Los nuevos hospitales "públicos" de la Comunidad de Madrid son gestionados por empresas privadas
FCC y Cajamadrid gestionarán el hospital de Arganda, Sacyr Vallehermoso dirigirá los de Coslada y Parla, Dragados el de Majadahonda, Acciona el de San Sebastián de los Reyes, Apax Partners el de Valdemoro, Hispánica el de Aranjuez y Begar el de Vallecas.
El coste de un hospital por este sistema es entre 4 y 5 veces más caro que de la forma tradicional (el nuevo hospital de Vallecas cuesta alrededor de 107 millones de €, pero pagaremos más de 500 millones de €).
Como mínimo se pagará a las empresas alrededor de 160 millones de € durante el 2008 en concepto de alquiler (casi 30.000 millones de las antiguas pesetas), dinero que con toda seguridad se reducirá de los presupuestos sanitarios (gastos de los pacientes y sueldos y contratos de trabajadores), por lo que la asistencia se deteriorará aún más.
Las empresas propietarias esperan rentabilidades anuales del 15-25 % de lo invertido. Como ejemplo, en Gran Bretaña, un hospital de modelo similar al de Vallecas, el hospital universitario de Norfolk y Norwich, ha dado a los inversores privados unas rentabilidades del 70 % sobre la inversión original de los contratistas.
¿Y por qué hacen esta salvajada?
En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.
Los políticos, mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, con la disculpa de innovar lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.
Estas fórmulas facilitan la privatización de los hospitales, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer el funcionamiento de los hospitales hasta cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional.
En su campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público. La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.
La cesión de la gestión de los hospitales a empresas libera a las autoridades políticas de una gran carga económica y burocrática, pero deja la salud de los ciudadanos en manos de empresas cuyo objetivo es obtener beneficios económicos del servicio sanitario que van a proporcionar.
Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se podrían verse obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se vería excluida de los sistemas sanitarios.
El derecho a la protección de la salud dejaría de ser un derecho de todos los ciudadanos y pasaría a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.
Veamos en qué consiste la privatización encubierta de los nuevos hospitales:
Nuevos hospitales, ¿públicos o privados?
La apertura de los nuevos hospitales como Concesiones de Obra Pública, supone que la propiedad de los mismos pertenecerá a las empresas privadas concesionarias durante un período de 30 años, pagando la Comunidad un canon anual por su uso. En los Estados donde se ha aplicado este sistema ha quedado demostrado un aumento del coste de construcción y mantenimiento de los servicios, una pérdida del control publico sobre las infraestructuras y políticas sanitarias, y una caída de la calidad.
Los nuevos hospitales cuando pasen al sistema público después de 30 años de sobreexplotación y sin haber invertido en su mantenimiento -nadie invierte si sabe que cesa su concesión en 30 años- estarán inservibles. Y si tenemos en cuenta que cualquier variación en el número de camas o ritmo de explotación que exceda a lo acordado en los pliegos de condiciones por los que se rigen, supondrá la correspondiente indemnización de la Comunidad a las empresas concesionarias, podremos afirmar que los nuevos hospitales carecen de la necesaria flexibilidad para adaptarse a unas necesidades sanitarias cambiantes en el tiempo.
No habrá más camas hospitalarias ni más médicos por ciudadano
Para dotar de personal sanitario a los nuevos hospitales no se crea empleo, pretendiendo la Consejería de Sanidad reasignar los efectivos de la Comunidad. Reasignación que en un primer momento adopta la forma de voluntaria -promoviendo que los trabajadores de los centros directamente públicos soliciten una plaza en los nuevos-, para recurrir a una reasignación forzosa -a través de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos- si no logra completar las plantillas.
Abrir nuevos hospitales y nuevas camas sin crear más empleo significa disminuir aún más el personal sanitario por cama, aumentando las cargas y ritmos de trabajo por encima de lo aconsejable para la seguridad de los pacientes.
La atención a la población y las condiciones laborales en los nuevos hospitales va a empeorar y en los ya existentes también, al ver disminuir sus efectivos.
No generar nuevas plazas significa trasvasar empleo público, con un mínimo de derechos y vinculado directamente a la Consejería de Sanidad, a unos servicios de gestión privada insertados en unos hospitales de propiedad privada, cuya vinculación con la Consejería será indirecta, y donde salarios y condiciones de trabajo dependerán en buena medida de un Consejo de Administración íntimamente relacionado con los empresarios privados dueños del hospital.
De este modo y tras una década en la que no se han generado nuevas infraestructuras hospitalarias, los nuevos hospitales representan únicamente el trasvase de camas, servicios y personal público al sector privado.
El truco de la nueva zonificación
También el proyecto de nueva zonificación juega a favor de la estrategia del gobierno de la Comunidad. Al situar como cabeceras de Área Sanitaria a los nuevos hospitales y a otros de propiedad totalmente privada (Fundación Jiménez Díaz y Valdemoro, dirigidos por empresas de capital de riesgo), se les confiere un poder en la sanidad y en la toma de decisiones de las políticas sanitarias madrileñas que no se corresponde ni con el interés público ni con su peso real, poder que ceden los hospitales públicos mas prestigiosos (La Paz, 12 de Octubre, Clínico, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón,...).
Lo mismo sucede si contemplamos el proyecto de gerencia única, que dejará a la deriva las actividades de prevención y promoción de la salud -la Atención Primaria- en favor de otras más rentables en el momento de uso, volviendo a una concepción hospitalocentrista no sostenible económicamente, a no ser que se instauren medidas que supongan el abandono de los sectores sociales mas desfavorecidos junto a la posibilidad de hacer negocio de las grandes corporaciones sanitarias, las financieras y las empresas privadas (construcción) que ven decaer sus ganancias en sus sectores.
Las empresas deciden las políticas financieras y de personal
Se externaliza al personal no sanitario y unas Empresas Públicas se encargan de gestionar los servicios y el personal sanitarios. Estas Empresas están dotadas de personalidad jurídica propia y capacidad de poseer patrimonio particular, administración autónoma económica y financiera, y aunque teóricamente se adscriben al derecho público (para poder asumir personal estatutario), su régimen de actuación queda supeditado al derecho privado según sus Estatutos. De este modo tienen poder para decidir sus políticas financieras y de personal (capacidad de compra, endeudamiento y arrendamiento de bienes y servicios), y las relaciones de sus empleados con la Consejería de Sanidad deja de ser directa (plantillas, condiciones laborales y parte del salario dependerán de las decisiones de sus Consejos de Administración). Los servicios centrales (laboratorios y rayos) a pesar de ser sanitarios son apartados de este proceso por el gobierno de la Comunidad, estando prevista la creación de unos macroservicios que serán externalizados.
¿Se acaban la transparencia y la participación ciudadana?
El poder negociador de los trabajadores y la participación y capacidad de intervención ciudadana, se reduce o elimina. A las causas de tipo legislativo, derivadas del régimen de propiedad de los mismos o del tipo de gestión indirecta adoptada (Empresas Públicas y Reglamento de las Nuevas Formas de Gestión), se añaden la falta de transparencia y escasas posibilidades de lograr información sensible, ambas probadas suficientemente por la experiencia.
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DESCARGAS:» Análisis de la iniciativa de financiación privada (PFI) - PDF
» Documento que analiza la nueva fórmula de gestión de los hospitales públicos de Madrid - PDF
» El lucrativo negocio que suponen los nuevos hospitales de Madrid - PDF
[Nota del Colectivo Editorial]
Contiene extractos de los comunicados y manifiestos de FADASP, MATS y CAS Madrid.
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