MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA

1. Sanidad pública para todas las personas.

- Por una atención sanitaria accesible y de calidad para todas las personas, independientemente de su situación legal, administrativa y laboral.

- Por una Sanidad gratuita en el momento de uso, financiada a través de impuestos directos y de tipo finalista para cada una de las comunidades autónomas, de provisión y gestión pública.

- Fomento de la prevención y promoción de la salud. Promover que la Atención Primaria se convierta en el eje principal del Sistema Nacional de Salud.

- Mantener el modelo de zonificación sanitaria en todas las comunidades autónomas (Áreas de Salud y Zonas Básicas de Salud), propugnado por la Ley General de Sanidad 14/86.

- Gestión y uso eficiente y responsable de los recursos humanos, materiales y económicos, desvinculando de esa gestión al poder político.

- Reconocimiento y regulación de los profesionales y de las terapias naturales y medicinas no convencionales.

- Potenciación de la Salud Mental, incluyendo tanto intervenciones farmacológicas como psicoterapia, terapias naturales y medicinas no convencionales y otras intervenciones psicosociales orientadas a la rehabilitación, cuidados y apoyo, tanto en Atención Primaria como en Especializada, organizada desde una red de dispositivos interprofesionales.

- Fomento de la investigación referente a las enfermedades raras o no comunes y adecuación de los recursos públicos para la atención multidisciplinar a las personas que las padecen.

- Adaptación del Sistema Nacional de Salud a las necesidades cambiantes de la población.

2. Participación activa de las personas en la salud.

- Refuerzo de la inspección sanitaria y de la dirección de salud pública para la adecuada evaluación del sistema sanitario.

- Transparencia en el sistema: por una ley que garantice el acceso público a todos los datos relativos a la calidad del sistema sanitario.

- Por una ley que garantice la participación real de la población en la gestión de los servicios sanitarios, mediante órganos paritarios con carácter decisorio.

- Realización de diagnósticos de salud comunitarios, con participación real de la población, con vistas a diseñar las políticas sanitarias y poder actuar sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida.

- Aplicación efectiva del derecho de la persona a tomar parte en las decisiones sobre la atención que va a recibir.

3. La salud no es un negocio. No a la mercantilización de la sanidad.

- No a la privatización de la sanidad: derogación de la Ley 15/97 y las leyes autonómicas que la desarrollan. No a los conciertos privados. Establecimiento de turnos de tarde en todos aquellas categorías necesarias, lo cual permitiría utilizar la tecnología, quirófanos, medios diagnósticos, consultas y resto de servicios a pleno rendimiento. Rescate de los centros sanitarios ya privatizados (hospitales, ambulatorios, call center, laboratorios…).

- No al copago/repago ni directo (con el pago en el momento de recibir la atención sanitaria) ni indirecto (excluyendo tratamientos de la cartera del Sistema Nacional de Salud para obligarnos a pagarlos totalmente o en parte).

- No al mercado sanitario. Frente al sistema de competencia entre centros sanitarios para “atraer” pacientes (“que el dinero siga al paciente”), vuelta al sistema de cooperación/coordinación entre ellos.

- Potenciación de la investigación sanitaria en el sector público y desarrollo de una industria pública para los medicamentos más habituales y necesarios, con una dispensación de los mismos dentro del sistema. Control y transparencia estrictos de la industria farmacéutica. Puesta en marcha de una central de compras para abaratar costes.

- Garantizar que la formación continuada no responda a intereses privados o corporativos.

4. Salud en todas las Políticas.

- La salud de las personas depende no sólo de la atención sanitaria, sino también de factores sociales (como las condiciones de vida, de trabajo o la educación), factores económicos o factores medioambientales, entre otros. Las diferencias de salud en la población debidas a desigualdades socioeconómicas, medioambientales o de género son injustas y evitables.

- Por todo ello, para mejorar la salud de la población, es necesario que desde todas las políticas públicas (como educación, política social, medioambiente, urbanismo, trabajo e inmigración o economía y hacienda) se analice y evalúe el impacto sobre la salud de las personas que tendrá el desarrollo de las mismas y que todas ellas se reorienten para evitar esas desigualdades en salud.