Personal sanitario de los principales hospitales públicos vascos está protagonizando este miércoles encierros de 24 horas en hospitales públicos vascos en protesta por los recortes en Osakidetza y por el aumento de la jornada laboral acordados por el Gobierno de Iñigo Urkullu.

La protesta, convocada por las asociaciones Alto del Arenal y La Unión de Vallecas, la coordinadora CASmadrid y la plataforma Matusalen, concluyó con una concentración este martes a las 19.00 horas frente al centro de salud Federica Montseny, en la avenida de la Albufera.

La Consejería de Sanidad, que ahora dirige Javier Fernández-Lasquetty, concedió a Assignia un contrato de asistencia técnica del hospital de la Princesa, en un procedimiento negociado sin publicidad, así como el mantenimiento de varios centros de atención primaria.

El exconsejero madrileño de Sanidad forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid de 270 millones de euros. Él mismo inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja, uno de los seis que la Comunidad pretende privatizar completamente en los próximos meses.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se establecía la reducción horaria en 21 centros de urgencias nocturnas, los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC), en la región.

El lunes 25 de Marzo, policías de paisano, han practicado una detención de un compañero, que se manifestaba pacíficamente como el resto, en defensa de la Sanidad Pública y contra la Privatización.

El centro defiende la nueva senda de atención privada: “Una vez cumplida nuestra obligación con la sanidad pública, el hospital tiene la capacidad de desarrollar e impulsar más actividad no pública con la participación y conocimiento de sus trabajadores”.

AFEM presentó este jueves el informe a la Defensora del Pueblo. Un recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser presentado por el Gobierno central, los autonómicos, cincuenta diputados o cincuenta senadores, la Asambleas regionales o el Defensor.