Desde que comencé a trabajar en el HUC, allá por el año 1972, mucho ha cambiado la sanidad pública y lo que ofertábamos a los pacientes. Porque, a pesar de la precariedad en que nos movíamos, tras los primeros meses y años de apertura del centro, la calidad asistencial y humana ofertada distaba mucho de lo que en la actualidad podemos darles a los enfermos, que precisan de nuestra atención.

En aquel entonces, los trabajadores sanitarios, los empleados públicos de la sanidad canaria realizábamos nuestra labor sin contabilizar las horas laborales, sin controles horarios, quedándonos en nuestro centro sin necesidad de que ningún directivo ni gerente, ni mucho menos ningún político, nos acuciara con aumentos y ampliación de jornadas, sin importarnos acudir en horarios nocturnos a resolver situaciones que se planteaban en el normal y diario trabajo a desarrollar. El espíritu de colaboración y solidaridad entre los trabajadores y sus mandos era tal que todos apoyaban y echaban una mano ante cualquier petición de un compañero. Incluso, había facultativos y enfermeras que vivían en el hospital, en habitaciones destinadas para ello. Y, al estar presentes día y noche, trabajaban en lo que se presentara a favor de los pacientes, dando una alta calidad de prestación médica y sanitaria que toda la isla celebraba y ponderaba. Teníamos una excelencia en nuestros servicios y prestaciones.

Qué lejos resulta todo eso si lo comparamos con el momento actual. Ahora, tras cuarenta años de servicio a los ciudadanos, de cobertura sanitaria obligada constitucionalmente como derecho a la salud, la situación es de una lastimosa indecencia.

Recortes en los presupuestos sanitarios, rebajas en las prestaciones, copagos farmacéuticos, listas de espera quirúrgicas intolerables (que en ciertos casos pueden provocar fallecimientos antes de lograr el tratamiento), pruebas diagnósticas y consultas que rayan la inmoralidad y la indecencia, servicios de urgencias colapsados, cierres de actividades programadas de quirófanos, cierres de camas hospitalarias, dilación en la apertura de hospitales del norte y sur tras décadas de espera, despidos de empleados públicos, precariedad laboral, rebajas de sueldos y salarios, pérdida de prestaciones sociolaborales, no sustituciones en bajas laborales y permisos, aumentos de las jornadas de trabajo, y tantas cosas más que no sabemos ni imaginamos dónde acabarán. Todo, al final, contra los ciudadanos. Totalmente indecente.

Mientras, somos el Estado que más políticos tiene (450.000). En Alemania son 100.000; mientras, la suma de empleados públicos, de médicos, bomberos y policías, dan un total de 340.000.

En Canarias, por centrarnos en nuestro ámbito autonómico, existen 18.000 sanitarios y 2.668 empleados públicos de Justicia para toda la población. En contraposición, el número de concejales se elevan a 1.440, 152 consejeros de Cabildos y 60 diputados autonómicos. Solo ellos electos por los ciudadanos. A estos hay que sumarles los viceconsejeros, directores generales, secretarios y subsecretarios, Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, sin contar todos los asesores personales que nuestros políticos enchufan a dedo, y que nosotros no elegimos democráticamente, con lo cual la hipertrofia institucional es inimaginable. Y todos cobran del erario.

Y se sabe que en Canarias los empleados públicos no están sobredimensionados. Entonces, ¿por qué siempre intentan reducir el déficit público en base a los recortes contra los trabajadores públicos? Busquen por otro lado, gobernantes.

Lo dicho: de la excelencia a la indecencia. No hay más que mirar.