Un ejemplo de ello se manifestó a mediados de los noventa, durante las movilizaciones sindicales de los trabajadores del Sergas (Servicio Galego de Saúde) para reclamar que se les equiparara el sueldo con los funcionarios de la Xunta cuando las competencias sanitarias fueron transferidas a las comunidades autónomas. "Durante la manifestación central de la protesta corrió el rumor de que CCOO y CESM [el sindicato médico] habían firmado el día anterior un acuerdo con unas condiciones inferiores a las que estábamos barajando", cuentan fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG). El rumor se confirmó al día siguiente y se desconvocaron las protestas.

Ese mismo paralelismo entre Comisiones y la Administración, aseguran fuentes cercanas al caso, se reprodujo años después en Madrid, cuando él ya era presidente del Insalud y ella, secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO. Este último, un ascenso promovido por José María Fidalgo, secretario general del sindicato entre 2000 y 2008, muy a pesar de los compañeros gallegos de Alende, según las mismas fuentes.

Las fechas de promoción de ambos miembros de la pareja coinciden con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, la ranura por la que se ha colado la privatización sanitaria que ha puesto en pie de guerra a la marea blanca. La normativa fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV. Durante su tramitación, CCOO fue la única organización sindical que aplaudió las iniciativas del entonces ministro José Manuel Romay Beccaría, mientras IU y BNG advertían del peligro que entrañaban las "nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". El PSOE también se relajó, indican las citadas fuentes a Público, cuando garantizaron, simplemente, que la titularidad de los centros de salud seguiría siendo pública.

Tras la votación unánime en el Parlamento, CCOO valoraba "positivamente" el acuerdo alcanzado, según una nota de prensa enviada a los medios el 21 de febrero de 1997. En este documento, María Xosé Alende afirmaba que ese consenso iba a "mejorar" y "consolidar" el Sistema Sanitario Público. Alende dejó el cargo en 2009 y ahora trabaja en la consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Público ha conseguido contactar con ella, si bien una vez planteado el asunto que ocupa este artículo, la comunicación se ha cortado. Después ha sido imposible volver a hablar con Alende porque el teléfono de la sala donde trabaja estaba descolgado, según ha informado la telefonista de la centralita.

Sobre esa valoración de la ley, la dirección actual del sindicato, según ha afirmado a Público mediante un comunicado, recuerda que "ha sido la única organización que ha impugnado jurídicamente todos los pliegos de condiciones que han supuesto privatización parcial o total de la gestión de nuestro Sistema Sanitario".

El sindicato señala además que en el pasado 10º Congreso de la FSS-CCOO, celebrado en Toledo en enero de este año, se aprobó una Resolución única que reza: "Reivindicamos la modificación del punto dos del artículo único de la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formulas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para garantizar que la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos, además de con medios propios, sólo se podrá hacer mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad. Así como el mantenimiento del carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de los servicios".

La ley que CCOO aplaudió en 1997 abría, sin embargo, la puerta a que se pudiera gestionar la sanidad mediante "acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas".

El sindicato añade que "no entra a valorar las afirmaciones sobre las relaciones personales [entre Feijóo y Alende] porque esta cuestión pertenece a la esfera personal de sus vidas".

Feijóo explicó las fotos que demuestran su amistad con el narco Dorado en el Parlamento gallego el pasado mes de abril e incluso reconoció que empresas de Dorado tuvieron contratos con la Xunta. Justo ayer, el presidente gallego alegó que el Ejecutivo ya no guarda esos contratos.

“El gasto sanitario público se ha reducido en 2012. Hay menos volumen de actividad quirúrgica y por tanto tienen que aumentar las listas de espera”, señala José Ramón Repullo, profesor del Instituto de Salud Carlos III. Según una encuesta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) realizada entre sus miembros, los conciertos se han reducido este año un 15% en volumen, es decir, en número de pacientes, y un 9% en el precio que pagan las Administraciones por derivar las pruebas o las operaciones. La FNCP no proporcionó las cifras absolutas ni el desglose por comunidades. Otro estudio de la consulta DBK sí ofrece cifras: en 2012, por primera vez, descendió el gasto en conciertos. Las administraciones públicas gastaron en derivar a las clínicas privadas 1.490 millones de euros, un 6,3% menos que el año anterior.

“Es evidente que todas estas medidas acabarán generando un incremento en los días de espera”, asegura Manuel Vilches, director de Operaciones de Idis, fundación que representa al sector sanitario privado. “Es muy complicado recortar el presupuesto en nóminas; es más fácil con los conciertos, pero el efecto inmediato es que se incumple el compromiso de la lista de espera. Eso pone en riesgo a la sanidad privada y al paciente, lo cual es mucho más grave”, añade. “Es evidente que si en el actual escenario las listas de espera son importantes, cualquier nuevo elemento —disminución de la derivación a la privada, eliminación de las peonadas o la jubilación de los mayores de 65 años— contribuirá al aumento, y que los tres elementos sumados probablemente las disparen hasta límites intolerables”, abunda Manuel Carmona, vocal de Medicina Privada de la Organización Médica Colegial. “Igualmente los hospitales públicos que reducen personal eventual tendrán más esperas; se supone que cuando se contrató este personal eventual fue por necesitarlo la actividad asistencial”, añade.

Lo cierto es que las listas de espera ya han acusado los recortes, y lo harán más aún, según todas las personas consultadas. “Aumentaron entre 2009 y 2012 una barbaridad, tanto en número de personas como en demora media”, señala Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad son de junio de 2012, es decir, hace casi un año que no se dispone de cifras oficiales sobre cómo los sucesivos recortes al gasto sanitario público están afectando a la asistencia. Y ni siquiera los datos de junio de 2012 son del todo fiables para establecer comparaciones, porque la serie estadística se rompió en el último corte.

Hasta entonces, y desde que en 2005 el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del cómputo nacional por hacer trampas —mientras el resto de comunidades empiezan a contar desde que el médico indica la operación, Madrid lo hace tras el preoperatorio, es decir, unos 30 días más tarde— en las cifras faltaba una autonomía. Al incluir a Madrid en junio pasado, las cifras dejan de ser comparables. Pese a ello, la ministra de Sanidad, Ana Mato, tuvo que admitir que las listas habían crecido. Según un análisis de EL PAÍS, con datos de diez comunidades, entre diciembre de 2010 y junio de 2012 la demora media pasó de 32 a 72 días. El Ministerio no sabe cuándo volverá a dar datos. El próximo consejo interterritorial, que autoriza la divulgación de las listas, ni siquiera tiene fecha.

En Cataluña, las listas de espera de las 14 intervenciones con un tiempo máximo garantizado (cataratas, varices, juanetes, etcétera) ha aumentado un 35% solo en el último año. Madrid alcanzó su récord histórico en diciembre pasado, con 57.722 pacientes en espera, un 17,5% más que seis meses antes. Esta comunidad suprimió las llamadas peonadas —operaciones en horario de tarde, pagadas como horas extra— en enero y ahora pretende contratar personal de tarde en jornada ordinaria para sustituirlas. Asegura que sigue concertando lo mismo que antes. “Estamos trabajando para mejorar los rendimientos de los quirófanos por la mañana, siendo más rigurosos con las horas y las intervenciones programadas”, asegura un portavoz. En la Comunidad Valenciana, las listas de espera quirúrgicas subieron un 20% en seis meses, al pasar de 42.067 personas en junio de 2012 a 50.397 en diciembre. En julio, la Generalitat había eliminado el plan de choque por el que desde 1996 se remitían a clínicas privadas los pacientes que rebasaban los 90 días de espera. A diferencia de Madrid, Valencia apuesta por potenciar las intervenciones en la red pública por la tarde, pagando una retribución extra a su propio personal, es decir, con peonadas.

Médicos de Mataró consultados se oponen a esta práctica. Mantienen que el hospital podría asumir “sin problemas” la actividad que Salud les ordena enviar a la privada, siempre que el departamento restituya parte de los recursos perdidos con el tijeretazo. El departamento admite que la derivación a la privada es una práctica extendida en los centros públicos catalanes, aunque no ofrece los datos.

Dos hospitales recibieron en 2012 pacientes enviados desde Mataró. Uno es el Hospital Universitari del Sagrat Cor. En manos de la multinacional médica Capio desde 2011 —tras comprarlo a la Alianza—, actúa también como proveedor del CatSalut “sobre todo para aligerar las listas de espera quirúrgicas”, afirma en su página web. El otro es el Hospital Platón, de una fundación privada. Este año se incorporarán a la lista de centros privados beneficiados por las derivaciones desde Mataró otro hospital también propiedad de Capio —el General de Cataluña, en Sant Cugat—, y el Sant Rafael, de una congregación religiosa, también en Barcelona.

Todas las intervenciones derivadas forman parte de la lista de las 14 más comunes cuyo tiempo de espera máximo está garantizado por ley y no puede superar los seis meses. Pero las listas de espera han aumentado tanto con los recortes que los plazos ya no se cumplen en la mayoría de los casos.

Ana L., de 61 años, llevaba dos años esperando una invervención de juanetes en Mataró cuando la llamaron. “Me dijeron que tenía que ir al Sagrat Cor”, explica. “Sinceramente, la idea de cambiar de hospital no me gustó. Llevo varias operaciones, y todas en Mataró. ¿Pero qué podía hacer?”, se pregunta la mujer, que será intervenida en unos días.

Si el CatSalut es incapaz de cumplir los plazos máximos de espera, los pacientes tienen derecho a reclamar al departamento. “Si rechazan la derivación, pierden este derecho, aunque siguen en la lista de espera con la misma antigüedad”, explicó una portavoz del hospital de Mataró. Como en el caso de Ana, los pacientes derivados desde la capital del Maresme son personas que han superado ese plazo, lo que muestra que Salud —cuyo consejero, Boi Ruiz, asumió públicamente que los recortes aumentarían las listas de espera— utiliza ahora esta fórmula para aliviar la situación, que se ha convertido en uno de los indicadores más evidentes del efecto de los recortes sobre la atención sanitaria.

Atender a los pacientes en la privada no es más barato. Los precios de la actividad en unos y otros centros son “similares” en hospitales de complejidad parecida, explicó un portavoz del departamento. “Se derivan pacientes de centros con largas listas de espera a otros que tienen todavía capacidad para asumir más actividad”, justificó.

Pero los profesionales de Mataró no lo ven así. “Vamos a perder casi un 10% de la actividad, cuando tenemos capacidad de sobra para operar a esos pacientes aquí", critica un oftalmólogo.

Este año será el primero que se deriven pacientes pendientes de ser operados de cataratas, al igual que sucede con las prótesis de cadera y las intervenciones para curar el síndrome del túnel carpiano. Los datos de actividad del hospital de años pasados, sin embargo, atestiguan que el centro podría asumir esas operaciones. Mataró operó a 1.638 pacientes en 2010 a cargo del presupuesto de Salud, pero solo a 1.333 el año pasado, un 18,6% menos. En contraste, Mataró deberá derivar este año al Sagrat Cor al menos otras 120 intervenciones de cataratas. Además, en muchas de las 14 operaciones garantizadas, Mataró supera cada año (a cargo de su propio presupuesto) la cifra contratada por la Generalitat a principios de ejercicio.

Otro aspecto problemático es que, en el caso de las intervenciones más complejas, el hospital asume luego el seguimiento y la rehabilitación de los pacientes operados por la privada, lo que supone una parte importante del coste total del procedimiento. “La privada solo coloca las prótesis. Nosotros hacemos todo lo demás y nos ocupamos de las complicaciones si las hay”, critica Xosé López de Vega, traumatólogo y miembro del comité de empresa.

López de Vega mantiene que una parte importante de los pacientes —hasta un 60%— rechazan ser derivados a otros centros y que el hospital, al contrario de lo que afirma su portavoz, sí los saca de la lista de espera activa. “Las derivaciones sirven así para limpiar la lista”, afirmó.

La sanidad “está hecha unos zorros”
Queja; denuncia que se suma a la realizada por los profesionales de Alcázar de San Juan, Villarrobledo, Hellín, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Albacete…la lista es tan amplia como centros hospitalarios existen en Castilla-La Mancha, “donde la sanidad está hecha unos zorros”, reconoce a este periódico el exgerente de uno de estos centros. “Está claro, están preparando la privatización de algunos hospitales, como lo prueba el despido de médicos y enfermeras, así como las contrataciones por meses de profesionales”, añade.

Sin medicamentos
Y para alcanzar estos objetivos, Cospedal y su polémico consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, nombraron equipos de yuppies venidos de Madrid o de las mismas filas del PP, que no dudan en aplicar la irracionalidad en aras de un ahorro que “sirva de atractivo para posteriores compradores”, dicen las mismas fuentes. Y como prueba de lo dicho, la denuncia de los profesionales de Tomelloso, que en su carta recogen la “negativa (por parte de la directora de gestiòn) en dos ocasiones a proporcionar medicamentos para tratamientos incluidos en la cartera de servicios (“lucentis”) con el pretexto de que son caros”, señalan.

Material clínico barato
Pero las tijeras de Cospedal, puestas en las manos de Ana María Aranda, que de administrativa rasa pasó a directora de gestión por razones que nada tienen que ver con sus conocimientos, van más allá. Llegan, incluso, a la “sustitución sin previo aviso de material clínico por otro más ‘barato’ sin ningún informe técnico de los especialistas y sin ninguna consulta a los responsables de los servicios”, concretan.

Coacciones e impagos
Suma y sigue. Los médicos denunciantes de estas clamorosas irregularidades, también reconocen “coacciones a los miembros de medicina interna, con amenazas de disminución de sus plantillas, por reclamar la atención hacia una mejor asistencia en la especialidad de cardiología”, al mismo tiempo que reconocen “impagos de emolumentos”, o la supresión de anestesistas en el servicio de guardia en un “hospital con atención obstétrica las 24 horas”, dicen en sus carta sin respuesta.

Cierre de camas y falta de uniformes
Todo esto es fruto de la inminente privatización del hospital de Tomelloso, donde “el marcado deterioro de las condiciones de los trabajadores” es notorio, como lo acredita la “restricción del número de uniformes y la no existencia de lencería en el fin de semana, con lo que se dificulta el cambio de ropa contaminada”, subrayan en la misiva, a la vez que recuerdan el “cierre sistemático de camas, con independencia de la presión asistencial”.

Falsos especialistas
A todo este cúmulo de despropósitos, hay que añadir la nada clara utilización de falsos especialistas, sin titulación homologada en España, que hacen las funciones de profesionales que sí superaron las oposiciones obvias para el desempeño de estos importantes trabajos. No podemos olvidar que estamos hablando de la salud de las personas y la idoneidad profesional es incontestable en estos casos, salvo, parece ser, en el hospital de Tomelloso. (Ver documento íntegro).

Nuevo varapalo judicial
Y es que al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, le encanta coleccionar huelgas, protestas, quejas, plantes y descontentos, además de sentencias en contra que ponen de manifiesto la nefasta gestión de este polémico político. La última viene también del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. En esta ocasión ha decretado la suspensión de la orden que recoge la integración del personal del Hospital Provincial de Toledo en el Sescam. Y van cuatro y no está cesado.