Aguirre miente: ¿30 días para operación y 40 para prueba diagnóstica?

A pesar de que Esperanza Aguirre, y su consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty aseguran que nadie tiene que esperar más de 30 días para ser operado y de cuarenta para ser diagnosticado en la Comunidad de Madrid, hay numerosos casos en los que no se cumple esta promesa de los del PP:

El Defensor del pueblo cita en un informe casos de esperas como la de un año y medio en el servicio de Cirugía del hospital Clínico San Carlos de Madrid por un caso de obesidad mórbida; demoras de tres años y medio para la realización de pruebas de alergia a medicamentos en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares; de diez meses para la realización de un electromiograma en el hospital Puerta de Hierro, o diez meses en el servicio de cardiología (ecocardiogramas) del Hospital Ramón y Cajal.

También cita ocho meses de espera en el servicio de traumatología del Centro de Especialidades (CEP) Coronel de Palma, de Móstoles; siete meses en el servicio de endocrinología del hospital Puerta de Hierro, siete meses en la unidad de endoscopia para una colonoscopia con sedación en el hospital Gregorio Marañón, seis meses en el servicio de medicina nuclear (PET) del hospital Puerta de Hierro, seis meses en el servicio de urología del Centro de Especialidades Emigrantes, seis meses en el servicio de cardiología (prueba de esfuerzo) del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares; cinco meses en el servicio de ginecología del hospital Infanta Sofía, de Madrid o una espera superior a cuatro meses en el servicio de traumatología del Hospital de Fuenlabrada, de Madrid.

Cita también demoras de tres meses para tratamiento rehabilitador prescrito con carácter urgente en el hospital del Henares y dos meses para mamografías con carácter preferente en la Fundación Jiménez Díaz.

Estas situaciones han provocado la polémica. Sanidad volvió a defender ayer que la asistencia urgente en la calle o en los domicilios particulares corresponde por protocolo al Servicio de Emergencias del 061, que se coordina a través del teléfono 112, independientemente de que el paciente esté a dos kilómetros o a 200 metros de un hospital. Al personal de las puertas de Urgencias no le está permitido salir de las instalaciones.

«Cuando una persona necesita asistencia, debe llamar siempre al 112, y allí ya le explicarán qué debe hacer y se activarán los recursos que se consideren necesarios», explica José Antonio Álvarez, director del 061. En el caso de Cartagena, la hija de Josefa Noguera, que acompañaba a su madre en el momento del accidente, asegura que, efectivamente, avisó al 112. Sin embargo, ante la tardanza de la ambulancia, una camarera de un bar cercano se acercó al hospital a pedir ayuda. Sanidad insiste en que la actuación de los responsables de la puerta de Urgencias fue la correcta. Un guardia jurado salió con una silla de ruedas, pero ante la ausencia de personal sanitario nadie se atrevió a levantar a Josefa Noguera del suelo. Temían que la mujer se hubiese fracturado la cadera, con lo que cualquier movimiento podía ser contraproducente. La familia de Noguera considera que hubo una «falta de humanidad» evidente.

En el hospital de Cieza, la situación fue diferente. El propio director del centro, Jesús Cañavate, explicó que la falta de asistencia a la parturienta se debió a un error. La mujer acudió con su pareja, Francisco Cuesta, porque el parto ya había comenzado y no les daba tiempo a llegar a La Arrixaca. Cuesta se dirigió a un administrativo para explicarle lo que ocurría mientras la mujer permanecía en el coche. El trabajador le respondió que en Cieza no se atienden partos y le conminó a que llamase al 112. El padre pidió entonces ayuda a los conductores de ambulancias que estaban en la puerta. Los chóferes reaccionaron y llamaron al personal sanitario. Pero cuando Francisco y su pareja pudieron por fin acceder a Urgencias, la niña ya había nacido.

La dirección del hospital asegura que todo se debió a un error de comunicación, porque el administrativo no informó a los sanitarios de que se estaba produciendo el parto.

Afortunadamente, madre e hija están bien. Tampoco Josefa Noguera sufrió complicaciones por culpa de la situación que vivió frente al Rosell. Sin embargo, la pregunta que surge ante estas situaciones es obvia: ¿Qué hubiera pasado si en lugar de sufrir una caída, a Josefa Noguera le hubiese dado un infarto? ¿Tampoco habría sido atendida por el personal de Urgencias? ¿Habría tenido que esperar a que llegase la ambulancia estando a sólo 50 metros del hospital? «El protocolo está claro: en todos los casos lo que hay que hacer es llamar al 112 », insiste José Antonio Álvarez, director de Emergencias del Servicio Murciano de Salud. Aunque matiza: «Evidentemente, no es lo mismo una caída que una situación de vida o muerte. El 112 y el equipo médico del 061 tomarían en ese caso la decisión más adecuada». Es decir, podrían tomar la decisión de pedir a los sanitarios del hospital que socorriesen al afectado.

Community development

Debo confesar que solo recientemente[1] he descubierto el “community development” o desarrollo comunitario, como un área de conocimientos, destrezas y prácticas, de gran interés para los salubristas y, muy en concreto, para los que trabajamos en el campo de la salud comunitaria o la promoción de la salud. Algunos llevamos años operando alrededor del concepto de “comunidad” y de sus diferentes declinaciones (salud comunitaria, intervención comunitaria, participación comunitaria, etc.), pero casi siempre desde la orilla de la salud, que aunque con vocación holistica, tiene sus estrecheces y anteojeras. Hasta ahora, yo no era consciente de que incluso había una profesión de DC y un campo reglado de formación e intercambio de conocimientos sobre DC, especialmente en los países anglosajones (Reino Unido, EE.UU., Australia, etc.).

Mis intentos de encontrar experiencias bajo el mismo nombre, en el campo profesional, académico o de la producción bibliográfica en España han tenido resultados escasos, lo que me ha llevado a la conclusión que, o bien no ha tenido un desarrollo de la misma magnitud en nuestro medio, o lo ha hecho bajo otras denominaciones. Tal vez, algunos planteamientos, como los de los seguidores de la investigación-acción comunitaria (por ejemplo, el grupo que se ha ido formando en España alrededor de la figura de Marco Marchioni o la escuela de Perugia, etc) o ciertos enfoques, conocimientos y prácticas, transmitidos en las escuelas de diplomados en trabajo social (y, mas recientemente, en las de educadores sociales), pueden considerarse próximos al DC (si algún lector, puede contradecirme, indicándome otros representantes del DC en España, se lo agradecería). Tambien tengo la impresión que en Latinoamérica, bien por la influencia del vecino del norte, bien por la tradicional vocación comunitaria propia, ha tenido un mayor desarrollo.

El DC tiene como fin el empoderamiento de individuos y grupos, proporcionándoles las habilidades necesarias para emprender cambios en sus propias comunidades. Estas habilidades se concentran frecuentemente alrededor de la construcción de un poder político, a partir de la constitución de grupos sociales trabajando para objetivos comunes de mejora de su comunidad. Se hace DC empezando por la lucha contra la pobreza y la exclusión social; continuando por la profundización de la democracia, el fomento de los lazos de solidaridad, el incremento de la cohesión social; alcanzando el objetivo final de la construcción de comunidades cada vez más autónomas, más conscientes de los determinantes, que favorecen o impiden su desarrollo, y mas resistentes a la discriminación y la explotación[2].

Lo anterior suena a propio de una declaración política. Y lo es. Pero el DC es también un conjunto de técnicas, prácticas, conocimientos, métodos; puestos en práctica, probados y seleccionados a través del tiempo, y transmitidos a otros, tanto en aulas como en barrios. Estas técnicas de DC pueden ser tanto utilizadas por ciudadanos voluntarios, como por profesionales o instituciones que intervienen en las comunidades.

Trabajadores comunitarios, una disciplina en construcción

En el caso del Reino Unido, los trabajadores comunitarios o de DC (community workers o community development workers) son desde voluntarios o empleados por ONG’s (las organizaciones sin animo de lucro, de origen caritativo, o charity trustees), hasta empleados públicos de autoridades locales, de gerencias de atención primaria (Primary Care Trust) o del servicio nacional de salud (National Health Service). También hay profesionales que, sin ser trabajadores comunitarios, han incorporado el enfoque del DC en sus diferentes áreas y practicas profesionales (salud comunitaria, viviendas sociales, defensa de derechos sociales y civiles, integración de inmigrantes, refugiados y demandantes de asilo, atención y prevención de adicciones y diferentes tipos de violencia, educación de adultos, fracaso escolar, empleo, rehabilitación de barrios, planificación urbana, regeneración económica, empresariado social, cooperación internacional, etc.).

Hay diferentes vías para formarse como trabajador comunitario[3], pero me da la impresión que el DC esta atravesando por un proceso de profesionalización de una acción polimorfa y diversa, que tiene un origen voluntario. Estariamos en un momento de institucionalización del campo profesional o de consolidación disciplinaria. Ello se hace a través de la definición de contenidos mínimos comunes y de la acreditación de esta practica. Tenemos, como ejemplo, la definición de unos “Estándares ocupacionales nacionales para el DC” en 2009 (Community Development National Occupational Standards 2009) [4], por parte de la “Federación de aprendizaje del DC” (Federation for Community Development Learning). El documento aquí citado es de interés, pues, además de incluir un interesante glosario de términos de DC con varias referencias bibliográficas, define como valores claves del DC:

* La igualdad y la anti-discriminación
* La justicia social
* La acción colectiva
* El empoderamiento comunitario
* El trabajo y el aprendizaje participativos

Imagino que este campo disciplinario en construcción entra en competencia con otros campos, como suele ocurrir en todo proceso de profesionalización (¿Tal vez, el de los trabajadores sociales? ¿Conviven social workers con community workers?)

Pedagogos revolucionarios o mercenarios de la beneficencia

Como en todos los campos profesionales de acción social (en los que incluyo la salud pública), siempre el posicionamiento ideológico de sus practicantes, de carácter más o menos radical, sobre los determinantes de la injusticia social, produce un amplio rango de enfoques que conviven bajo el mismo termino, Este rango abarca desde el activismo político-social en contra del sistema capitalista (mediante la concientización pedagógica del oprimido), hasta practicas de mitigación de los efectos más extremos y visibles del sistema (pobreza, exclusión, barrios deprimidos, etc.), que, para algunos, tienen el valor de aliviar, en lo posible, los sufrimientos cotidianos de los desheredados. Sin embargo, para otros, estas intervenciones “tampón” solo contribuirian a la supervivencia del sistema, y los trabajadores comunitarios no dejarían de ser los herederos de las antiguos enfoques del pauperismo. Es decir, bajo la misma denominación de DC podemos encontrar pedagogos revolucionarios, junto con mercenarios de la beneficencia social, que, al frente de una telaraña de ONG’s y Fundaciones, compiten por fondos públicos, buscan nuevos nichos de necesidades sociales no cubiertas por servicios comunitarios (a inventar o copiar), y se benefician del activo mercado subsidiado del alivio de los pobres, en las deprimidas “zonas de acción especial” del Reino Unido, devastadas por el neoliberalismo salvaje de los 90.

Como sabemos, los que hemos seguido este debate, en la sección de “Biopolítica y Salud Pública” de este blog, es una antigua discusión, también en el campo de la Salud Pública (en relación a la contradicción intrínseca de la Salud Pública, a la vez, herramienta de sujeción de las poblaciones por parte del poder, en sentido amplio, e instrumento y argumento de mejora de la calidad de vida de los desfavorecidos).

Por otra parte, aunque la consolidación actual como campo disciplinario y profesional parece remitirnos, como hemos dicho antes, de nuevo, al mundo “del norte” y de la cultura anglosajona, impregnado en una compleja mezcla de las lógicas liberales, puritanas-protestantes, y social-laborista (propios del comunitarismo norteamericano, de los seguidores de las teorías del capital social de Robert Putnam o de la tradición de las organizaciones caritativas británicas, que han seguido floreciendo desde la original preocupación burguesa por los pobres en el siglo XIX, hasta las recientes politicas laboristas de lucha contra las desigualdades sociales en salud), cuando profundizamos en el campo, nos damos cuenta que éste bebe de teorías y practicas tan amplias, y propias del “sur” (el sur latino, el sur del tercer mundo, el sur colonial, tanto africano asiático), como son las de Paolo Freire en Brasil, las de Antonio Gramsci en Italia, las de José María Arizmendiarrieta en el País Vasco (Mondragón) o las Gandhi en Sudáfrica o el padre Ferrer en la India.

Con el fin de profundizar en este campo del DC y de familiarizarnos con algunas de sus experiencias, textos y personajes claves, iniciaremos hoy una nueva sección o categoría en nuestro blog, llamado precisamente “Desarrollo comunitario”. Espero que os resulte interesante y provechosa. También espero que me ayudéis a irla construyendo con vuestros comentarios, correcciones y aportaciones.

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[1] A raíz de mi interés por conocer los centros de vida saludable (“Healthy living centres”) del Reino Unido, he entrado en contacto con trabajadores comunitarios ingleses y visité, hace un par de meses, el área del Black country, en el corazón de Inglaterra, al noroeste de Birmingham, donde conocí interesantes experiencias de DC, que intentaré compartir con vosotros, en esta nueva sección de DC, y que creo que puede ser muy provechoso para nuestras intervenciones en Salud Pública.

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Community_development

[3] Para los interesados, ver http://ww2.prospects.ac.uk/p/types_of_job/community_development_worker_training.jsp

[4] http://www.fcdl.org.uk/NOS_Consultation/Document/NOS_CD_Eng_v2finalartworkedversion.pdf

El estudio fue elaborado dentro del plan de racionalización del sector público. Según los expertos, a fecha de 31 de enero de 2010, el número de entidades en que participaba la Generalitat, ya sea directamente o indirectamente, alcanzaba la cifra de 661. De éstas "en 375 entidades la participación de la Generalitat no es mayoritaria, es decir, no ejerce el control", mientras que en 286 la Generalitat participa de forma total o mayoritaria. Además, existen otros, que, a pesar de haber sido creada por ley todavía, no han entrado en funcionamiento.

Los departamentos de la Generalitat con un mayor número de entidades son Salud, Innovación, Universidades y Empresa, Política Territorial y Obras Públicas y Cultura y Medios de Comunicación. Estos cuatro departamentos concentran el 66% de las entidades del sector público de la Generalitat.

Las figuras predominantes en el sector público de la Generalitat son el consorcio y la sociedad mercantil, que representan en su conjunto un 27,8 % y 24,9 % respectivamente de la totalidad de entidades que lo integran.

Casi dos terceras partes de las entidades se financian mayoritariamente con recursos procedentes de la Generalitat, y un número elevado de éstas de forma casi exclusiva mediante transferencias, funcionando por lo tanto en la práctica como meros centros gestores de gasto, según el estudio.

Si se analiza la dimensión a partir de la información presupuestaria -dotaciones de personal e importe de los presupuestos para el 2010-, se constata el elevado número de entidades que presentan una dimensión reducida. Para los expertos, supone dos ventajas: por una parte, la existencia de organizaciones de una dimensión reducida puede permitir una mejor focalización de los objetivos, y la dedicación exclusiva de la Dirección y de todos sus recursos; y por la otra, la creación de entidades como instrumentos de colaboración con otras administraciones públicas puede suponer un mayor grado de compromiso y de control y seguimiento de las actuaciones.

Más costes y menos control

Sin embargo, los inconvenientes son más evidentes. En primer lugar consideran difícil la "implantación de una planificación estratégica y una actuación corporativa coordinada en ámbitos comunes a todas las entidades, fomentando la toma de decisiones individuales y disminuyendo la actuación como grupo corporativo." Además también atribuyen "mayores costes, especialmente de estructura pero también de gestión, atendida, la reducida dimensión de las entidades que no permite alcanzar las economías de escala y sinergias que sí disponen las entidades mayores". El estudio recuerda que "estos mayores costes están financiados principalmente con recursos procedentes de la Generalitat".

Todo eso también supone "mayor complejidad en las tareas de control y seguimiento por parte de los órganos centrales de la administración y la necesidad de destinar más recursos". Está en este punto cuando concreta que la Intervención General tiene dificultades en las tareas como órgano de control y que no puede auditarlas cada año. Eso también demuestra las "dificultades para disponer de información completa y centralizada de la actuación del sector público y la necesidad de destinar más recursos para obtenerla".

La Generalitat busca con este informe buscar nuevos criterios de gestión y control que hagan más eficiente a la administración pública. Por este motivo defiende ahora que "la participación de la Administración de la Generalitat en las entidades tendrá que ser directa, mediante el departamento o departamentos competentes en la materia".

Enlaces relacionados:
Un informe de la Generalitat avisa de la dificultat de controlar les empreses públiques
» Diari de Girona
Catalunya: Un informe de la Generalitat avisa de la dificultad de controlar las empresas públicas
» CAS Madrid

Un informe de la Generalitat avisa de la dificultat de controlar les empreses públiques

Un informe tècnic encarregat per la Generalitat a un grup d'experts avisa que el mateix Govern té dificultats per exercir el control de la despesa en les empreses i entitats de capital públic. De fet, el dictamen concreta que "la Intervenció General ha fet constar que l'increment del nombre d'entitats dels darrers anys dificulta molt les seves tasques com a òrgan de control i, en particular, no permet auditar-les totes anualment com seria desitjable". L'estudi va ser elaborat dins el pla de racionalització del sector públic, que s'ha conctetat al Parlament aquesta setmana.

Segons els experts, a data de 31 de gener de 2010, el nombre d'entitats en què participava la Generalitat, ja sigui directament o indirectament, assolia la xifra de 661. D'aquestes "en 375 entitats la participació de la Generalitat no és majoritària, és a dir, no hi exerceix el control", mentre que en 286 la Generalitat participa de forma total o majoritària. A més, n'existeixen d'altres que, tot i haver estat creades per llei encara, no han entrat en funcionament.

Els departaments de la Generalitat amb un major nombre d'entitats són Salut, Innovació, Universitats i Empresa, Política Territorial i Obres Púbiques i Cultura i Mitjans de Comunicació. Aquests quatre departaments concentren el 66% de les entitats del sector públic de la Generalitat.

Les figures predominants en el sector públic de la Generalitat són el consorci i la societat mercantil, que representen en el seu conjunt un 27,8% i 24,9% respectivament de la totalitat d'entitats que l'integren.

Gairebé dues terceres parts de les entitats es financen majoritàriament amb recursos procedents de la Generalitat, i un nombre elevat d'aquestes de forma gairebé exclusiva mitjançant transferències, funcionant per tant a la pràctica com a mers centres gestors de despesa, segons l'estudi.

Si s'analitza la dimensió a partir de la informació pressupostària -dotacions de personal i import dels pressupostos per al 2010-, es constata l'elevat nombre d'entitats que presenten una dimensió reduïda.

Per als experts, suposa dos avantatges: per una part, l'existència d'organitzacions d'una dimensió reduïda pot permetre una millor focalització dels objectius, i la dedicació exclusiva de la Direcció i de tots els seus recursos; i per l'altra, la creació d'entitats com a instruments de col·laboració amb altres administracions públiques pot suposar un major grau de compromís i de control i seguiment de les actuacions.

Més costos i menys control

Tanmateix, els inconvenients són més evidents. En primer lloc consideren difícil la "implantació d'una planificació estratègica i una actuació corporativa coordinada en àmbits comuns a totes les entitats, fomentant la presa de decisions individuals i minvant l'actuació com a grup corporatiu". A més també hi atribueixen "majors costos, especialment d'estructura però també de gestió, atesa la reduïda dimensió de les entitats que no permet assolir les economies d'escala i sinèrgies que sí disposen les entitats més grans". L'estudi recorda que "aquests majors costos estan finançats principalment amb recursos procedents de la Generalitat".

Tot això també suposa "major complexitat en les tasques de control i seguiment per part dels òrgans centrals de l'administració i la necessitat de destinar-hi més recursos". És en aquest punt quan concreta que la Intervenció General té dificultats en les tasques com a òrgan de control i que no pot auditar-les cada any. Això també demostra les "dificultats per disposar d'informació completa i centralitzada de l'actuació del sector públic i la necessitat de destinar-hi més recursos per obtenir-la".

La Generalitat busca amb aquest informe buscar nous criteris de gestió i control que facin més eficient l'administració pública. Per aquest motiu defensa ara que "la participació de l'Administració de la Generalitat en les entitats haurà de ser directa, mitjançant el departament o departaments competents en la matèria".

La puesta de la primera piedra del nuevo mini-hospital privado de Móstoles, es el fiel reflejo del "fracaso de la política sanitaria de Esperanza Aguirre". Los políticos del PP de Madrid habían prometido a los mostoleños/as un nuevo hospital que funcionaría antes del 2011. Esto no sólo no va a ser así, ya que hasta finales del próximo año no va a estar acabado. Además, no se va a complementar con el actual Hospital, ya que va a tener casi sus mismas especialidades médicas; va a tener muy pocas camas; y sobre todo, que va a ser gestionado por Apax Partners (empresa de capital riesgo) que en vez de buscar la salud de los mostoleños/as, va a tener como único objetivo, obtener unos importantes beneficios económicos, a costa del dinero de nuestros impuestos.

Todo esto unido a:

- El "aumento de la lista de espera tanto quirúrgica como diagnóstica", según ha denunciado recientemente el Defensor del Pueblo. "Que ya se ha trasladado a los Centros de Salud de nuestro pueblo". Desde que se puso en marcha el call-center, si antes era ya complicado conseguir cita el mismo día, ahora resulta misión imposible.

- El "colapso de los Servicios de Urgencias sigue existiendo a pesar de haber 8 hospitales privados recién abiertos".

- La "disminución del número de camas disponibles" (aquí en Móstoles ha tocado en Pediatría).

Desde esta Asamblea "creemos necesario la construcción de un nuevo hospital en Móstoles (que sustituya al actual), que tenga como mínimo 600 camas y con más especialidades médicas que las que dispone el actual." Y sobre todo, "de Gestión Pública, la única que garantiza, como ya ha demostrado, que la asistencia sanitaria sea “prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los ciudadanos”". Estas últimas palabras no son nuestras, sino de la Cámara de Cuentas (ver informe original aquí), organismo oficial de la Comunidad de Madrid que se ocupa de fiscalizar y controlar el sector público, que en su informe sobre la Atención Especializada del Servicio Madrileño de Salud del año 2007. Que dice que lo que respecta a la colaboración con entidades privadas (la Consejería de Sanidad) “no se han aportado informes, memorias, dictámenes o cualquier otra documentación en los que se justifique la procedencia del sistema elegido” para los nuevos hospitales privados de la Comunidad de Madrid.

Si tu también crees que los mostoleños/as nos merecemos que la Atención Sanitaria sea prestada en condiciones de equidad e igualdad para todos, ven a nuestra próxima asamblea que tendrá lugar el miércoles 8 de septiembre a las 19 horas en local del Taller de Educación Popular “Rompe el Círculo”, situado en la C/Pintor Murillo, 4-Posterior, parada de Metro-Sur y Renfe Móstoles-Central.

¡¡POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD!!

¡¡POR UN GRAN HOSPITAL PÚBLICO EN MÓSTOLES!!

¡¡NO AL NUEVO MINI-HOSPITAL PRIVADO DE MÓSTOLES!!

¡¡POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97!!

¡¡NO AL AREA ÚNICA!!

¡¡NO AL COPAGO!!

Correo electrónico: plataf.sanidad.publica.mostoles@gmail.com.

Portavoz: Jose Agustin Balado Muñoz. 617.56.34.71.

Móstoles, 5 de septiembre de 2010.

Por fin… los dirigentes políticos del Ministerio de Economía están decididos a poner orden en las facturaciones abultadas y secretas de los hospitales privados.

De acuerdo con las informaciones de EZNOS, la ministra Luca Catseli y el secretario general de Consumo, Dimitris Spiracos, se ha presentado una gran cantidad de demandas tanto en los servicios de la secretaría general como en organizaciones de consumidores y se avanza en la promulgación de normas de transparencia, pero también en la obligatoria fijación de prácticas médicas concretas, de análisis y de otros servicios médicos.
Además, la señora Catseli ha buscado la colaboración del Ministerio de Sanidad y Solidaridad Social tanto para este tema como para la creación de un marco legal en la cuestión sensible de la conservación de las células madre.

Al mismo tiempo, a finales de mes, el señor Spiracos dará comienzo a una serie de conversaciones con representantes de los hospitales privados para darles a conocer las demandas, pero también las propuestas de los ministerios. Ciertas fuentes refieren a EZNOS que la Secretaría General de Consumo, como también organizaciones de consumidores, recibe demandas que hablan de precios desenfrenados tanto en los análisis como en las visitas a domicilio. Se subraya, por otra parte, la deficiente información a los enfermos en relación con el coste de los análisis y los servicios médicos, mientras que se hace constar que no hay listas de precios.

Las personas hospitalizadas se enfrentan a la misma práctica médica con factura diferente, según los hospitales privados incluyan la categoría de la habitación. Cuanto más "lujosa" es ésta, tanto más asciende el precio del análisis o de la intervención. Hay también denuncias que hablan de "trucos" en las categorías de las habitaciones. Por ejemplo, en las maternidades privadas las habitaciones de tres camas las dividen en dos categorías y la factura -aunque no hay diferencia sustancial entre las habitaciones- es más elevada en una cuando hay balcón. Además, la factura de ciudadanos a los que cubre una compañía de seguros se ve recargada con análisis innecesarios, que las compañías de seguros se niegan a aceptar.

Tarifas. Cómo se inflan los precios.

Hay casos de consumidores que entran para unos análisis y, aunque son informados provisionalmente sobre una cantidad determinada, sin embargo al final su cuenta se "infla". Ante la invocación de la necesidad de otros servicios médicos, la persona hospitalizada no puede echarse atrás. Para quienes prefieren los hospitales privados para los análisis, la tarifa de cada análisis no está clara a priori. Es típico el caso de un enfermo ingresado con la sospecha de infarto.

Según denuncia recibida en la Secretaría General de Consumo, un ciudadano visitó un hospital privado con molestias en el pecho. Los primeros análisis no mostraron señales de infarto o de otro problema de corazón. Costaron 1.300 euros. Los médicos dijeron a la persona ingresada que debía hacerse otros análisis, como una radiografía del tórax, un test de fatiga, una gastroscopia y una resonancia magnética. Esa persona, por su parte, solicitó un cálculo del coste, pero no recibió respuesta de los responsables del hospital.

Él quiso irse, sin embargo los médicos no lo permitieron, invocando la necesidad de proteger su salud. Se hizo los análisis y, cuando preguntó él mismo en la oficina de administración, se le informó de que le costarían 960 euros. Al final pagó por los primeros y los segundos análisis 2.750 euros.

Asegurados sin cobertura de seguro. Dos pesos y dos medidas.

Muchas denuncias conciernen a la práctica de los hospitales privados de aplicar facturas diferentes a internos que tienen cobertura de compañías aseguradoras en relación con otros que no la tienen. En las organizaciones de consumidores hay referencias de que a los que están asegurados se les "recarga" con facturas y análisis exagerados. El resultado es, en consecuencia, que las compañías aseguradoras o bien no aceptan indemnizar a sus clientes o bien les recargan con incrementos de la cuota del seguro. El Ministerio de Economía no tiene la posibilidad de intervenir directamente en los precios.

Aspira a que los precios de los servicios y de los análisis médicos consten en listas de precios y a que, dentro de un marco de normas, el enfermo sea informado con claridad sobre el coste y las facturas. Fuentes bien informadas dicen que esto lo quieren también los representantes de los hospitales privados y por eso han convenido en la iniciativa de la dirección del Ministerio de debatir sobre la promulgación de normas de fijación de precios y de transparencia.

Maternidad privada. El pago en relación con la... cama.

También es habitual la práctica de la tarifa diferente a las habitaciones en las que reciben tratamiento los enfermos. Cuantas más camas hay, más bajo es el coste. Sin embargo, en ciertas maternidades privadas se ha comprobado que hay facturas diferentes por habitaciones con igual número de camas, pero, cuando tienen una mejor… vista, cuestan más caras. Y en esos casos no hay información clara.

Por ejemplo, en una maternidad privada la habitación triple se ha dividido en dos categorías. La llamada "triple normal" y la "triple económica". La única diferencia entre ambas es que la normal tiene un balconcito y la segunda no lo tiene, con el resultado de que la primera se cobra a 3.300 y la segunda a 2.200. Además hay denuncias de que unas madres fueron alojadas en la categoría "triple económica" y la pagaron como normal.

Desviaciones.

Ciertas denuncias hablan incluso de desviaciones en las tarifas de la intervenciones quirúrgicas. La paga más cara el enfermo de la habitación doble, más barata el de la triple. Tales denuncias se producen en maternidades donde la anestesia epidural a embarazadas que dan a luz con cesárea es más cara para las que están en una habitación con pocas camas. En el caso anterior, la epidural costó 400 euros extra a la madre de la triple normal, mientras que en el caso de la mujer de la "económica" la epidural estaba incluida en los 2.200 euros. También se denuncia que en otro hospital privado la simple prueba general de sangre se paga con desviaciones de categoría según la categoría de la cama. Por ejemplo, en la triple cuesta 50 euros, en la doble 70 y en la individual 100 euros.

El gran “truco”. Cobros ilegales por conservar células madre.

Los Ministerios de Economía y de Sanidad se disponen a intervenir en el polémico tema del cobro por conservar las células madre. Ambos ministerios confirman una situación irregular, con el desarrollo de diecisiete bancos privados de conservación sin marco legal alguno.

Hay, afirman fuentes de la Secretaría General de Consumo, falsa información y se crean - y se cultivan en las compañías privadas- expectativas con las células madre. Por ejemplo, la gente no sabe que las células madre se donan para uso ajeno. Es decir, para uso de individuos de fuera del entorno familiar. También, de acuerdo con la experiencia de otros estados, no pueden conservarse todas. La conservación durante veinte años se paga a 2.500 euros. En Grecia hay solo un banco público, el de la Academia de Atenas.

De controles que se habían hecho por parte de la Secretaría General de Consumo se desprendía que las maternidades privadas cobraban a las madres, sin que éstas lo supiesen a priori. Los precios de la extracción de sangre de la placenta materna oscilaban entre 225 y 350 euros. Entonces, la secretaría general impuso multas, cuando, según se señalaba, "las maternidades aplicaban el cobro mencionado incluso cuando los padres donaban -como en los casos que se denunciaron en la Secretaría General de Consumo- a bancos públicos para que las utilizase en el futuro quien tuviese necesidad de ellas".

Con esta adjudicación, un único grupo, Ferrovial, mediante sus filiales Ferroser y Eurolimp, se encargará de las urgencias telefónicas ya que gestionaba desde el año pasado el centro de recepción de llamadas.

Este servicio de transporte no incluye los casos de emergencia (riesgo inmediato para la vida) que recae en el personal propio del Summa y su UVI's.

Hay aspectos de la política madrileña sobre los que sí parece que hay bastante consenso, al menos en el ámbito sanitario: Aguirre ha sido una mala presidenta y se ha dejado arrastrar por los Gürtell, los espionajes, la mala gestión de los servicios públicos en general y de la sanidad en particular. Ha llegado la hora del relevo de los gobernantes de la Comunidad de Madrid, que no han sabido o no han querido mantener una asistencia sanitaria pública que ha sido modelo para muchos en tiempos pasados, y que actualmente sólo se sostiene, a duras penas, por la labor abnegada de sus profesionales que suplen, allí donde pueden, las carencias que los gobiernos de Aguirre han provocado.

El desacierto del Área Única

El mayor de los despropósitos que el gobierno de Aguirre ha perpetrado ha sido la aprobación de la ley que, bajo el manto de la libre elección, pretende desestructurar la sanidad madrileña con la creación del "Área Única Sanitaria" en un territorio con seis millones y medio de habitantes. Esta decisión, que sólo beneficia a las grandes empresas del sector que ya se han instalado, con el permiso de Aguirre, en nuestro sistema sanitario público, supone romper con los principios de equidad y accesibilidad que consagra la Ley General de Sanidad de 1.986; es decir que, como siempre que la derecha legisla, los menos favorecidos quedarán a merced de las circunstancias.

Cuando la Asamblea de Madrid aprobó la "ley de libre elección", que en realidad consagra el Área Única Sanitaria, Tomás Gómez se dirigió a la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, con el propósito de hacerle ver lo negativo que sería para la sanidad madrileña que esa ley llegara a ponerse en marcha, y no porque lo dijera Tomás Gómez. La práctica totalidad de las organizaciones sociales y profesionales sanitarias de nuestra Comunidad lo han venido manifestando en todas las ocasiones que han podido o que les han preguntado.

No parece que la Ministra, que dispone de varias vías (políticas y judiciales) para que una ley autonómica que contradice a una ley básica del Estado no llegue a entrar en vigor, haya considerado oportuno poner en marcha la maquinaria del Ministerio de Sanidad y Política Social para parar el Área Única Sanitaria en la Comunidad de Madrid. Sus razones tendrá.

Trabajo de Tomás Gómez

Pero bueno, como decía al comienzo, estamos hablando de lo mejor para Madrid y desde luego Tomás Gómez, que lleva trabajando incansablemente (y no es una frase hecha) desde hace tres años para fraguar una alternativa real, con contenido político y humano, al más que desgastado gobierno de la derecha, sí ha utilizado y seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para que el despropósito del Área Única Sanitaria no llegue a "ejecutarse" en nuestra Comunidad.

Se ha alabado, y a mi juicio con razón, la labor de Trinidad Jiménez al frente del Ministerio de Sanidad y Política Social, sin duda especialmente ejemplar en la gestión de la crisis de la gripe A. ¿Por qué vamos a prescindir los españoles de una buena ministra de sanidad? ¿Por qué los madrileños nos debemos conformar con menos que Tomás Gómez?