Médicos de Mataró consultados se oponen a esta práctica. Mantienen que el hospital podría asumir “sin problemas” la actividad que Salud les ordena enviar a la privada, siempre que el departamento restituya parte de los recursos perdidos con el tijeretazo. El departamento admite que la derivación a la privada es una práctica extendida en los centros públicos catalanes, aunque no ofrece los datos.

Dos hospitales recibieron en 2012 pacientes enviados desde Mataró. Uno es el Hospital Universitari del Sagrat Cor. En manos de la multinacional médica Capio desde 2011 —tras comprarlo a la Alianza—, actúa también como proveedor del CatSalut “sobre todo para aligerar las listas de espera quirúrgicas”, afirma en su página web. El otro es el Hospital Platón, de una fundación privada. Este año se incorporarán a la lista de centros privados beneficiados por las derivaciones desde Mataró otro hospital también propiedad de Capio —el General de Cataluña, en Sant Cugat—, y el Sant Rafael, de una congregación religiosa, también en Barcelona.

Todas las intervenciones derivadas forman parte de la lista de las 14 más comunes cuyo tiempo de espera máximo está garantizado por ley y no puede superar los seis meses. Pero las listas de espera han aumentado tanto con los recortes que los plazos ya no se cumplen en la mayoría de los casos.

Ana L., de 61 años, llevaba dos años esperando una invervención de juanetes en Mataró cuando la llamaron. “Me dijeron que tenía que ir al Sagrat Cor”, explica. “Sinceramente, la idea de cambiar de hospital no me gustó. Llevo varias operaciones, y todas en Mataró. ¿Pero qué podía hacer?”, se pregunta la mujer, que será intervenida en unos días.

Si el CatSalut es incapaz de cumplir los plazos máximos de espera, los pacientes tienen derecho a reclamar al departamento. “Si rechazan la derivación, pierden este derecho, aunque siguen en la lista de espera con la misma antigüedad”, explicó una portavoz del hospital de Mataró. Como en el caso de Ana, los pacientes derivados desde la capital del Maresme son personas que han superado ese plazo, lo que muestra que Salud —cuyo consejero, Boi Ruiz, asumió públicamente que los recortes aumentarían las listas de espera— utiliza ahora esta fórmula para aliviar la situación, que se ha convertido en uno de los indicadores más evidentes del efecto de los recortes sobre la atención sanitaria.

Atender a los pacientes en la privada no es más barato. Los precios de la actividad en unos y otros centros son “similares” en hospitales de complejidad parecida, explicó un portavoz del departamento. “Se derivan pacientes de centros con largas listas de espera a otros que tienen todavía capacidad para asumir más actividad”, justificó.

Pero los profesionales de Mataró no lo ven así. “Vamos a perder casi un 10% de la actividad, cuando tenemos capacidad de sobra para operar a esos pacientes aquí", critica un oftalmólogo.

Este año será el primero que se deriven pacientes pendientes de ser operados de cataratas, al igual que sucede con las prótesis de cadera y las intervenciones para curar el síndrome del túnel carpiano. Los datos de actividad del hospital de años pasados, sin embargo, atestiguan que el centro podría asumir esas operaciones. Mataró operó a 1.638 pacientes en 2010 a cargo del presupuesto de Salud, pero solo a 1.333 el año pasado, un 18,6% menos. En contraste, Mataró deberá derivar este año al Sagrat Cor al menos otras 120 intervenciones de cataratas. Además, en muchas de las 14 operaciones garantizadas, Mataró supera cada año (a cargo de su propio presupuesto) la cifra contratada por la Generalitat a principios de ejercicio.

Otro aspecto problemático es que, en el caso de las intervenciones más complejas, el hospital asume luego el seguimiento y la rehabilitación de los pacientes operados por la privada, lo que supone una parte importante del coste total del procedimiento. “La privada solo coloca las prótesis. Nosotros hacemos todo lo demás y nos ocupamos de las complicaciones si las hay”, critica Xosé López de Vega, traumatólogo y miembro del comité de empresa.

López de Vega mantiene que una parte importante de los pacientes —hasta un 60%— rechazan ser derivados a otros centros y que el hospital, al contrario de lo que afirma su portavoz, sí los saca de la lista de espera activa. “Las derivaciones sirven así para limpiar la lista”, afirmó.

La sanidad “está hecha unos zorros”
Queja; denuncia que se suma a la realizada por los profesionales de Alcázar de San Juan, Villarrobledo, Hellín, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Albacete…la lista es tan amplia como centros hospitalarios existen en Castilla-La Mancha, “donde la sanidad está hecha unos zorros”, reconoce a este periódico el exgerente de uno de estos centros. “Está claro, están preparando la privatización de algunos hospitales, como lo prueba el despido de médicos y enfermeras, así como las contrataciones por meses de profesionales”, añade.

Sin medicamentos
Y para alcanzar estos objetivos, Cospedal y su polémico consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, nombraron equipos de yuppies venidos de Madrid o de las mismas filas del PP, que no dudan en aplicar la irracionalidad en aras de un ahorro que “sirva de atractivo para posteriores compradores”, dicen las mismas fuentes. Y como prueba de lo dicho, la denuncia de los profesionales de Tomelloso, que en su carta recogen la “negativa (por parte de la directora de gestiòn) en dos ocasiones a proporcionar medicamentos para tratamientos incluidos en la cartera de servicios (“lucentis”) con el pretexto de que son caros”, señalan.

Material clínico barato
Pero las tijeras de Cospedal, puestas en las manos de Ana María Aranda, que de administrativa rasa pasó a directora de gestión por razones que nada tienen que ver con sus conocimientos, van más allá. Llegan, incluso, a la “sustitución sin previo aviso de material clínico por otro más ‘barato’ sin ningún informe técnico de los especialistas y sin ninguna consulta a los responsables de los servicios”, concretan.

Coacciones e impagos
Suma y sigue. Los médicos denunciantes de estas clamorosas irregularidades, también reconocen “coacciones a los miembros de medicina interna, con amenazas de disminución de sus plantillas, por reclamar la atención hacia una mejor asistencia en la especialidad de cardiología”, al mismo tiempo que reconocen “impagos de emolumentos”, o la supresión de anestesistas en el servicio de guardia en un “hospital con atención obstétrica las 24 horas”, dicen en sus carta sin respuesta.

Cierre de camas y falta de uniformes
Todo esto es fruto de la inminente privatización del hospital de Tomelloso, donde “el marcado deterioro de las condiciones de los trabajadores” es notorio, como lo acredita la “restricción del número de uniformes y la no existencia de lencería en el fin de semana, con lo que se dificulta el cambio de ropa contaminada”, subrayan en la misiva, a la vez que recuerdan el “cierre sistemático de camas, con independencia de la presión asistencial”.

Falsos especialistas
A todo este cúmulo de despropósitos, hay que añadir la nada clara utilización de falsos especialistas, sin titulación homologada en España, que hacen las funciones de profesionales que sí superaron las oposiciones obvias para el desempeño de estos importantes trabajos. No podemos olvidar que estamos hablando de la salud de las personas y la idoneidad profesional es incontestable en estos casos, salvo, parece ser, en el hospital de Tomelloso. (Ver documento íntegro).

Nuevo varapalo judicial
Y es que al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, le encanta coleccionar huelgas, protestas, quejas, plantes y descontentos, además de sentencias en contra que ponen de manifiesto la nefasta gestión de este polémico político. La última viene también del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. En esta ocasión ha decretado la suspensión de la orden que recoge la integración del personal del Hospital Provincial de Toledo en el Sescam. Y van cuatro y no está cesado.

Miles de personas, entre profesionales del sector sanitario, ciudadanos y representantes de sindicatos y partidos políticos, han participado este domingo en la décima Marea Blanca que ha convocado la mesa en defensa de la sanidad pública en Madrid. Aunque no han aportado aún cifras de participación, los convocantes estiman que la participación ha sido más alta que en la anterior convocatoria de abirl.

Entre los asistentes ha estado la secretaria general de la federación de sanidad por Madrid del sindicato CCOO, Rosa Cuadrado, quien ha afirmado que no están de acuerdo con "el cambio de modelo sanitario" y que el gobierno regional "obvia la opinión de sus ciudadanos e incluso de sus votantes" al no tener en cuenta el resultado de la consulta realizada la semana pasada .

Por su parte, la secretaria de sanidad por Madrid de UGT, Mari Carmen Medranda, ha pedido "urgentemente" al presidente de la Comunidad; Ignacio González, que no vendan la sanidad de Madrid y que defiendan "una sanidad pública y de calidad como existía hasta ahora". Ha animado, además, al Gobierno autonómico a que haga una consulta oficial para que vea la opinión de sus ciudadanos.

Leer artículo original en Público

Una nueva 'Marea Blanca' marcha en Madrid
en Europa Press

El diputado de Izquierda Unidad en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, también ha participado en la manifestación y ha comentado que la consulta realizada entre los profesionales y usuarios de la sanidad madrileña demuestra que los ciudadanos han dicho "basta ya" y que declaraciones como la del presidente, Ignacio González, que definió la consulta como "antidemocrática" se reafirman que desde el gobierno están "nerviosos".

Finalmente, una de las portavoces de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, Mari Nieves Lozano, ha deseado que "ojalá fuese la definitiva" 'Marea Blanca' pero que seguirán pidiendo una sanidad "publica, de calidad y universal, que ya ha dejado de serlo". Ha concluido respondiendo al consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, afirmando que una "parodia" es lo que hicieron los anteriores consejeros, "vender los laboratorios para luego estar en las juntas directivas de las empresas privadas".

La manifestación ha partido desde la plaza de Neptuno a las 12.00 horas y ha terminado a las 14.00 horas en la Puerta del Sol, donde se ha leído un manifiesto en defensa del sistema madrileño de salud. Aunque la participación ha sido alta, el número de asistentes ha sido menor que en anteriores ocasiones.

Leer artículo original en Europa Press

NOTICIAS RELACIONADAS:

[Video] Miles de personas participan en el centro de Madrid en una nueva marea blanca
» Las Provincias

Miles de personas vuelven a exigir en Madrid que no se privatice la sanidad
» El Diario Montañés

“Habitual no es, no todo el mundo tiene un amigo neurocirujano al que se lo pueda pedir, pero ni he conculcado el derecho de nadie ni ha supuesto ningún coste adicional”, admitió ayer en declaraciones a este diario el gerente del centro de Hellín, José Luis Sánchez Plaza.

La denuncia la lanzó ayer José Samaniego, el presidente de la junta de personal del área sanitaria de Albacete y vocal del sindicato médico (CESM). Samaniego calificó de “irregular”, la operación, tal y como recoge Efe, ya que por la tarde solo se abren los quirófanos del hospital de Hellín en casos de urgencia. Lo ocurrido no es “ético”, manifestó, más aún teniendo en cuenta que en el centro se ha prescindido de 18 profesionales y más de 700 en toda la región como consecuencia de los recortes que ha ejecutado la Junta de Castilla-La Mancha, añadió el responsable del sindicato médico.

Sánchez Plaza justificó ayer la decisión de trasladar a su madre con el argumento de que se pretendía evitar inconvenientes a los pacientes que se encuentran en la lista de espera quirúrgica en Albacete. Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha explicaron que la madre de Sánchez Plaza sufrió un empeoramiento de la lesión que padecía en la columna vertebral, lo que amenazaba con causar problemas irreversibles de movilidad y sensibilidad. Por ello, se optó por intervenirla de forma urgente. La solución normal pasaba por “operarla en el hospital de Albacete y sacar de la lista de espera a uno de los pacientes que aguardaba ser intervenido para sustituirlo por mi madre”. En lugar de esta opción, el gerente del hospital comentó que se decidió que fuera operada en el centro que él mismo dirige, que tiene una menor presión asistencial, para no distorsionar las esperas en Albacete.

Sánchez Plaza, señaló que sí se practican intervenciones vespertinas en Hellín. “Al margen de las urgentes, puede haber hasta cuatro a la semana”. ¿De quién fue la decisión de operar a su madre? “No fue mía, depende de los jefes de servicio”, respondió a este diario.

En el año 2011 Capio facturó algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más de 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones.

La opacidad de este grupo empresarial impide conocer quiénes son sus accionistas reales. A través de un entramado de 5 empresas llamadas CVC European Equity Partners, con sede en el paraíso fiscal las Islas Caimán es propietarias de HCL Holdings Sàrl. A su vez ostenta el 100% del capital social de HCI SA y ésta es propietaria de HC Investment Sàrl y HC Investment BV –todas ellas con sede en otro paraíso fiscal, Luxemburgo. Esta última es la única accionista de Capio Sanidad Holding SL que a través de Desarrollos Empresariales Piera SL posee las 10 empresas que explotan los servicios sanitarios públicos construidos con el dinero de la ciudadanía.

El objetivo de las empresas de capital riesgo es obtener el máximo beneficio de sus inversiones en el menor tiempo posible.

Es inaceptable que la gestión de la salud pública caiga en manos de especuladores ajenos a las necesidades sanitarias de la población. Este entramado de empresas no sólo especula con la sanidad, sino que participa en negocios inmobiliarios, inversiones especulativas, infraestructuras, telecomunicaciones, industria farmacéutica y todo aquello que pueda ofrecer sumas millonarias en poco tiempo.

En la actualidad Capio gestiona además de numerosos centros de especialidades, los siguientes hospitales:

Fundación Jimenez Díaz.
Hospital Rey Juan Carlos
Nuevo Hospital Público de Collado Villalba
Capio Hospital General de Catalunya. Barcelona
Hospital Universitario Infanta Elena
Hospital de Valdemoro
Hospital Puerta de Hierro
Capio Clínica Albacete
Capio Hospital Sur de Alcorcón
Capio Hospital Tres Culturas. Toledo

Uno de los mayores escándalos en cuanto a relación público-privado se refiere, es el Hospital de Villalba. Este centro construido por la administración pública permanece cerrado, y sin embargo Capio recibe mensualmente de la Comunidad de Madrid 900.000 euros para unos gastos no justificados. Para su explotación se formó una sociedad snónima constituida por Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Hospital Sur S.L., F.Fortwart y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. Estas dos últimas no están en absoluto relacionadas con la actividad sanitaria, de hecho F.Fortwart es un pequeño estudio de arquitectos que trabaja habitualmente con Víctor Madera y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. se dedican entre otras actividades a la energía nuclear.

Capio no ha estado exenta de polémica en los centro públicos que ya gestiona. Personal sanitario ha denunciado presiones para derivar pacientes graves que requieren una atención por la que obtendrían menores beneficios económicos a hospitales de exclusiva gestión pública así como derivar la realización de pruebas diagnósticas a centros privados. Numerosas pacientes han constatado chantajes para someterse a operaciones leves en centros concertados con la excusa de disminuir la lista de espera.

Además, Capio ha mostrado reiteradamente interés en la compra de su máximo competidor Ribera Salud. Si esta compra llega a consumarse ostentaría el monopolio de la privatización de la sanidad en todo el Estado.

No queremos amenazar ni coaccionar pero consideramos legítimo informar a la ciudadanía, en un ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión (recogido en el artículo 20 de la Constitución Española), del deterioro evidente que las políticas de privatización suponen sobre el acceso a una sanidad pública, gratuita y universal, derecho humano recogido en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por ello queremos señalar y poner cara tanto a aquellos que aprueban la legislación que permite la entrada de empresas en la sanidad (que comienza con la aprobación de la Ley 15/97 gracias a los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC) como a aquellos que pretenden lucrarse a costa de la salud y los impuestos de todos. Informaremos, por tanto, a nuestros conciudadanos de quiénes son los responsables de esta política privatizadora, por la cual unos pocos se lucran ilegítimamente a costa de menoscabar los derechos humanos, en cualquier espacio público en el que hagan acto de presencia, véase cuando los gerentes lleguen a los centros de salud u hospitales que traten de privatizar.

El permitir que Capio continúe recibiendo concesiones por parte de nuestra Administración es inadmisible. La manifiesta opacidad de la empresa y de sus responsables, la experiencia acumulada en los hospitales que llevan años siendo de gestión privada aun financiándose con dinero público, así como toda la información que ha sido posible obtener en este informe nos muestra que el único objetivo de la privatización y la entrada de Capio en la sanidad es la especulación con nuestra salud.

Llevamos meses oyendo hablar del gasto que supone sostener nuestro sistema sanitario, cuando la salud es una de las mayores inversiones sociales que tenemos. Ninguna empresa como Capio va a tener interés en gestionar un servicio que no le reporte beneficios económicos, y este simple hecho nos muestra las verdaderas intenciones que hay tras su interés por la sanidad madrileña.

Y aun entrando en el discurso del gasto y del ahorro, no existe informe alguno que acredite que la gestión privada sea más barata. De hecho los estudios que sí se han hecho comparando sistemas de gestión pública y sistemas de gestión privada han demostrado que la privatización encarece los servicios prestados y reduce la calidad de las prestaciones; ya que el fin último es el beneficio económico y no el beneficio social.

Es intolerable que los rendimientos económicos primen por encima de la salud y la vida de las personas. La salud es un derecho fundamental, y es por esto que no permitiremos la privatización de uno de los sistemas sanitarios que sirve de referente para muchos países del mundo.

Profesionales de la sanidad y pacientes nos unimos para hacer pública esta información.

Nos cuenta la red que este “señor” es licenciado en Ciencias de la Información, y a una le parece que está más próximo a ser licenciado en ciencias de la eugenesia, es decir, del perfeccionamiento de la especie humana, que es lo que pretendió Hitler.

Espada dice que las personas con diversidad funcional (lo que él llama “discapacidad”) somos enfermos. Según eso, quien esto escribe (que es una persona que tartamudea y va en silla de ruedas) debería ser doblemente enferma; sin embargo, no lo es. Es como antes fueron los negros y los miembros del colectivo LGTB: diferente, pero no enferma. Gracias a la evolución del pensamiento, la diversidad funcional dejó de ser sinónimo de enfermedad hace mucho tiempo, aunque el licenciado en ciencias de la información esté tan desinformado al respecto. Las PDDFs (Personas Discriminadas por su/nuestra Diversidad Funcional) ya no somos seres defectuosos a los que los médicos han de rehabilitar para que luego puedan reinsertarse en la sociedad. Las PDDFs somos la prueba palpable de la diversidad humana. Las PDDFs sólo funcionamos de forma diferente a como funciona la mayoría en distintos ámbitos (físico, sensorial, intelectual o psíquico), pero no tenemos ningún defecto; es la sociedad la que lo tiene, por no estar hecha para todos; y es la sociedad la que debe incluirnos, no nosotros integrarnos. Esta filosofía es la base de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, que el
desinformado Espada no conoce.

Quédese, Arcadi Espada, en su mundo de “inteligentes, más sanos y mejores”. Mejor dicho, búsquese un mundo donde sólo haya seres así porque este mundo, el de todos, es diverso por naturaleza. En él convivimos -por utilizar sus palabras- los inteligentes, más sanos y mejores con los tontos, enfermos y peores. Eso sí, no esté Vd. tan seguro de formar parte del primer grupo. De hecho, a tenor de sus ideas debería estar en el segundo, es decir, en ése a cuyos miembros usted no les permitiría nacer.

Y joróbese cuanto pueda y quiera: en el mundo siempre habrá lugar para nosotros, personas con diversidad funcional. El pensamiento único, la raza superior y la uniformidad humana no existen y nunca existirán. El ser humano es diverso, frágil y vunerable por naturaleza, aunque sus neuras, Espada, le hagan creer (o querer) lo contrario.

Maika Imedio
Activista pro DD.HH. de las personas con diversidad funcional
Licenciada en Filología Francesa

Esta postura se ha hecho pública tan sólo unos días antes de que se lance al mercado el nuevo manual diagnóstico DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría, cuya elaboración no ha estado exenta de polémica, tal y como hemos ido informando a través de Infocop.

El director del NIMH, Thomas Insel, ha señalado en una nota de prensa que esta decisión ha sido tomada dado que el DSM carece de validez y que “los pacientes con trastornos mentales se merecen algo mejor”.

Como resultado de este posicionamiento, que ha sorprendido al mundo de la investigación y al público en general, el NIMH ha informado que a partir de ahora financiará de manera preferente aquellas investigaciones que no se ajusten a la clasificación DSM:

“En el futuro, vamos a apoyar los proyectos de investigación que consideren más ampliamente las categorías tradicionales – o que subdividan las categorías – para empezar a desarrollar un sistema mejor ¿Qué significa esto para los solicitantes? Los ensayos clínicos deberán tener en cuenta a todos aquellos pacientes con estados de ánimo clínicos, en vez de solamente aquellos que cumplan estrictamente los criterios para el trastorno depresivo mayor”, por ejemplo.

El fin último del NIMH es el desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de los trastornos mentales, que no se base en la agrupación de síntomas por consenso de expertos (tal y como se hace en el DSM). Para ello ha puesto en marcha el proyecto Research Domain Criteria (RDoC) que pretende recopilar información procedente de la genética, las pruebas de neuroimagen, las ciencias cognitivas y otros datos fisiológicos, para identificar e integrar los componentes vinculados a los síntomas de enfermedad mental. Si bien este enfoque también ha sido criticado por su carácter reduccionista y por no tener en cuenta otros factores decisivos de tipo ambiental, conductual y social, la ruptura del NIMH con el DSM supone un importante varapalo para la Asociación Americana de Psiquiatría, así como marcará el inicio de una nueva etapa en la comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales.

Este posicionamiento reafirma aún más el rechazo de numerosas instituciones vinculadas a la salud mental hacia las categorías diagnósticas del DSM-V. Tal es el caso de la Asociación Americana de Psicología, cuya postura ha sido apoyada por más de 50 organizaciones de salud mental en todo el mundo, incluido el Consejo General de Psicología de España.

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4564&cat=44

http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml

http://www.nimh.nih.gov/research-priorities/rdoc/index.shtml

***

Qué pensaran los psiquiatras que hasta el National Institute of Mental Health (NIMH) les ha dado la espalda, justo cuando van a presentar el DSM 5, previsto para el 18 de Mayo, este blog lo lleva diciendo años que tanto el DSM como la especialidad tienen los días contados, el enfoque tronado del diagnóstico de la mal llamada enfermedad mental, usando casi único criterio la “entrevista diagnóstica” y lo que le salga de las narices contar el paciente o las impresiones diagnósticas del psiquiatra y un criterio clasificatorio meramente descriptivo, que hay que retroceder a los manuales de medicina de la edad media para encontrar algo parecido, añadiendo que la totalidad del gasto en salud mental se dedica a gastar en sueldos y no en una clínica de enfoque médico, ha llevado a un callejón sin salida a la especialidad cuyo único futuro es la disolución. Si esto ha funcionado hasta ahora es porque la psiquiatría se ha movido más en el ámbito legal y forense (un conjunto vacío en matemáticas) que en la propia medicina.

Hace un año el Gobierno eliminó el derecho a la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. El decreto aprobado el 20 de abril de 2012 tiene ya consecuencias en la salud pública, según denuncian las asociaciones de inmigrantes. La última se produjo hace unos días: la muerte por tuberculosis de un ciudadano de origen senegalés al que no se atendió de manera adecuada por no tener papeles ni tarjeta sanitaria, según denunció la plataforma Més per Mallorca.

La familia de Soledad Torrico, de origen boliviano, también denunció en febrero que el fallecimiento de la mujer en Valencia también se debió a una falta de asistencia sanitaria por no tener los papeles en regla.

"Tiene el cáncer muy avanzado y le niegan la quimioterapia. Van a dejarla que muera así. No tienen sentimientos", dice Mustafá, el marido de Hanane, una mujer marroquí de 29 años que sufre cáncer de mama. Según relata la plataforma 'Yo SÍ sanidad universal', Hanane comenzó el tratamiento en 2008, pero le retiraron la tarjeta sanitaria al perder su permiso de residencia y, desde entonces, le niegan la atención.

El Gobierno ha reconocido que se han retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde que entró en vigor la nueva norma. Solo Médicos del Mundo tiene registrados 180 casos de personas inmigrantes que han denunciado la vulneración del derecho de acceso a la sanidad (bien sea por falta de asistencia médica, barreras al acceso, o intentos de facturar el servicio de urgencias, tipificado como gratuito en la ley).

Solo en la Comunidad Valenciana 318 personas han notificado desde noviembre que se encuentran en situación de vulnerabilidad respecto al acceso a la sanidad. Es uno de los datos que se desprende del último informe del Observatorio del Derecho Universal a la Salud Pública, que ha registrado 170 casos de personas sin asistencia en la región durante el primer trimestre de 2013. Destaca, además, casos de menores que no han recibido una atención médica y denuncia la situación de enfermos crónicos con dificultades para acceder a su tratamiento.

Otro de los principales problemas de esta legislación es la imposibilidad de acceder a los medicamentos necesarios. Es el caso de Julio Basilio, ciudadano cubano residente en Madrid desde 2009. Su médico le sigue atendiendo, pero no figura en las bases de datos a la hora de recibir medicación subvencionada, por lo que tiene que pagar su coste total. "Hay pastillas que si no me las tomo me puede dar algo", afirma en la web 'Yo SÍ sanidad universal' y añade: "Como no puedo pagarlas, tendré que priorizar cuáles tomo".

Varias organizaciones sociales trabajan para paliar los efectos del decreto que impide el acceso a la sanidad a las personas inmigrantes. Por ejemplo, contacta con los centros sanitarios que niegan la atención, presentan reclamaciones formales y, en casos extremos, realizan tareas de acompañamiento hasta conseguir que se ofrezca tratamiento. La ONG destaca que tienen numerosos "casos de éxito".

El grupo econacionalista Més, minoría de oposición al Gobierno de Baleares, del PP, formuló ayer una denuncia penal en la que señala que los hechos "pueden ser constitutivos, entre otros, de un delito de omisión del deber de socorrer y de denegación de auxilio". La diputada Fina Santiago, que destapó este asunto junto a Médicos del Mundo, hizo un paralelismo: “si dirigentes del PP denuncian un escrache por sentirse presionados, aquí se denuncia por la muerte de una persona”.

El inmigrante del Senegal, que llevaba ocho años en España, tuvo que abonar dos veces una factura de la atención al sistema público de salud de Baleares por no tener tarjeta sanitaria, según denunció su compañero de piso en un escrito. En los servicios de urgencias del hospital de Inca al que acudió existían hojas de compromiso de pago que debían rellenar y asumir los extranjeros sin cobertura. Trabajadores de la red hospitalaria afirman que ésta era una manera de disuadir a los inmigrantes indocumentados. El Gobierno niega que se tratara de una forma sistemática de cobro y asegura que en las urgencias siempre se atendió a los extranjeros necesitados.

Después del escándalo, la Consejería de Salud retiró los formularios de cobro, vetó la práctica y anunció que retornaría el dinero percibido a los afectados. La consejería se escuda en que se trata de un error de interpretación de las decisiones del Ministerio de Sanidad sobre la atención sanitaria a los sin papeles, que desde septiembre 2012, se quedaron sin tarjeta sanitaria.

Al aparecer el primer relato-denuncia por la muerte de Alpha Pam, el 3 de mayo, el Gobierno regional atacó a los políticos denunciantes y defendió la bondad de la actuación del sistema público. El presidente, José Ramón Bauzá, y el consejero de Salud, Martí Sansaloni, aseguraron, a la prensa y en el Parlamento, que el paciente fallecido fue atendido en tres ocasiones: en el centro de salud y el hospital comarcal. Salud reconoció que se le dio un antiinflamatorio por una bronquitis aguda, sin internamiento ni placa radiológica. Ahora investigan el procedimiento y los detalles de un caso “puntual”.

Un compañero de la víctima K.A.G. detalló a la cadena SER que Alpha tuvo que pagar dos de las visitas médicas y que en una ocasión le denegaron la atención al ser rechazada su tarjeta del consulado de Senegal. Después le obligaron a firmar un compromiso de pago. Al no tener fondos, no consiguió la atención que solicitaba, dice la nota-queja manuscrita del amigo.

En la denuncia, que es no una querella criminal, los dirigentes del grupo Més aseguran que el inmigrante falleció “después de que se le denegara una adecuada atención sanitaria por no tener tarjeta". En el escrito entregado se solicita la declaración del consejero de de Salud, Martí Sansaloni, del director del Hospital de Inca, Fernando Navarro, del compañero de piso del fallecido, K.A.G., y de los representantes de las entidades Prosocial y Médicos del Mundo.

“Nos consta que hay un documento en el que se prevé crear un consorcio que se quedaría con el patrimonio, que es público, y luego una fundación o un consorcio que se ocuparía de la asistencia, docencia e investigación. El Departamento de Salud se haría cargo del déficit y el nuevo modelo partiría de cero. Pero en la gestión entrarían entidades participadas por profesionales, lo que equivaldría a privatizar la asistencia”, señala a El Confidencial Joan Canals, responsable de política sanitaria de CCOO.

Desde el centro hospitalario se admite que entraría capital privado. “Queremos montar el nuevo modelo con los trabajadores”, subrayan. La idea es separar el patrimonio de la gestión y que en ésta participen los profesionales. “Tenemos muy claro lo que queremos, pero la decisión es política”, señalan fuentes de la dirección del hospital a este diario. El Clínico se rige con un convenio propio, al margen de los demás hospitales de la red pública y con la nueva estructura quieren también preservar ese convenio, “que es ventajoso profesionalmente”.

Según al dirección, desde el año 2008 el Clínico no tiene déficit, por lo que aplicar un nuevo modelo es relativamente sencillo. Pero Canals advierte que separar la gestión del patrimonio ya se hizo con anterioridad en el Hospital de Sant Pau, con resultados catastróficos. “En el Plan de Salud, se hace énfasis en desligar el patrimonio del servicio, pero no lo vemos claro”, señala el dirigente de CCOO.

Los beneficios de “unos cuantos”

Este sindicato hizo pública incluso una nota oficial en la que denuncia que la partición de funciones “se inscribe en la estrategia del Gobierno de la Generalitat y la Consejería de Salud de entregar toda la sanidad pública catalana a modelos de gestión que den beneficios a unos cuantos y perjudiquen a la ciudadanía de Cataluña. Parece claro que cuando el president habla de "estructuras de Estado" no piensa en una sanidad pública y universal de calidad”.

Desde la dirección del Clínico, no obstante, rechazan las comparaciones con el Hospital Sant Pau. “Allí existen unos conflictos judiciales que nosotros no tenemos, además de soportar un déficit histórico muy elevado, que nosotros no soportamos”, subrayan desde el Clínico.

Fuentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, señalaron a El Confidencial que la dirección ya está buscando capital para la gestión. “El director general nos dijo que le interesaba que haya profesionales en la gobernanza y que si se aprueba un nuevo modelo incluso quedaríamos fuera de los recortes del 5%, porque la gestión ya no dependería del Gobierno catalán”, señalan fuentes de este sindicato.

Una comunicación del comité de empresa a los casi 5.000 empleados del centro señala que, el director general, Josep Maria Piqué, propuso el pasado viernes una “fórmula de gestión” que pasaría por cuatro puntos: aprobar una ley, liquidar las deudas históricas (anteriores a 2008), preservar el patrimonio y que los profesionales entren en la gestión. “Si estas cuatro dificultades no se resuelven, el nuevo modelo consistiría en la constitución de un consorcio para la gestión del patrimonio y una fundación para la gestión de la actividad”, dice la comunicación del comité.

Una fórmula para ir tirando

Desde la cúpula del Clínico se insiste en que la idea es "separar patrimonio de gestión. Y mientras los políticos se deciden, estudiamos diversas fórmulas. Por eso, de momento, hemos propuesto que en esa gestión participen los profesionales”. En la CGT, en cambio, no lo tienen muy claro. “Estamos estudiando la fórmula jurídica. Si los trabajadores entramos en la gestión, ¿eso es una cooperativa? Además, jurídicamente habría que acumular dos años de contrato del CatSalut (sistema público de sanidad catalán, que es el que contrata con el hospital) para la operación, ya que se necesitaría mucho dinero para poner en marcha el modelo y los profesionales médicos solos no podrían sufragarlo. Esa aportación sería una especie de aval”.

Para los sindicatos, no obstante, los responsables sanitarios “están buscando gente que quiera participar”. Y ahí es donde temen que se integren los grupos de presión de la sanidad. “Existen dos modelos posibles: o hacer una fundación privada o dejarlo como empresa pública. Y desde el Gobierno apuestan por la privada. Si se lleva adelante, sería el primer paso para la privatización de la sanidad en Cataluña”, aseguran.