Más que exigencias de la Administración a las empresas adjudicatarias para proteger un servicio esencial para la población parecen encaminadas a asegurar el beneficio de estas empresas privadas, que además se les ofrecen varias posibilidades si el negocio no va como debiera, la de renunciar temporalmente a la gestión y retomarla posteriormente (ya lo han hecho con el hospital de Alzira, que se rescata, se sanea y se devuelve) la de modificar las condiciones del contrato, previa aceptación del órgano de contratación, o la de asumir la gestión y cederla posteriormente a un tercero a partir del año 2015.
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La consultora PWC ya había preparado el camino con los informes sobre la sanidad española de 2011 y 2012 y ahora se posiciona sin medias tintas, a favor de la liberalización y privatización total de nuestro SNS.
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La toma de hospitales se remonta a finales de los años 1970. A principios de la década ya se estaba produciendo una reestructuración del sector público y privado debida en parte a las directrices del FMI, a lo relativamente elevado de los salarios y al grado de protección que los trabajadores habían alcanzado con el tiempo. La reestructuración a menudo llevaba consigo el cierre y los trabajadores, en lugar de ir a la huelga, comenzaron a ocupar los lugares de trabajo y a gestionar su funcionamiento.
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El gobierno de la CAM ha presentado el borrador del Pliego de Cláusulas Administrativas para la privatización de la asistencia sanitaria de seis hospitales PFI de Madrid, los hospitales de Vallecas, Henares, Sureste, Infanta Sofía y los Hospitales de Parla y del Tajo que se adjudican juntos en un único “lote”, decisión tomada en contra de la población madrileña, los profesionales sanitarios, las organizaciones ciudadanas y sindicales , y los partidos políticos, incluyendo a buena parte del Partido Popular.
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La unidad en la defensa del derecho a la salud y de un sistema sanitario público que la garantice, solo parece posible mediante una estructura organizativa que respete la autonomía, la ideología, los intereses generales, la estrategia de intervención y las formas de organización de cada grupo social y profesional.
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El documento aborda en primer lugar algunas medidas básicas para garantizar la supervivencia de un sistema de salud universal, gratuito, de calidad, y con participación real de la población en su gestión (tanto a nivel estatal como de la Comunidad de Madrid). Posteriormente se realiza un análisis del propio conflicto sanitario en Madrid, abordando los antecedentes, las causas, el mensaje que se ha dado –y el que no-, las propuestas hechas en las negociaciones, etc…
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El objetivo de este artículo es esclarecer, en lo que podamos, el origen y funcionamiento de las empresas de capital inversión que están detrás de la ofensiva de Capio sobre la sanidad pública madrileña. Comencemos por la historia de las empresas implicadas.
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La crisis económica a pesar de las promesas realizadas esta teniendo un importante impacto sobre los presupuestos sanitarios de las CCAA que son el índice de la sensibilidad social de las distintas CCAA y evidencian la capacidad de las mismas para asegurar la atención sanitaria de los ciudadanos, más allá de las declaraciones habituales de autobombo.
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