500 médicos objetan para atender a inmigrantes irregulares
500 médicos objetan para atender a inmigrantes irregulares
en Público
Alrededor de 500 médicos de familia han manifestado ya su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc). Esta organización, la más representativa de Atención Primaria con unos 22.000 socios, ha puesto en marcha dicho registro para recoger la voluntad de los médicos que quieran objetar.
Para ello, los profesionales sanitarios sólo tienen que rellenar un formulario a través de la página web de la SemFyc en el que manifiestan su voluntad que querer ejercer la objeción de conciencia ante el real decreto aprobado por el Gobierno "que deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas". En el texto, el médico expresa también que su lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a su deber ético profesional e incurrir en el abandono.
El documento se enviará al Colegio de Médicos Provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucía, Asturias, Catalunya y País Vasco, que han anunciado su intención de seguir prestando atención a los sin papeles), a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la sociedad federada correspondiente (en caso de ser socio de la semFYC).
El Grupo de Trabajo de Bioética de esta sociedad científica ha elaborado un documento que recoge su disconformidad con la medida del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir del 1 de septiembre y que defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer.
¿Médicos objetores por la retirada de la asistencia sanitaria a 'sin papeles'?
en El Mundo
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha pedido a los médicos recurrir a la objeción de conciencia ante el Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España. A su juicio, la normativa supone un "conflicto ético" entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su deber con estos pacientes.
No obstante, respecto a aquellos inmigrantes en situación irregular que lleguen a España tras la aprobación de esta normativa, la SEMFYC reconoce la "legitimidad" del Gobierno para limitar la prestación sanitaria y recuerda que, en este caso, los médicos tienen la obligación de cumplir la Ley aunque no estén de acuerdo ya que, ha apostillado, no se está atentando contra "ningún principio ético básico".
En este sentido, han abogado por instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que ofrezca a este colectivo un "mínimo de prestaciones sanitarias", tal y como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son la Atención Primaria, la prevención, las medidas de Salud Pública, la atención urgente, la atención a la discapacidad y el acceso a los medicamentos esenciales.
Ahora bien, según ha comentado el presidente de esta sociedad científica, Josep Basora, los profesionales sanitarios no pueden dejar de atender a quien ya ha sido su paciente dado que, si lo hacen, estarían "vulnerando" el código deontológico médico que les obliga a "velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía" del enfermo. "No podemos dejar de atender a personas que por situación de pérdida del permiso de residencia podrían estar en una situación de indefensión delante de la sanidad", ha recalcado.
Esta disconformidad con la normativa gubernamental ha sido ya comunicada por diferentes vías y foros a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Por este motivo, la SEMFYC y las 17 sociedades federadas que la integran han decidido animar a los médicos a emprender acciones legales a título personal, entre ellas la objeción de conciencia, para que se opongan a esta Ley.
Informe de análisis ético y red de médicos objetores
Para ello, la sociedad ha encargado a su grupo de trabajo de Bioética la elaboración del informe 'Análisis Ético ante la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia', que tiene como objetivo "presionar" al Ejecutivo desde diferentes ámbitos sociales, profesionales, políticos y legislativos para conseguir cambiar la normativa y no sólo se limiten estas prestaciones a los casos urgentes sino que se amplíen a una atención sanitaria básica.
"No tenemos ninguna duda respecto a los que es una urgencia vital, pero en el resto de los casos el asunto se convierte en algo demasiado subjetivo y, al final, la decisión del carácter urgente de la demanda quedará a la libre opinión de cada profesional. El resultado de esto es echar sobre los hombros de los médicos una responsabilidad que no les corresponde: ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda", ha recalcado Basora.
Y es que, además, el hecho de que se cambie este aspecto puede promocionar también, a juicio de uno de los autores del informe y miembro del Grupo de Bioética, Abel Novoa, consecuencias económicas positivas debido a que la atención sanitaria preventiva evita que patologías crónicas se compliquen y que los servicios de Urgencia se colapsen.
Asimismo, la SEMFYC va a crear una 'Red de Médicos de Familia alrededor de la Objeción de Conciencia' y un 'Modelo de voluntad de parte del médico de familia' que se transmitirá a la Organización Médica Colegial (OMC), al Ministerio de Sanidad, a los Colegios Médicos Provinciales y a los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas que acaten el Real Decreto.
En este sentido, Novoa ha recordado que la objeción de conciencia es un derecho básico que no puede ser "perseguido" por las instituciones y ha asegurado que estas peticiones son contra una ley que "atenta contra la moral personal y profesional" de los médicos.
No obstante, ha puntualizado, los profesionales sanitarios que se acojan a esta objeción de conciencia intentarán "no perjudicar" a los colectivos de ciudadanos que siguen manteniendo todos sus derechos.
"Esto es compatible porque uno se puede distribuir su horario para que no haya retrasos y que se puedan cumplir las dos obligaciones: respetar la Ley, respetar a los ciudadanos que mantienen íntegros sus derechos y, al mismo tiempo, objetar una normativa que nos parece injusta y que creemos que debe ser compensada dentro de nuestro horario laboral y no fuera como un acto caritativo. Queremos seguir atendiéndoles como profesionales del SNS porque en estos momentos son nuestros pacientes", ha señalado Novoa.
Por último, el presidente de SEMFYC ha asegurado que la sociedad tiene la "fuerza, el coraje y la voluntad" de cambiar las cosas y ha recordado que el profesional sanitario "no entiende de crisis económica sino que entiende de valores" y que, actualmente, es cuando los médicos tienen que tener
Los médicos de familia objetan la exclusión sanitaria a los 'sin papeles'
en El País
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que agrupa a más de 20.000 médicos de familia, ha puesto en marcha una iniciativa para integrar a los médicos que quieran objetar la decisión del Gobierno de negar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular. A través del documento, el médico apela a su derecho a ejercer la objeción de conciencia y expresa su lealtad con los pacientes, lo que le lleva a cumplir su deber ético profesional y no dejar de atender a sus pacientes.
Tras la firma, el escrito será enviado al Colegio de Médicos provincial, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al servicio de salud correspondiente (excepto en Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco que han anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles). La Semfyc, la más representativa de atención primaria, busca crear una red de médicos por la objeción de conciencia como mecanismo de presión contra los recortes sanitarios y el dilema ético que plantea. Hasta hace dos días más de 500 médicos habían firmado el manifiesto, según su presidente, el doctor Josep Basora.
En un análisis, el organismo expresa que aunque entiende la legitimidad de la decisión del Gobierno para hacer recortes debido a la crisis económica, los objetivos sociales generales incluidos en el Decreto Ley contradicen el respeto de los derechos fundamentales de los individuos que hacen referencia a la igual consideración y respeto. Critican, además, que los criterios utilizados para imponer dichas limitaciones no han respetado los mínimos que establece la OMS. Su presidente pregunta en una tribuna si la asistencia sanitaria es o no un derecho fundamental de las personas, cuál es su alcance y cómo puede limitarse.
Un informe del organismo reclama al Gobierno que la atención sanitaria básica debe tener un mínimo decente que incluya la atención primaria, la asistencia preventiva, medidas de salud pública, asistencia urgente, servicios especiales para los discapacitados y acceso a la medicación básica. “Así se conseguirían más garantías de protección para todos en relación a procesos infecciosos y se evitarían colapsos en los servicios de urgencia”, apunta el doctor Josep Basora, y añade: “se disminuiría el gasto mayor que supone derivar a los dispositivos urgentes, que son más caros que la atención primaria o la prevención”.
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