AFEM presentó este jueves el informe a la Defensora del Pueblo. Un recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser presentado por el Gobierno central, los autonómicos, cincuenta diputados o cincuenta senadores, la Asambleas regionales o el Defensor.

La verdad se defiende con datos. La opacidad suele servir para ocultar mentiras o intereses espúrios. Con simples datos se demuestra la falacia de que la sanidad pública en España es insostenible, y con datos se comprueba que detrás del eufemismo de la 'externalización'...

Capio asegura que se halla cerrado por razones ajenas a ella. Los 900.000 euros mensuales que recibe del gobierno madrileño los obtiene como compensación por mantener “el hospital y sus equipamientos en perfectas condiciones en previsión de una próxima apertura”.

El hilo societario de Capio, que gestiona en Madrid cuatro hospitales pagados con dinero público, pasa por Holanda, Luxemburgo y las Caimán. Capio se niega a aclarar quién es dueño del 60% del accionariado. La empresa ha sido mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Su apuesta por la gestión privada tiene motivación económica pero lleva implícita una confesión de incapacidad gerencial para asumir un servicio público, una declaración de intenciones ideológica, una excesiva servidumbre presupuestaria, una inconfesable falta de ideas...

Los hospitales tipo 'Alzira' fueron rescatados por la Generalitat porque no salieron rentables. Después, según expertos, el sistema mejoró para las empresas que los gestionan, pero no para la Administración.

Pero no podremos seguir así mucho tiempo, confiando en que la entrega de los trabajadores compensen las carencias y deficiencias del sistema. No necesitamos médicos superhéroes en hospitales deteriorados, como tampoco necesitamos profesores superhéroes en escuelas degradadas.

Después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Reus admitiera ayer a trámite una querella presentada por el partido independiente Ara Reus contra ambos responsables sanitarios, que están imputados por los delitos de estafa y malversación de fondos públicos.