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Los centros abren vías de atención a pacientes de pago por los recortes de la Generalitat. Centros públicos cobran por dar habitación individual. El Sant Pau crea una vía de pago para saltarse la lista de espera.

Hospitales: el mito de la gestión eficiente

19 Abr 2013 » José Manuel Ribera Casado

Merece la pena reflexionar sobre la gestión eficiente, argumento principal de las supuestas medidas de ahorro propuestas por la Comunidad para justificar lo que llaman “externalización del sistema”.

Ese es el porcentaje mínimo que el Gobierno de Ignacio González exigirá a las empresas interesadas, y con el que pretende un ahorro de 143,6 millones de euros sobre los 718 presupuestados para esos centros. Los cálculos se basan en cifras de 2012 proporcionadas ayer por Sanidad.

[Recopilación de artículos]

Escrache a Capio

17 Abr 2013 » Mi salud no es un negocio

Decenas de ciudadanos se han manifestado frente a la sede de la empresa privatizadora de hospitales y centros de salud de Madrid, en una concentración sin incidentes y con gran presencia policial.

El exconsejero madrileño de Sanidad forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid de 270 millones de euros. Él mismo inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja, uno de los seis que la Comunidad pretende privatizar completamente en los próximos meses.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se establecía la reducción horaria en 21 centros de urgencias nocturnas, los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC), en la región.

El centro defiende la nueva senda de atención privada: “Una vez cumplida nuestra obligación con la sanidad pública, el hospital tiene la capacidad de desarrollar e impulsar más actividad no pública con la participación y conocimiento de sus trabajadores”.

AFEM presentó este jueves el informe a la Defensora del Pueblo. Un recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser presentado por el Gobierno central, los autonómicos, cincuenta diputados o cincuenta senadores, la Asambleas regionales o el Defensor.

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