese a que había pruebas de que Crespo había cometido “graves irregularidades”.

La decisión del pleno fue remitir al Tribunal de Cuentas solo las primeras irregularidades halladas por la Intervención. Cuatro años después, el 4 de abril de 2010, se dictó una sentencia que revela que de lo único que tuvo noticia el tribunal fue de la posible incompatibilidad en la que supuestamente había incurrido Crespo al cobrar del Ayuntamiento 3.000 euros mensuales mientras era alcalde y percibía por ello más de 50.000 euros anuales.

En la tramitación de la causa, el único que tuvo intención de examinar las responsabilidades de Crespo fue el fiscal. Las partes supuestamente perjudicadas —la corporación, el Ayuntamiento de Lloret y el Departamento de Salud, dirigido entonces por la socialista Marina Geli— declinaron pedir responsabilidades a Crespo e incluso actuaron en su favor.

Después de que el fiscal presentase una demanda por entender que podía existir “responsabilidad contable” por su doble remuneración, el tribunal instó a las partes a que compareciesen, pero solo lo hizo el Ayuntamiento de Lloret para pedir el archivo de la causa. No prosperó porque el fiscal insistió en ello. El Departamento de Salud, que cuenta con representantes en el consejo rector de la corporación, se abstuvo de personarse.

Según la sentencia, el tribunal puso las actuaciones a disposición de la Generalitat “para que interpusiese, en su caso, la oportuna demanda”. Pero Salud, que financia con alrededor de 100 millones de euros al año a la corporación, no solo se apartó del procedimiento, sino que proporcionó al alcalde de Lloret un informe de control financiero en el que se afirmaba que la dedicación de Crespo a sus actividades como médico no superaba las 15 horas mensuales. Esto ayudó a la abogada de Crespo a afirmar que la dedicación del alcalde de Lloret a la medicina había sido “marginal”. La exconsejera Marina Geli tampoco quiso ayer hacer declaraciones a este diario.

El tribunal no pudo analizar si Crespo recibió remuneraciones indebidas, porque debía limitarse a atender las “pretensiones de las partes”. Y el fiscal se limitó a solicitar que Crespo devolviese los 76.000 euros que cobró del Ayuntamiento entre octubre de 2003 y marzo de 2005 siendo alcalde. Al final acabó exculpado.

El ahora diputado Xavier Crespo y Jordi Turull han insistido en los últimos días en este archivo asegurando que es cosa juzgada, igual que el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, y Marina Geli y Joaquim Nadal, ambos diputados del PSC por Girona, como Crespo. Pero el Tribunal de Cuentas nunca conoció las graves irregularidades cometidas en CMSM. Nadie se las comunicó.

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La Generalitat rechaza investigar los negocios del diputado de CiU
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- El portavoz del Gobierno catalán asegura que desconocía el 'informe Crespo'
- La oposición reclama el acceso la auditoría de la Sindicatura de Cuentas

Ni los sobresueldos opacos del exalcalde de Lloret y diputado de CiU Xavier Crespo, ni las presuntas irregularidades detectadas en la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), que este dirigió, ni la pérdida de 2,4 millones de ingresos en los hospitales públicos de Blanes y Calella (Maresme, Barcelona) serán objeto de una investigación por parte de la Generalitat. Así lo aseguró ayer el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, quien avaló decisión de la Sindicatura de Cuentas de archivar el informe elaborado por sus auditores y dirigido por uno de los síndicos, y que puso de manifiesto importantes irregularidades en CMSM, filial de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva.

Homs aseguró desconocer el informe: “No se hizo público; por tanto, no tenemos por qué conocerlo”, dijo. Preguntado por si el Gobierno investigará o solicitará información adicional sobre el caso a los organismos implicados, Homs lo descartó tajantemente. “No vamos a pedir ninguna información complementaria, ya leemos EL PAÍS”, dijo el portavoz.

La oposición exigió que la Sindicatura de Cuentas haga público el informe Crespo y pidió a Convergència transparencia para aclarar todas las irregularidades recogidas en el documento. “Lo mínimo que podemos compartir todos es la transparencia como principio indiscutible”, apuntó la socialista Laia Bonet.

Los grupos fueron cautos en la denuncia a Crespo a la espera de conocer el contenido del informe: “CiU hace como si no pasara nada, pero la información es muy grande”, valoró la portavoz de Iniciativa, Dolors Camats, que pidió un cambio de actitud a Convergència: “Deberían tener más humildad”. El portavoz del PP, Enric Millo, tachó de “preocupantes” las informaciones y no descartó pedir la comparecencia del síndico de cuentas para aclarar por qué se ocultó el informe. También apuntó a futuras acciones Joan Puigcercós, de ERC, una vez que hayan podido estudiar la auditoría

El portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, se mostró partidario de dar a conocer el informe, aunque rebajó su importancia: “Se trata de un preinforme que los miembros de la sindicatura y del Tribunal de Cuentas determinaron que es erróneo”. Turull salió en defensa de Crespo, al igual que hizo en su día con Xavier Solà y Josep Maria Matas, ambos investigados por la Fiscalía Anticorrupción por sus negocios con la Asociación Catalana de Municipios.

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