Ante la retirada de medicamentos de la financiación pública
1.- Que la retirada de la financiación pública de estos medicamentos se hace por motivos económicos para ahorrar gasto público y no por criterios de racionalidad terapéutica.
2.- Muchos de estos fármacos tienen su eficacia y utilidad terapéutica suficientemente demostrada tanto para síntomas como el dolor, estreñimiento, diarrea, tos, mucosidades, etc. y como coadyuvante en el para tratamiento de enfermedades graves como fibrosis pulmonar, broncopatías crónicas, artritis reumatoide, enfermedades intersticiales del pulmón, infección VIH, linfomas, sarcoidosis, cirrosis biliar primaria, hepatitis C, insuficiencia renal crónica, rosácea, irradiación del cáncer, blefaritis, tracoma, episcleritis, alergias oculares, conjuntivitis vial o bacteriana, hipervitaminosis, colon irritable, piloroplastia, diarrea del diabético, incontinencia fecal, diarrea crónica, diarrea del viajero, síndrome de colon irritable, ileostomía de alto débito, anastomosis ileoanal en el cáncer de colon, etc.).
3.- Gran parte de estas enfermedades son de naturaleza crónica y afectan a personas mayores, que ya han sufrido la congelación de sus pensiones y que han perdido la gratuidad de sus medicamentos, traslado en ambulancias, prótesis, sillas de ruedas, etc. Todo esto hace suponer que muchos enfermos van a tener serios problemas para adquirir unos medicamentos que necesitan para tratar problemas de salud importantes
4.- La decisión de la prescripción de estos medicamentos son realizadas por los medicos del sistema público y no son decisiones personales de los pacientes. Los pacientes son sufridores, no causantes del problema y el copago es especialmente injusto en esta situación de crisis económica.
5.- Sin embargo no se están tomando decisiones para acabar con la prescripción inadecuada de medicamentos. Como ejemplos basta citar que más de la mitad de los antibióticos prescritos se consideran inadecuadas o que el 90% de los medicamentos contra la osteoporosis se considera inadecuada.
Por todo esto consideramos que la decisión de desfinanciar estos medicamentos es irracional, injusta y va a dificultar de manera importante el tratamiento de enfermedades graves e importantes que afectan a sectores de población más necesitados de atención y con menor capacidad económica qua ya han sufrido grandes recortes en sus derechos sanitarios.
RSS Comentarios1 comentario
Yo no se absolutamente nada de leyes. Por eso agradecería la mayor divulgación del tema, de la pregunta y de la posible respuesta.
Mis padres son pensionistas. Durante toda su vida pagaron impuestos y cotizaron a la seguridad social todo lo que el gobierno (del partido que fuera) les pedía y aprobaba. Siempre contaron con la premisa que al pagar sus impuestos ellos disfrutarían de una SANIDAD PÚBLICA "GRATUITA" (gratuita no, que YA estaba pagada en sus impuestos). Pero la principal premisa es que no tendrían que pagar más por los medicamentos que necesitaran una vez que hubieran alcanzado la edad de jubilación.
Contando con esto, ellos jamás pensaron en la posibilidad de contratar un seguro medico que les cubriera una necesidad futura que ya estaba cubierta por la sanidad pública que ellos pagaban con sus impuestos, por lo que jamás pudieron preveer que el día de hoy tendrían que destinar el dinero de su pensión a pagar las necesidades sanitarias que le han ido surgiendo.
¿Esto no debería ser ilegal??¿No es considerado un engaño o una posible estafa???.
Por que otra cosa muy distinta es que los jóvenes que ahora trabajamos sepamos que el día de mañana podríamos no estar cubiertos y buscarnos una solución... ¿Pero ellos??... ya no hay quien los quiera???? Mientras pagaban eran bienvenidos, ahora simplemente estorban.
Lo veo una vergüenza para esta país.
