El conseller de Salud, Martí Sansaloni, ha acordado destituir al gerente del Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, puesto que, según la investigación derivada de la muerte por tuberculosis del inmigrante de origen senegalés Alpha Pam, se han detectado irregularidades en la aplicación de los Reales Decretos 16/2012 y 1192/2012 y en los criterios enviados por el IbSalut el 30 de agosto de 2012, como es la emisión de compromisos de pagos, uno de los cuales firmado por el propio Pam.

Así lo ha indicado Sansaloni, acompañado por el director general del Servicio de Salud, Miquel Tomás, quien, en rueda de prensa, ha informado sobre las conclusiones de la investigación y ha revelado también que instará a la apertura de tres expedientes disciplinarios a la coordinadora de Admisión, al enfermero que hizo el triaje y la doctora del Hospital de Inca que lo atendió.

Según ha dicho el conseller, "el tema del compromiso de pago" es algo que "se ciñe" exclusivamente al Hospital de Inca, donde éstos se realizaban "de forma habitual", ha añadido Tomás. Así, Sansaloni ha asegurado que en Son Espases no se han entregado y que en el Hospital de Can Misses (Ibiza) únicamente existe una reclamación en el caso de una persona de nacionalidad rumana que presentó la queja -por un tema relacionado con su seguro privado- tras recibir la asistencia . En este sentido, el director general del IbSalut ha apuntado que la coordinadora de Admisión, quien presentó el compromiso de pago al inmigrante fallecido, debía también conocer la normativa y hacerla aplicar en el marco de sus competencias.

En relación a la atención sanitaria recibida por Alpha Pam, la investigación concluye que la doctora que lo atendió en el Hospital de Inca -quien le diagnosticó bronquitis- pudo cometer un error de diagnóstico al no haber aplicado las normas de actuación ante un caso de posible contacto con tuberculosis.

Expedientes sancionadores

Sobre los expedientes disciplinarios, Tomás ha explicado que se debe "abrir una investigación" de la que se "puede derivar un expediente sancionador, o no". Preguntado por si Alpha Pam hubiese fallecido en el caso de tener tarjeta sanitaria, Sansaloni ha recordado que los criterios establecidos por la administración suponen que las enfermedades de salud pública deben ser atendidas en Urgencias hasta que los pacientes reciban el alta médica. Por ello, ha abogado por "redoblar esfuerzos" para que estos criterios se apliquen tanto en los centros de salud, como en los hospitales.

Asimismo, el conseller ha asegurado que, según el visionado de las imágenes de las cuatro cámaras de seguridad, Pam no acudió a Urgencias del Hospital de Inca el pasado 13 de abril, tal y como consta en la reclamación efectuada por un amigo suyo.

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Destituido el director del hospital balear por la muerte de un senegalés sin papeles
en El País

El Gobierno de Baleares (PP) destituyó ayer al director gerente del hospital de Inca, Mallorca, Fernando Navarro, tras la investigación abierta a raíz de la muerte por tuberculosis, el pasado 21 de abril, del senegalés Alpha Pam. Era un inmigrante sin papeles de 28 años que falleció en su casa sin haber recibido un diagnóstico certero ni un tratamiento. Además, una médica y dos enfermeros han sido expedientados por la posible equivocación en el diagnóstico.

Un informe de la Consejería de Salud indica que se “pudo cometer un error de diagnóstico al no haber aplicado las normas de actuación ante un caso de posible contacto con tuberculosis”, algo que pasó “inadvertido” tanto para la doctora de urgencias como para el enfermero que efectuó la evaluación inicial al llegar al hospital. También se ha expedientado al funcionario coordinador de Admisión del centro sanitario.

A Alpha Pam le diagnosticaron bronquitis en Inca, sin efectuarle una radiografía ni decidir su ingreso. El consejero, Martí Sansaloni, reconoce fallos y mala práctica interna en su sistema administrativo y asistencial, pero el Gobierno balear niega las críticas de que el paciente no fue atendido por ser un inmigrante sin papeles. Aseguran que se atiende en urgencias, de manera universal y sin cobro, a inmigrantes menores, embarazadas, desvalidos y portadores de las llamadas enfermedades de salud pública y mental. El Gobierno balear indica que se cumple la normativa que regula el derecho a la prestación sanitaria a ciudadanos “en situaciones especiales”.

En las urgencias del hospital de Inca y de otros centros públicos de Baleares, a los inmigrantes sin papeles se les exige que firmen un compromiso de pago, como requisito previo a ser atendidos, una factura con el coste de su atención. Esta práctica se ha extendido en varias comunidades tras el nuevo decreto del Gobierno central sobre atención a inmigrantes. Aunque la mayoría de las veces la Administración autonómica no cobra esa factura, supone una barrera para el acceso y una carga de incertidumbre para estos enfermos.

El caso de Alpha Pam pudo atascarse por estas razones. El africano fallecido residía desde hacía ocho años en España, pero no disponía de la tarjeta sanitaria. El senegalés fue dos veces al ambulatorio local de Can Picafort, donde le atendieron fuera del horario y por solidaridad los médicos del sistema público, que le hicieron una prueba primaria de tuberculosis que dio negativa. Y le enviaron al hospital de Inca para que le hicieran una radiografía. Fue el 5 de abril a urgencias, pero le diagnosticaron bronquitis y su tuberculosis pasó inadvertida. Los amigos dicen que el joven acudió de nuevo el 13 de abril pero que no le atendieron.

Sin embargo, las indagaciones oficiales en este centro sanitario, que incluyeron el visionado de las grabaciones de cuatro cámaras de seguridad, y los portavoces de la consejería rechazan que Alpha Pam acudiera en una segunda ocasión. Y afirman que el hospital tenía activado desde el 18 de febrero el protocolo de salud pública tras haber detectado dos casos de tuberculosis en dos menores del entorno del senegalés. Salud afirma que trataron de dar con él pero que no lo consiguieron.

El caso ha abierto una tormenta política, tanto en las islas como en el Congreso. El PP balear rechazó crear una comisión parlamentaria de investigación que exigieron el PSOE y el grupo Més, que ayer reclamaron responsabilidades políticas y el cese del consejero de Salud, Martí Sansaloni. Mabel Cabrer, portavoz del PP, dijo que la izquierda quiere sacar rédito de situaciones desgraciadas con “demagogia, mentiras y alarmas”.

En el Congreso, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, responsabilizó al decreto que excluye de atención sanitaria a los inmigrantes, firmado por la ministra del ramo, Ana Mato. Y la hizo responsable “políticamente”, informa Anabel Díez. La ministra dijo que “a veces se comenten errores”, pero defendió que “nadie que lo necesite con urgencia deja de ser atendido”, y recordó que esta materia es competencia de las comunidades. Con 300 euros se hubiera podido atender a este inmigrante, aseguró Martínez Olmos.

La mayor parte de la plantilla del complejo hospitalario de Inca protestó ayer por los expedientes de destitución de su gerente y las posibles depuraciones de tres empleados. Los trabajadores reclamaron “a los políticos” la asunción de responsabilidades. El Colegio de Médicos de Baleares defendió al director cesado por su labor y solicitó “una reflexión” al consejero.

La ONG Médicos del Mundo, en un comunicado conjunto con la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc), declaró ayer que la culpa no procede de un error de unos médicos o enfermeras sino que es consecuencia del decreto que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. “No es la mala praxis de los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la imposición de una legislación que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública”.

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Sansaloni destituye al gerente del hospital de Inca por la muerte de Alpha Pam
en El Mundo

"Debía conocer y aplicar correctamente la normativa", ha dicho Sansaloni durante la rueda de prensa en la que ha anunciado esta mañana la destitución y ha explicado las conclusiones de la investigación, que permanece abierta. Según el conseller, el gerente debió "aplicar la normativa de atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular".

La conselleria, además, ha abierto tres expedientes disciplinarios: uno a la coordinadora de Admisión; otro al enfermero que hizo el triaje del paciente; y un tercero a la médico que atendió a Alpha Pam en el Hospital Comarcal de Inca.

Según ha dicho el conseller, "el tema del compromiso de pago" es algo que "se ciñe" exclusivamente al Hospital de Inca, donde éstos se realizaban "de forma habitual", ha añadido Tomás. Así, Sansaloni ha negado que en Son Espases se haya entregado alguno y ha matizado que en el Hospital de Can Misses (Ibiza) únicamente existe una reclamación en el caso de una persona de nacionalidad rumana que presentó la queja -por un tema relacionado con su seguro privado- tras recibir la asistencia, informa Europa Press.

El director general del IbSalut ha apuntado que la coordinadora de Admisión, quien presentó el compromiso de pago al inmigrante fallecido, debía también conocer la normativa y hacerla aplicar en el marco de sus competencias.

En relación a la atención sanitaria recibida por Alpha Pam, la investigación concluye que la doctora que lo atendió en el Hospital de Inca -quien le diagnosticó bronquitis- pudo cometer un error de diagnóstico al no haber aplicado las normas de actuación ante un caso de posible contacto con tuberculosis.

Sobre los expedientes disciplinarios, Tomás ha explicado que se debe "abrir una investigación" de la que se "puede derivar un expediente sancionador, o no".

Preguntado por si Alpha Pam hubiese fallecido en el caso de tener tarjeta sanitaria, Sansaloni ha recordado que los criterios establecidos por la administración suponen que las enfermedades de salud pública deben ser atendidas en Urgencias hasta que los pacientes reciban el alta médica. Por ello, ha abogado por "redoblar esfuerzos" para que estos criterios se apliquen tanto en los centros de salud, como en los hospitales.

Asimismo, el conseller ha asegurado que, según el visionado de las imágenes de las cuatro cámaras de seguridad, Pam no acudió a Urgencias del Hospital de Inca el pasado 13 de abril, tal y como consta en la reclamación efectuada por un amigo suyo.

Vivía desde hacía 8 años en España

Alpha Pam, natural de Senegal, falleció el pasado 21 de abril de tuberculosis presuntamente sin haber recibido atención sanitaria.

La ONG Médicos del Mundo explicó cuando denunció el caso que Alpha Pam vivía desde hacía ocho años en España y antes de fallecer comenzó un periplo por los centros de salud durante seis meses y aunque se le facilitó medicación no se le dio ningún diagnóstico y se le remitió al Hospital de Inca, cuyo gerente ha sido destituido hoy, para que le sometieran a unas pruebas.

Según la ONG, Alpha Pam no fue atendido en dos ocasiones por no tener tarjeta sanitaria, la misma razón por la que no se le derivó al especialista.

La tercera vez que acudió al mismo hospital y ante su insistencia, subrayó Médicos del Mundo, fue atendido durante cinco minutos, le obligaron a firmar un compromiso de pago, pero no se le tomó ninguna radiografía, ignorando las petición del centro de salud.

Los medicamentos genéricos que se le facilitaron, según la ONG, no le produjeron ninguna mejoría a pesar de que su estado denotaba los clásicos síntomas de la tuberculosis, y tampoco en ningún momento se decidió su ingreso hospitalario, debido a su situación documental, prosigue.

Pam tomó siempre la medicación prescrita según los consejos médicos pero murió el 21 de abril en su casa de Can Picafort (Santa Margalida, Mallorca), según cuenta la ONG.

Atención garantizada

Durante la rueda de prensa, el conseller ha reiterado en varias ocasiones que los criterios de atención a los inmigrantes en situación irregular son "claros" y que la atención de urgencias y gratuita está garantizada a menores, embarazadas, enfermedades de salud pública y mental, asilo político o víctimas de tráfico de seres humanos.

Tomás, por su parte, ha matizado que, por ejemplo, si un inmigrante en situación irregular sufre un atropello "sí que hay un tercero que está obligado al pago y esto se tiene que reclamar, pero nunca al paciente, ni al acompañante".

En relación a las reuniones que el propio conseller mantuvo con representantes de Médicos del Mundo en las que, según ha dicho la entidad, le advirtieron sobre esta posible situación, Sansaloni ha dicho que les pidió la "máxima precisión en cada uno de los casos". También ha indicado que en la última reunión le enseñaron una factura de atención urgente que había sido anulada previamente".

El responsable autonómico de Salud ha dicho también que ya ha comenzado "la maquinaria para actuar de oficio" y devolver las cantidades que se hayan podido cobrar mediante estas facturas sanitarias, si bien no ha detallado si ya se ha devuelto alguna cifra en concreto.

Casos de tuberculosis

En relación a los casos de tuberculosis, Tomás ha indicado que se trata de una enfermedad que no ha sido erradicada en España ni en Baleares, por lo que se dan entre 150 y 170 casos anuales, al evolucionar "de forma crónica". No obstante, ha remarcado que no existe ningún "repunte o brote" respecto a años anteriores.

"Estás más ligados a unos colectivos en los que la higiene puede ser un factor condicionante en el desarrollo de la enfermedad", ha dicho el responsable del Servicio de Salud, antes de indicar que en Palma hay más casos que en la Part Forana debido a un mayor número de habitantes.

En este sentido, se ha manifestado también el conseller, quien ha reiterado que "no existe ningún repunte" y que los parámetros se encuentran dentro de la "normalidad", por lo que situación está "controlada". El caso de Pam, ha remarcado, se trató de "un caso que no tuvo diagnóstico".

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'No son errores, sino que la culpa es de la ley'
en El Mundo

La Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Familia (SEMFYC) y la organización Médicos del Mundo no han tardado en responder a la ministra de Sanidad respecto a sus declaraciones sobre la muerte de un joven senegalés que no fue atendido en el hospital de Inca.

Donde Ana Mato sólo ve un "error", las organizaciones médicas ven "consecuencias de la ley", tal y como señalan en un comunicado.

"La muerte de Alpha Pam ha destapado hasta qué punto una decisión legislativa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", subraya el texto en el que los profesionales sanitarios advierten de que el caso del senegalés que falleció a causa de una tuberculosis no es asilado.

"Las organizaciones que defendemos el derecho a la salud vemos cada día situaciones que podrían acabar de forma similar, porque la normativa aprobada el año pasado ha supuesto la retirada de la tarjeta sanitaria a miles de personas, que ya no tienen un facultativo de referencia a quien acudir".

La legislación -el RDL 16/2012-, remarcan "se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública".

Respecto a la apertura de expedientes investigadores a varios trabajadores del hospital, las organizaciones critican que "la solución no puede estar en criminalizar a las y los profesionales".

"La investigación abierta por la administración balear y su interpretación de los hechos buscan culpabilizar a los profesionales con los que se encontró Alpha Pam en su periplo", señalan. Sin embargo, "es la nueva normativa sanitaria la que no les permite realizar adecuadamente su trabajo".

En el caso de Alpha Pam no hubo mal praxis sanitaria, señalan. Lo cierto es que Alpha Pam, al carecer de tarjeta sanitaria, a pesar de llevar varios años empadronado en Mallorca, "no contaba con un doctor/a de referencia en el Centro de Salud; por tanto nadie pudo llevar a cabo un adecuado seguimiento del avance de su enfermedad desde el primer momento en el que él acudió, no se pudo activar el protocolo correspondiente en un caso de enfermedad transmisible, ni fue posible derivarle desde Atención Primaria a Especializada", señalan.

Otros casos

Médicos del Mundo cita en el documento otros casos en los que "las barreras establecidas en la reforma sanitaria" han impedido "un adecuado tratamiento de las patologías".

Así ocurrió en el caso de M.H., un joven paquistaní, también residente en Baleares, que fue atendido adecuadamente en atención primaria, citado en rehabilitación y al que se le tomaron las muestras para la realización de la analítica correspondiente.

Sin embargo, el resultado de las pruebas diagnósticas no se ha podido enviar de vuelta al centro de salud, porque al no tener tarjeta sanitaria el sistema informático no permite el procesamiento.

Para ambas organizaciones, en lugar de echar la culpa a los profesionales, la única vía pasa de acabar con los problemas pasa por "derogar una ley que más que ahorro, genera caos y enfermedad".

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Solicité una mamografía de control de un nódulo mamario a Antonia al Hospital Infanta Cristina de Parla. A los 15 días, le llamaron indicándole que se lo iban a hacer en una clínica privada concertada porque en el hospital no se lo hacían (esto es lo que entendió la paciente, no le hablaron de tiempos de espera).

Acuden ambas a la mencionada clínica y le informan que, ya que aportan una derivación del Servicio Madrileño de Salud, pueden realizarse además una densitometría “porque es necesario a sus años” por tan solo 15 euros, tanto la paciente como su acompañante. Añaden que “si viniera de fuera, sin la derivación, costaría la prueba 60 euros“. Vamos, un chollo. Obviamente, ante semejante oferta deciden realizarse la prueba. Y así llegan a mi, tan felices, para que les cuente que hacen. Antonia algo más triste porque le han dicho, también en el mostrador, que tiene “los huesos regular” (Tscore CL -1.8, T score CF -1.5), no así su cuñada, que ella “está muy bien”.

Ante mi cara de estupefacción, me comentan que esa oferta se la hacían a todas las mujeres que acudían como ellas, y que la mayoría lo aceptaban. ¡Viva la promoción de enfermedades y la extensión de conciencia de enfermedad en la población! Y, como no, ¡viva el dinerito fácil! que, además, entra a raudales tal y como se está derivando desde el SERMAS.

¿Por qué no le dan cita en el Hospital Infanta Cristina? ¿Por qué una clínica con un concierto induce a las mujeres a realizarse una prueba médica, sin ningún tipo de indicación ni criterio salvo el del administrativo /auxiliar de turno? ¿Esto es éticamente aceptable? ¿De esto se trata la colaboración público-privada?

Porque si se confirma que el senegalés Alpha Pam, de 28 años, murió por ese motivo, nadie podrá sostener con seriedad que se puede cercenar el gasto sanitario manteniendo la calidad del servicio y la cobertura universal, como pretenden los inventores de la política de austeridad y los que les aplauden la gracia. Maldita la que tiene ese relato fantástico, que resulta ser un cuento para no dormir.

Por muy necesario que sea para la buena marcha de la economía el control de la deuda, cae de cajón que la sanidad es el primero de los renglones de gasto público que no admite recortes, porque aparejan pérdida de calidad del servicio y reducción del número de beneficiados. Afirman que son necesarios para evitar la bancarrota del sistema, pero lo que buscan es convertir la salud en un negocio privado. La decisión de negar asistencia médica en los centros públicos a los que no tengan tarjeta sanitaria carece de sentido: lo que se ahorra por ahí no cuadra las cuentas ni asegura la viabilidad del sistema. Constituye en sí un acto de inhumanidad siempre, y de demagogia xenofóbica si el afectado es un inmigrante.

Teníamos los españoles una sanidad pública de la que sentirnos satisfechos y aun orgullosos. A los que no la necesitan les parece mucho tener.

Un ejemplo de ello se manifestó a mediados de los noventa, durante las movilizaciones sindicales de los trabajadores del Sergas (Servicio Galego de Saúde) para reclamar que se les equiparara el sueldo con los funcionarios de la Xunta cuando las competencias sanitarias fueron transferidas a las comunidades autónomas. "Durante la manifestación central de la protesta corrió el rumor de que CCOO y CESM [el sindicato médico] habían firmado el día anterior un acuerdo con unas condiciones inferiores a las que estábamos barajando", cuentan fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG). El rumor se confirmó al día siguiente y se desconvocaron las protestas.

Ese mismo paralelismo entre Comisiones y la Administración, aseguran fuentes cercanas al caso, se reprodujo años después en Madrid, cuando él ya era presidente del Insalud y ella, secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO. Este último, un ascenso promovido por José María Fidalgo, secretario general del sindicato entre 2000 y 2008, muy a pesar de los compañeros gallegos de Alende, según las mismas fuentes.

Las fechas de promoción de ambos miembros de la pareja coinciden con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, la ranura por la que se ha colado la privatización sanitaria que ha puesto en pie de guerra a la marea blanca. La normativa fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV. Durante su tramitación, CCOO fue la única organización sindical que aplaudió las iniciativas del entonces ministro José Manuel Romay Beccaría, mientras IU y BNG advertían del peligro que entrañaban las "nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". El PSOE también se relajó, indican las citadas fuentes a Público, cuando garantizaron, simplemente, que la titularidad de los centros de salud seguiría siendo pública.

Tras la votación unánime en el Parlamento, CCOO valoraba "positivamente" el acuerdo alcanzado, según una nota de prensa enviada a los medios el 21 de febrero de 1997. En este documento, María Xosé Alende afirmaba que ese consenso iba a "mejorar" y "consolidar" el Sistema Sanitario Público. Alende dejó el cargo en 2009 y ahora trabaja en la consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Público ha conseguido contactar con ella, si bien una vez planteado el asunto que ocupa este artículo, la comunicación se ha cortado. Después ha sido imposible volver a hablar con Alende porque el teléfono de la sala donde trabaja estaba descolgado, según ha informado la telefonista de la centralita.

Sobre esa valoración de la ley, la dirección actual del sindicato, según ha afirmado a Público mediante un comunicado, recuerda que "ha sido la única organización que ha impugnado jurídicamente todos los pliegos de condiciones que han supuesto privatización parcial o total de la gestión de nuestro Sistema Sanitario".

El sindicato señala además que en el pasado 10º Congreso de la FSS-CCOO, celebrado en Toledo en enero de este año, se aprobó una Resolución única que reza: "Reivindicamos la modificación del punto dos del artículo único de la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formulas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para garantizar que la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos, además de con medios propios, sólo se podrá hacer mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad. Así como el mantenimiento del carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de los servicios".

La ley que CCOO aplaudió en 1997 abría, sin embargo, la puerta a que se pudiera gestionar la sanidad mediante "acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas".

El sindicato añade que "no entra a valorar las afirmaciones sobre las relaciones personales [entre Feijóo y Alende] porque esta cuestión pertenece a la esfera personal de sus vidas".

Feijóo explicó las fotos que demuestran su amistad con el narco Dorado en el Parlamento gallego el pasado mes de abril e incluso reconoció que empresas de Dorado tuvieron contratos con la Xunta. Justo ayer, el presidente gallego alegó que el Ejecutivo ya no guarda esos contratos.

“El gasto sanitario público se ha reducido en 2012. Hay menos volumen de actividad quirúrgica y por tanto tienen que aumentar las listas de espera”, señala José Ramón Repullo, profesor del Instituto de Salud Carlos III. Según una encuesta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) realizada entre sus miembros, los conciertos se han reducido este año un 15% en volumen, es decir, en número de pacientes, y un 9% en el precio que pagan las Administraciones por derivar las pruebas o las operaciones. La FNCP no proporcionó las cifras absolutas ni el desglose por comunidades. Otro estudio de la consulta DBK sí ofrece cifras: en 2012, por primera vez, descendió el gasto en conciertos. Las administraciones públicas gastaron en derivar a las clínicas privadas 1.490 millones de euros, un 6,3% menos que el año anterior.

“Es evidente que todas estas medidas acabarán generando un incremento en los días de espera”, asegura Manuel Vilches, director de Operaciones de Idis, fundación que representa al sector sanitario privado. “Es muy complicado recortar el presupuesto en nóminas; es más fácil con los conciertos, pero el efecto inmediato es que se incumple el compromiso de la lista de espera. Eso pone en riesgo a la sanidad privada y al paciente, lo cual es mucho más grave”, añade. “Es evidente que si en el actual escenario las listas de espera son importantes, cualquier nuevo elemento —disminución de la derivación a la privada, eliminación de las peonadas o la jubilación de los mayores de 65 años— contribuirá al aumento, y que los tres elementos sumados probablemente las disparen hasta límites intolerables”, abunda Manuel Carmona, vocal de Medicina Privada de la Organización Médica Colegial. “Igualmente los hospitales públicos que reducen personal eventual tendrán más esperas; se supone que cuando se contrató este personal eventual fue por necesitarlo la actividad asistencial”, añade.

Lo cierto es que las listas de espera ya han acusado los recortes, y lo harán más aún, según todas las personas consultadas. “Aumentaron entre 2009 y 2012 una barbaridad, tanto en número de personas como en demora media”, señala Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad son de junio de 2012, es decir, hace casi un año que no se dispone de cifras oficiales sobre cómo los sucesivos recortes al gasto sanitario público están afectando a la asistencia. Y ni siquiera los datos de junio de 2012 son del todo fiables para establecer comparaciones, porque la serie estadística se rompió en el último corte.

Hasta entonces, y desde que en 2005 el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del cómputo nacional por hacer trampas —mientras el resto de comunidades empiezan a contar desde que el médico indica la operación, Madrid lo hace tras el preoperatorio, es decir, unos 30 días más tarde— en las cifras faltaba una autonomía. Al incluir a Madrid en junio pasado, las cifras dejan de ser comparables. Pese a ello, la ministra de Sanidad, Ana Mato, tuvo que admitir que las listas habían crecido. Según un análisis de EL PAÍS, con datos de diez comunidades, entre diciembre de 2010 y junio de 2012 la demora media pasó de 32 a 72 días. El Ministerio no sabe cuándo volverá a dar datos. El próximo consejo interterritorial, que autoriza la divulgación de las listas, ni siquiera tiene fecha.

En Cataluña, las listas de espera de las 14 intervenciones con un tiempo máximo garantizado (cataratas, varices, juanetes, etcétera) ha aumentado un 35% solo en el último año. Madrid alcanzó su récord histórico en diciembre pasado, con 57.722 pacientes en espera, un 17,5% más que seis meses antes. Esta comunidad suprimió las llamadas peonadas —operaciones en horario de tarde, pagadas como horas extra— en enero y ahora pretende contratar personal de tarde en jornada ordinaria para sustituirlas. Asegura que sigue concertando lo mismo que antes. “Estamos trabajando para mejorar los rendimientos de los quirófanos por la mañana, siendo más rigurosos con las horas y las intervenciones programadas”, asegura un portavoz. En la Comunidad Valenciana, las listas de espera quirúrgicas subieron un 20% en seis meses, al pasar de 42.067 personas en junio de 2012 a 50.397 en diciembre. En julio, la Generalitat había eliminado el plan de choque por el que desde 1996 se remitían a clínicas privadas los pacientes que rebasaban los 90 días de espera. A diferencia de Madrid, Valencia apuesta por potenciar las intervenciones en la red pública por la tarde, pagando una retribución extra a su propio personal, es decir, con peonadas.

British Medical Journal (BMJ), la prestigiosa publicación de los médicos británicos, afirma:

El mito popular creado por la industria farmacéutica que desarrollar un nuevo medicamento cuesta de 1.000 millones de dólares (unos 750 millones de euros) permanece inmutable, a pesar que ha sido refutado en innumerables ocasiones.

Hay investigadores que se preguntan ¿qué obtenemos a cambio de todo ese dinero? No es cuestión baladí. En El País también se han publicado propuestas como que la Administración sólo financie medicamentos a precio de oro que funcionen. Es que además de inventarse las cifras de lo que cuesta producir un fármaco hay laboratorios que, con el consentimiento de las autoridades sanitarias, venden medicamentos poco o nada eficaces.

Ahora, también en El País, nos cuentan que hace poco, Andrew Witty, consejero delegado de la multinacional británica GlaxoSmithKline, se sinceró ante sus colegas que asistían a una conferencia en Londres: los aproximadamente 1.000 millones de euros que según la patronal del sector cuesta poner en el mercado un fármaco nuevo “es uno de los grandes mitos de la industria farmacéutica”.

¿De dónde sale esta cifra? Joan Tallada, consultor y profesor de Economía de la Salud, indica que su origen está en un estudio publicado en 2003 por Joe DiMasi y sus colegas de la Universidad Tufts de Estados Unidos. En él, utilizando datos proporcionados por las propias compañías, los autores llegan a la conclusión de que la Investigación más Desarrollo (I+D) de un nuevo medicamento alcanzaba en torno a los 800 millones de dólares, que luego se convertirían en los míticos 1.000 millones de euros.

Algunas observaciones:

-Estos datos están envueltos de conflictos de intereses de las fuentes.

-Las empresas trasladan los gastos generados por sus proyectos fallidos a los costes de sus productos exitosos.

-La tasa de coste de capital del 11% que adoptan DiMasi y sus colegas. Dicha tasa es el retorno que el inversor espera obtener por inmovilizar su capital durante los diez que puede tardar el desarrollo clínico del fármaco. ¿Es razonable?

Con la información de la que disponemos resulta muy difícil conocer el coste promedio real de la innovación farmacéutica (fijaos que las cifras que barajan los especialistas difieren) pero lo que parece claro es que el dogma de los 1.000 millones es cada vez menos sostenible. Si queréis profundizar en todo esto leed, como lo he hecho yo, el excelente libro de Merrill Goozner La píldora de los 800 millones de dólares.

Médicos de Mataró consultados se oponen a esta práctica. Mantienen que el hospital podría asumir “sin problemas” la actividad que Salud les ordena enviar a la privada, siempre que el departamento restituya parte de los recursos perdidos con el tijeretazo. El departamento admite que la derivación a la privada es una práctica extendida en los centros públicos catalanes, aunque no ofrece los datos.

Dos hospitales recibieron en 2012 pacientes enviados desde Mataró. Uno es el Hospital Universitari del Sagrat Cor. En manos de la multinacional médica Capio desde 2011 —tras comprarlo a la Alianza—, actúa también como proveedor del CatSalut “sobre todo para aligerar las listas de espera quirúrgicas”, afirma en su página web. El otro es el Hospital Platón, de una fundación privada. Este año se incorporarán a la lista de centros privados beneficiados por las derivaciones desde Mataró otro hospital también propiedad de Capio —el General de Cataluña, en Sant Cugat—, y el Sant Rafael, de una congregación religiosa, también en Barcelona.

Todas las intervenciones derivadas forman parte de la lista de las 14 más comunes cuyo tiempo de espera máximo está garantizado por ley y no puede superar los seis meses. Pero las listas de espera han aumentado tanto con los recortes que los plazos ya no se cumplen en la mayoría de los casos.

Ana L., de 61 años, llevaba dos años esperando una invervención de juanetes en Mataró cuando la llamaron. “Me dijeron que tenía que ir al Sagrat Cor”, explica. “Sinceramente, la idea de cambiar de hospital no me gustó. Llevo varias operaciones, y todas en Mataró. ¿Pero qué podía hacer?”, se pregunta la mujer, que será intervenida en unos días.

Si el CatSalut es incapaz de cumplir los plazos máximos de espera, los pacientes tienen derecho a reclamar al departamento. “Si rechazan la derivación, pierden este derecho, aunque siguen en la lista de espera con la misma antigüedad”, explicó una portavoz del hospital de Mataró. Como en el caso de Ana, los pacientes derivados desde la capital del Maresme son personas que han superado ese plazo, lo que muestra que Salud —cuyo consejero, Boi Ruiz, asumió públicamente que los recortes aumentarían las listas de espera— utiliza ahora esta fórmula para aliviar la situación, que se ha convertido en uno de los indicadores más evidentes del efecto de los recortes sobre la atención sanitaria.

Atender a los pacientes en la privada no es más barato. Los precios de la actividad en unos y otros centros son “similares” en hospitales de complejidad parecida, explicó un portavoz del departamento. “Se derivan pacientes de centros con largas listas de espera a otros que tienen todavía capacidad para asumir más actividad”, justificó.

Pero los profesionales de Mataró no lo ven así. “Vamos a perder casi un 10% de la actividad, cuando tenemos capacidad de sobra para operar a esos pacientes aquí", critica un oftalmólogo.

Este año será el primero que se deriven pacientes pendientes de ser operados de cataratas, al igual que sucede con las prótesis de cadera y las intervenciones para curar el síndrome del túnel carpiano. Los datos de actividad del hospital de años pasados, sin embargo, atestiguan que el centro podría asumir esas operaciones. Mataró operó a 1.638 pacientes en 2010 a cargo del presupuesto de Salud, pero solo a 1.333 el año pasado, un 18,6% menos. En contraste, Mataró deberá derivar este año al Sagrat Cor al menos otras 120 intervenciones de cataratas. Además, en muchas de las 14 operaciones garantizadas, Mataró supera cada año (a cargo de su propio presupuesto) la cifra contratada por la Generalitat a principios de ejercicio.

Otro aspecto problemático es que, en el caso de las intervenciones más complejas, el hospital asume luego el seguimiento y la rehabilitación de los pacientes operados por la privada, lo que supone una parte importante del coste total del procedimiento. “La privada solo coloca las prótesis. Nosotros hacemos todo lo demás y nos ocupamos de las complicaciones si las hay”, critica Xosé López de Vega, traumatólogo y miembro del comité de empresa.

López de Vega mantiene que una parte importante de los pacientes —hasta un 60%— rechazan ser derivados a otros centros y que el hospital, al contrario de lo que afirma su portavoz, sí los saca de la lista de espera activa. “Las derivaciones sirven así para limpiar la lista”, afirmó.

La sanidad “está hecha unos zorros”
Queja; denuncia que se suma a la realizada por los profesionales de Alcázar de San Juan, Villarrobledo, Hellín, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Albacete…la lista es tan amplia como centros hospitalarios existen en Castilla-La Mancha, “donde la sanidad está hecha unos zorros”, reconoce a este periódico el exgerente de uno de estos centros. “Está claro, están preparando la privatización de algunos hospitales, como lo prueba el despido de médicos y enfermeras, así como las contrataciones por meses de profesionales”, añade.

Sin medicamentos
Y para alcanzar estos objetivos, Cospedal y su polémico consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, nombraron equipos de yuppies venidos de Madrid o de las mismas filas del PP, que no dudan en aplicar la irracionalidad en aras de un ahorro que “sirva de atractivo para posteriores compradores”, dicen las mismas fuentes. Y como prueba de lo dicho, la denuncia de los profesionales de Tomelloso, que en su carta recogen la “negativa (por parte de la directora de gestiòn) en dos ocasiones a proporcionar medicamentos para tratamientos incluidos en la cartera de servicios (“lucentis”) con el pretexto de que son caros”, señalan.

Material clínico barato
Pero las tijeras de Cospedal, puestas en las manos de Ana María Aranda, que de administrativa rasa pasó a directora de gestión por razones que nada tienen que ver con sus conocimientos, van más allá. Llegan, incluso, a la “sustitución sin previo aviso de material clínico por otro más ‘barato’ sin ningún informe técnico de los especialistas y sin ninguna consulta a los responsables de los servicios”, concretan.

Coacciones e impagos
Suma y sigue. Los médicos denunciantes de estas clamorosas irregularidades, también reconocen “coacciones a los miembros de medicina interna, con amenazas de disminución de sus plantillas, por reclamar la atención hacia una mejor asistencia en la especialidad de cardiología”, al mismo tiempo que reconocen “impagos de emolumentos”, o la supresión de anestesistas en el servicio de guardia en un “hospital con atención obstétrica las 24 horas”, dicen en sus carta sin respuesta.

Cierre de camas y falta de uniformes
Todo esto es fruto de la inminente privatización del hospital de Tomelloso, donde “el marcado deterioro de las condiciones de los trabajadores” es notorio, como lo acredita la “restricción del número de uniformes y la no existencia de lencería en el fin de semana, con lo que se dificulta el cambio de ropa contaminada”, subrayan en la misiva, a la vez que recuerdan el “cierre sistemático de camas, con independencia de la presión asistencial”.

Falsos especialistas
A todo este cúmulo de despropósitos, hay que añadir la nada clara utilización de falsos especialistas, sin titulación homologada en España, que hacen las funciones de profesionales que sí superaron las oposiciones obvias para el desempeño de estos importantes trabajos. No podemos olvidar que estamos hablando de la salud de las personas y la idoneidad profesional es incontestable en estos casos, salvo, parece ser, en el hospital de Tomelloso. (Ver documento íntegro).

Nuevo varapalo judicial
Y es que al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, le encanta coleccionar huelgas, protestas, quejas, plantes y descontentos, además de sentencias en contra que ponen de manifiesto la nefasta gestión de este polémico político. La última viene también del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. En esta ocasión ha decretado la suspensión de la orden que recoge la integración del personal del Hospital Provincial de Toledo en el Sescam. Y van cuatro y no está cesado.

Miles de personas, entre profesionales del sector sanitario, ciudadanos y representantes de sindicatos y partidos políticos, han participado este domingo en la décima Marea Blanca que ha convocado la mesa en defensa de la sanidad pública en Madrid. Aunque no han aportado aún cifras de participación, los convocantes estiman que la participación ha sido más alta que en la anterior convocatoria de abirl.

Entre los asistentes ha estado la secretaria general de la federación de sanidad por Madrid del sindicato CCOO, Rosa Cuadrado, quien ha afirmado que no están de acuerdo con "el cambio de modelo sanitario" y que el gobierno regional "obvia la opinión de sus ciudadanos e incluso de sus votantes" al no tener en cuenta el resultado de la consulta realizada la semana pasada .

Por su parte, la secretaria de sanidad por Madrid de UGT, Mari Carmen Medranda, ha pedido "urgentemente" al presidente de la Comunidad; Ignacio González, que no vendan la sanidad de Madrid y que defiendan "una sanidad pública y de calidad como existía hasta ahora". Ha animado, además, al Gobierno autonómico a que haga una consulta oficial para que vea la opinión de sus ciudadanos.

Leer artículo original en Público

Una nueva 'Marea Blanca' marcha en Madrid
en Europa Press

El diputado de Izquierda Unidad en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, también ha participado en la manifestación y ha comentado que la consulta realizada entre los profesionales y usuarios de la sanidad madrileña demuestra que los ciudadanos han dicho "basta ya" y que declaraciones como la del presidente, Ignacio González, que definió la consulta como "antidemocrática" se reafirman que desde el gobierno están "nerviosos".

Finalmente, una de las portavoces de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, Mari Nieves Lozano, ha deseado que "ojalá fuese la definitiva" 'Marea Blanca' pero que seguirán pidiendo una sanidad "publica, de calidad y universal, que ya ha dejado de serlo". Ha concluido respondiendo al consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, afirmando que una "parodia" es lo que hicieron los anteriores consejeros, "vender los laboratorios para luego estar en las juntas directivas de las empresas privadas".

La manifestación ha partido desde la plaza de Neptuno a las 12.00 horas y ha terminado a las 14.00 horas en la Puerta del Sol, donde se ha leído un manifiesto en defensa del sistema madrileño de salud. Aunque la participación ha sido alta, el número de asistentes ha sido menor que en anteriores ocasiones.

Leer artículo original en Europa Press

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“Habitual no es, no todo el mundo tiene un amigo neurocirujano al que se lo pueda pedir, pero ni he conculcado el derecho de nadie ni ha supuesto ningún coste adicional”, admitió ayer en declaraciones a este diario el gerente del centro de Hellín, José Luis Sánchez Plaza.

La denuncia la lanzó ayer José Samaniego, el presidente de la junta de personal del área sanitaria de Albacete y vocal del sindicato médico (CESM). Samaniego calificó de “irregular”, la operación, tal y como recoge Efe, ya que por la tarde solo se abren los quirófanos del hospital de Hellín en casos de urgencia. Lo ocurrido no es “ético”, manifestó, más aún teniendo en cuenta que en el centro se ha prescindido de 18 profesionales y más de 700 en toda la región como consecuencia de los recortes que ha ejecutado la Junta de Castilla-La Mancha, añadió el responsable del sindicato médico.

Sánchez Plaza justificó ayer la decisión de trasladar a su madre con el argumento de que se pretendía evitar inconvenientes a los pacientes que se encuentran en la lista de espera quirúrgica en Albacete. Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha explicaron que la madre de Sánchez Plaza sufrió un empeoramiento de la lesión que padecía en la columna vertebral, lo que amenazaba con causar problemas irreversibles de movilidad y sensibilidad. Por ello, se optó por intervenirla de forma urgente. La solución normal pasaba por “operarla en el hospital de Albacete y sacar de la lista de espera a uno de los pacientes que aguardaba ser intervenido para sustituirlo por mi madre”. En lugar de esta opción, el gerente del hospital comentó que se decidió que fuera operada en el centro que él mismo dirige, que tiene una menor presión asistencial, para no distorsionar las esperas en Albacete.

Sánchez Plaza, señaló que sí se practican intervenciones vespertinas en Hellín. “Al margen de las urgentes, puede haber hasta cuatro a la semana”. ¿De quién fue la decisión de operar a su madre? “No fue mía, depende de los jefes de servicio”, respondió a este diario.

En el año 2011 Capio facturó algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más de 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones.

La opacidad de este grupo empresarial impide conocer quiénes son sus accionistas reales. A través de un entramado de 5 empresas llamadas CVC European Equity Partners, con sede en el paraíso fiscal las Islas Caimán es propietarias de HCL Holdings Sàrl. A su vez ostenta el 100% del capital social de HCI SA y ésta es propietaria de HC Investment Sàrl y HC Investment BV –todas ellas con sede en otro paraíso fiscal, Luxemburgo. Esta última es la única accionista de Capio Sanidad Holding SL que a través de Desarrollos Empresariales Piera SL posee las 10 empresas que explotan los servicios sanitarios públicos construidos con el dinero de la ciudadanía.

El objetivo de las empresas de capital riesgo es obtener el máximo beneficio de sus inversiones en el menor tiempo posible.

Es inaceptable que la gestión de la salud pública caiga en manos de especuladores ajenos a las necesidades sanitarias de la población. Este entramado de empresas no sólo especula con la sanidad, sino que participa en negocios inmobiliarios, inversiones especulativas, infraestructuras, telecomunicaciones, industria farmacéutica y todo aquello que pueda ofrecer sumas millonarias en poco tiempo.

En la actualidad Capio gestiona además de numerosos centros de especialidades, los siguientes hospitales:

Fundación Jimenez Díaz.
Hospital Rey Juan Carlos
Nuevo Hospital Público de Collado Villalba
Capio Hospital General de Catalunya. Barcelona
Hospital Universitario Infanta Elena
Hospital de Valdemoro
Hospital Puerta de Hierro
Capio Clínica Albacete
Capio Hospital Sur de Alcorcón
Capio Hospital Tres Culturas. Toledo

Uno de los mayores escándalos en cuanto a relación público-privado se refiere, es el Hospital de Villalba. Este centro construido por la administración pública permanece cerrado, y sin embargo Capio recibe mensualmente de la Comunidad de Madrid 900.000 euros para unos gastos no justificados. Para su explotación se formó una sociedad snónima constituida por Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Hospital Sur S.L., F.Fortwart y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. Estas dos últimas no están en absoluto relacionadas con la actividad sanitaria, de hecho F.Fortwart es un pequeño estudio de arquitectos que trabaja habitualmente con Víctor Madera y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. se dedican entre otras actividades a la energía nuclear.

Capio no ha estado exenta de polémica en los centro públicos que ya gestiona. Personal sanitario ha denunciado presiones para derivar pacientes graves que requieren una atención por la que obtendrían menores beneficios económicos a hospitales de exclusiva gestión pública así como derivar la realización de pruebas diagnósticas a centros privados. Numerosas pacientes han constatado chantajes para someterse a operaciones leves en centros concertados con la excusa de disminuir la lista de espera.

Además, Capio ha mostrado reiteradamente interés en la compra de su máximo competidor Ribera Salud. Si esta compra llega a consumarse ostentaría el monopolio de la privatización de la sanidad en todo el Estado.

No queremos amenazar ni coaccionar pero consideramos legítimo informar a la ciudadanía, en un ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión (recogido en el artículo 20 de la Constitución Española), del deterioro evidente que las políticas de privatización suponen sobre el acceso a una sanidad pública, gratuita y universal, derecho humano recogido en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por ello queremos señalar y poner cara tanto a aquellos que aprueban la legislación que permite la entrada de empresas en la sanidad (que comienza con la aprobación de la Ley 15/97 gracias a los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC) como a aquellos que pretenden lucrarse a costa de la salud y los impuestos de todos. Informaremos, por tanto, a nuestros conciudadanos de quiénes son los responsables de esta política privatizadora, por la cual unos pocos se lucran ilegítimamente a costa de menoscabar los derechos humanos, en cualquier espacio público en el que hagan acto de presencia, véase cuando los gerentes lleguen a los centros de salud u hospitales que traten de privatizar.

El permitir que Capio continúe recibiendo concesiones por parte de nuestra Administración es inadmisible. La manifiesta opacidad de la empresa y de sus responsables, la experiencia acumulada en los hospitales que llevan años siendo de gestión privada aun financiándose con dinero público, así como toda la información que ha sido posible obtener en este informe nos muestra que el único objetivo de la privatización y la entrada de Capio en la sanidad es la especulación con nuestra salud.

Llevamos meses oyendo hablar del gasto que supone sostener nuestro sistema sanitario, cuando la salud es una de las mayores inversiones sociales que tenemos. Ninguna empresa como Capio va a tener interés en gestionar un servicio que no le reporte beneficios económicos, y este simple hecho nos muestra las verdaderas intenciones que hay tras su interés por la sanidad madrileña.

Y aun entrando en el discurso del gasto y del ahorro, no existe informe alguno que acredite que la gestión privada sea más barata. De hecho los estudios que sí se han hecho comparando sistemas de gestión pública y sistemas de gestión privada han demostrado que la privatización encarece los servicios prestados y reduce la calidad de las prestaciones; ya que el fin último es el beneficio económico y no el beneficio social.

Es intolerable que los rendimientos económicos primen por encima de la salud y la vida de las personas. La salud es un derecho fundamental, y es por esto que no permitiremos la privatización de uno de los sistemas sanitarios que sirve de referente para muchos países del mundo.

Profesionales de la sanidad y pacientes nos unimos para hacer pública esta información.

Nos cuenta la red que este “señor” es licenciado en Ciencias de la Información, y a una le parece que está más próximo a ser licenciado en ciencias de la eugenesia, es decir, del perfeccionamiento de la especie humana, que es lo que pretendió Hitler.

Espada dice que las personas con diversidad funcional (lo que él llama “discapacidad”) somos enfermos. Según eso, quien esto escribe (que es una persona que tartamudea y va en silla de ruedas) debería ser doblemente enferma; sin embargo, no lo es. Es como antes fueron los negros y los miembros del colectivo LGTB: diferente, pero no enferma. Gracias a la evolución del pensamiento, la diversidad funcional dejó de ser sinónimo de enfermedad hace mucho tiempo, aunque el licenciado en ciencias de la información esté tan desinformado al respecto. Las PDDFs (Personas Discriminadas por su/nuestra Diversidad Funcional) ya no somos seres defectuosos a los que los médicos han de rehabilitar para que luego puedan reinsertarse en la sociedad. Las PDDFs somos la prueba palpable de la diversidad humana. Las PDDFs sólo funcionamos de forma diferente a como funciona la mayoría en distintos ámbitos (físico, sensorial, intelectual o psíquico), pero no tenemos ningún defecto; es la sociedad la que lo tiene, por no estar hecha para todos; y es la sociedad la que debe incluirnos, no nosotros integrarnos. Esta filosofía es la base de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, que el
desinformado Espada no conoce.

Quédese, Arcadi Espada, en su mundo de “inteligentes, más sanos y mejores”. Mejor dicho, búsquese un mundo donde sólo haya seres así porque este mundo, el de todos, es diverso por naturaleza. En él convivimos -por utilizar sus palabras- los inteligentes, más sanos y mejores con los tontos, enfermos y peores. Eso sí, no esté Vd. tan seguro de formar parte del primer grupo. De hecho, a tenor de sus ideas debería estar en el segundo, es decir, en ése a cuyos miembros usted no les permitiría nacer.

Y joróbese cuanto pueda y quiera: en el mundo siempre habrá lugar para nosotros, personas con diversidad funcional. El pensamiento único, la raza superior y la uniformidad humana no existen y nunca existirán. El ser humano es diverso, frágil y vunerable por naturaleza, aunque sus neuras, Espada, le hagan creer (o querer) lo contrario.

Maika Imedio
Activista pro DD.HH. de las personas con diversidad funcional
Licenciada en Filología Francesa

Esta postura se ha hecho pública tan sólo unos días antes de que se lance al mercado el nuevo manual diagnóstico DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría, cuya elaboración no ha estado exenta de polémica, tal y como hemos ido informando a través de Infocop.

El director del NIMH, Thomas Insel, ha señalado en una nota de prensa que esta decisión ha sido tomada dado que el DSM carece de validez y que “los pacientes con trastornos mentales se merecen algo mejor”.

Como resultado de este posicionamiento, que ha sorprendido al mundo de la investigación y al público en general, el NIMH ha informado que a partir de ahora financiará de manera preferente aquellas investigaciones que no se ajusten a la clasificación DSM:

“En el futuro, vamos a apoyar los proyectos de investigación que consideren más ampliamente las categorías tradicionales – o que subdividan las categorías – para empezar a desarrollar un sistema mejor ¿Qué significa esto para los solicitantes? Los ensayos clínicos deberán tener en cuenta a todos aquellos pacientes con estados de ánimo clínicos, en vez de solamente aquellos que cumplan estrictamente los criterios para el trastorno depresivo mayor”, por ejemplo.

El fin último del NIMH es el desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de los trastornos mentales, que no se base en la agrupación de síntomas por consenso de expertos (tal y como se hace en el DSM). Para ello ha puesto en marcha el proyecto Research Domain Criteria (RDoC) que pretende recopilar información procedente de la genética, las pruebas de neuroimagen, las ciencias cognitivas y otros datos fisiológicos, para identificar e integrar los componentes vinculados a los síntomas de enfermedad mental. Si bien este enfoque también ha sido criticado por su carácter reduccionista y por no tener en cuenta otros factores decisivos de tipo ambiental, conductual y social, la ruptura del NIMH con el DSM supone un importante varapalo para la Asociación Americana de Psiquiatría, así como marcará el inicio de una nueva etapa en la comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales.

Este posicionamiento reafirma aún más el rechazo de numerosas instituciones vinculadas a la salud mental hacia las categorías diagnósticas del DSM-V. Tal es el caso de la Asociación Americana de Psicología, cuya postura ha sido apoyada por más de 50 organizaciones de salud mental en todo el mundo, incluido el Consejo General de Psicología de España.

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4564&cat=44

http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml

http://www.nimh.nih.gov/research-priorities/rdoc/index.shtml

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Qué pensaran los psiquiatras que hasta el National Institute of Mental Health (NIMH) les ha dado la espalda, justo cuando van a presentar el DSM 5, previsto para el 18 de Mayo, este blog lo lleva diciendo años que tanto el DSM como la especialidad tienen los días contados, el enfoque tronado del diagnóstico de la mal llamada enfermedad mental, usando casi único criterio la “entrevista diagnóstica” y lo que le salga de las narices contar el paciente o las impresiones diagnósticas del psiquiatra y un criterio clasificatorio meramente descriptivo, que hay que retroceder a los manuales de medicina de la edad media para encontrar algo parecido, añadiendo que la totalidad del gasto en salud mental se dedica a gastar en sueldos y no en una clínica de enfoque médico, ha llevado a un callejón sin salida a la especialidad cuyo único futuro es la disolución. Si esto ha funcionado hasta ahora es porque la psiquiatría se ha movido más en el ámbito legal y forense (un conjunto vacío en matemáticas) que en la propia medicina.