Cada vez leo más cartas de ciudadanos que son víctimas del mal funcionamiento de los servicios sanitarios. Pasa en toda España, pero especialmente en lugares como Madrid o Valencia, donde avanza la privatización.
¿Es legítimo que empresas privadas obtengan beneficios con nuestra salud? Yo se la haría a Esperanza Aguirre en cada rueda de prensa. Aunque me temo que respondería con su desparpajo habitual.

El abogado y economista Francisco Reyes Santias protagonizó una conferencia en la que expuso su experiencia en el “cuartel general” de la sanidad británica y por qué los mismos que pusieron en marcha este sistema cuestionan ahora su modelo de privatización.

Implantan un nuevo sistema informático que lleva 60 versiones sin conseguir ser útil, que no es compatible con el anterior, que depende de un servidor central, y que irrita a los profesionales y deja a los pacientes sin poder satisfacer sus demandas... con tal de beneficiar a la empresa adjudicataria.

Otra consecuencia del espíritu de hacer negocios con la salud de los ciudadanos con el que el Gobierno del PP de Madrid afronta la reorganización de la estructura de AP y cuya única lógica es la del deterioro premeditado del servicio público y su progresivo traspaso a manos privadas.

Aguirre y Güemes encontraron la tradicional respuesta de profesionales y usuarios en su visita al Hospital de Getafe. La seguridad del evento impidió la entrada al auditorio de los concentrados y agredió a algunos de ellos.

Entre los 257 centros de salud (+158 consultorios locales en medio rural) y la región no habrá un marco territorializado, estable y con contenidos de gestión de servicios. Parece un despropósito organizativo evidente. Supone un abandono a su suerte a toda la red de centros de salud.

Prohibido contratar personal temporal en la sanidad pública en el año 2010. La orden acaba de llegar a todos los directores gerentes de los hospitales, las áreas sanitarias de primaria y el Summa 112. No van a poder contratar refuerzos ni sustituir empleados ausentes.

Estudio del presupuesto asignado por la Comunidad de Madrid a la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de la empresa privada CAPIO) en los dos últimos años, en comparación con los hospitales públicos de la región.